Por Vivian Franco
Cada 25 de noviembre chocamos con una reflexión imprescindible: la violencia contra las mujeres no es un accidente ni una fatalidad biológica; es el resultado directo de un orden social que sostiene y reproduce estructuras desiguales de poder. Vivimos en una sociedad que -a estas alturas, pienso- quizá está cómoda con el odio, legitimando discursos antifeministas y relativizando las desigualdades bajo la lógica del “privilegio invertido”: ahora resulta que quienes luchamos por igualdad real, en realidad sólo disfrutamos de «beneficios inmerecidos».
En este clima, cuando se habla livianamente de “derogar las leyes de género”, se ocultan deliberadamente sus alcances. ¿Se pretende derogar, por ejemplo, la llamada “ley papito corazón”, que ha permitido recuperar miles de millones en pensiones de alimentos adeudadas y que constituye la política con mayor enfoque de género e infancias de la historia reciente? Ese es el nivel de irresponsabilidad con el que se juega: discursos incendiarios que no asumen sus consecuencias concretas sobre la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes, ni menos el impacto que tendrían a finales de mes.
A la par, desde distintos sectores se nos advierte que estamos “al borde de un retroceso”. Y esta vez no se trata de un miedo infundado. El programa presidencial de José Antonio Kast representa un proyecto político que concibe a mujeres, infancias y disidencias como sujetos subordinados, “privilegiados” o “excesivamente protegidos”, que deberían ser despojados de derechos para restaurar un supuesto equilibrio social y “volver a ser todos iguales”. No estamos frente a una mera «diferencia política»: es un proyecto que promete reorganizar la sociedad a punta de obediencia y el disciplinamiento, bajo la premisa de que la igualdad se logra eliminando conquistas históricas.
Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el panorama es paradojalmente otro. El derecho internacional de los derechos humanos establece un principio categórico: la no regresividad. Los derechos fundamentales —incluidos aquellos que hoy se caricaturizan como “privilegios”— no pueden ser desmantelados sin violar «el orden institucional», sin vulnerar la ley y sin quebrantar las leyes de la patria.
La arquitectura jurídica del sistema interamericano es inequívoca: retroceder no es un acto neutro ni discrecional; es una infracción grave. Y generar responsabilidad internacional del Estado, también.
Pese a que muchas tenemos claro que no votaremos por la ultraderecha irresponsable, la decisión no es sencilla. El período previo nos dejó una lección imborrable: votar por gobiernos que se presentan como alternativa a la ultraderecha no garantiza transformaciones ni detiene su avance. El acto electoral, por sí mismo, no soluciona nuestras necesidades, no cumple promesas de campaña y tampoco alcanza para defender nuestros derechos.
En esta coyuntura es difícil ignorar que un progresismo que prometió cambios terminó administrando el mismo modelo: continuó el extractivismo, impulsó leyes como Naín-Retamal y Antitomas, respaldó el TPP-11, avaló impunidad en casos emblemáticos como el de Julia Chuñil y derivó en crisis de seguridad bajo autoridades hoy imputadas. Esa experiencia demuestra que incluso quienes no son abiertamente fascistas pueden convertirse en operadores disciplinados del sistema que dijeron combatir.
En este esquema —y más allá de cualquier elección— la única salida posible es la organización autónoma del movimiento feminista, sin tutelaje de fuerzas políticas hegemónicas o institucionales. No se trata de aislarnos, sino de reconstruir una vez más el poder propio: y que toda nuestra capacidad de resistencia no dependa de partidos que negocian según intereses electorales o económicos coyunturales. Recuperar la fuerza de esa autonomía, a la larga, es la principal herramienta que puede frenar el avance reaccionario y sostener la resistencia frente a la violencia machista y la ofensiva conservadora.
Este 25 de noviembre, repetimos con fuerza: nuestros derechos no se negocian, no se abandonan: la historia nos muestra que juntas no hay retroceso posible. Reorganizarnos es nuestra mejor garantía de futuro.
Basta de hacer llamados desde el miedo: llamemos desde la acción y la convicción. Porque la historia no la escriben quienes se resignan, sino quienes se atreven a desafiar lo establecido y a construir, con autonomía y fuerza colectiva, un horizonte distinto.
Por Vivian Franco
Fundación Defensoría Feminista
Fuente fotografía
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