Caso Quilleco: juicio vuelve a suspenderse por falta de jueces y agrava denuncias de irregularidades

El juicio del Caso Quilleco volvió a postergarse por segunda vez consecutiva por falta de jueces en el Tribunal Oral de Los Ángeles, a menos de 24 horas de su inicio, manteniendo en prisión preventiva por más de dos años a cinco imputados mapuche sin sentencia firme. La defensa lo calificó como un “atropello” que vulnera el debido proceso y el derecho a un plazo razonable. 

En conversación con El Ciudadano, el abogado Rodrigo Pizarro denunció que cinco presos políticos mapuche llevan más de dos años en prisión preventiva a la espera de un juicio que no se concreta. Según explicó, la propia autoridad judicial ha postergado en dos ocasiones la etapa procesal más relevante del caso, vulnerando estándares internacionales básicos en materia de Derechos Humanos, como el debido proceso y el derecho a un plazo razonable, obligaciones que el Estado chileno debiera cumplir, pero que al parecer de Pizarro solo se aplican para algunos.

“Desde el día 13 de octubre del año 2023, 5 de los imputados del denominado caso Quilleco, perseguidos penalmente por su presunta participación en dos delitos de incendio de maquinaria forestal y un supuesto homicidio frustrado a Carabineros, se mantienen bajo la medida cautelar más gravosa de nuestro sistema penal, en el marco de una investigación liderada por el cuestionado Fiscal Juan Yañez Martinich. En el mes de abril de 2024, se suma la prisión de Rafael Pichún Collonao”, agregó Pizarro.

Pizarro sostuvo que, pese a múltiples irregularidades durante la investigación —como una reformalización que, según indica, sobrepasó los límites que fijan las propias leyes chilenas— el proceso igualmente avanzó con la expectativa de llegar finalmente a un juicio oral. Allí, afirmó, por primera vez podría discutirse en forma real la inocencia o responsabilidad de los imputados, quienes además no tienen antecedentes penales y debieran gozar plenamente del principio de presunción de inocencia, algo que en este caso “simplemente no ha ocurrido”.

El abogado señaló que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Los Ángeles había fijado inicialmente el inicio del juicio oral para el 10 de octubre de este año. Sin embargo, a pocos días de la fecha, el mismo tribunal —sin petición de ninguna de las partes— comunicó la decisión de reprogramarlo para febrero del próximo año.

“Es decir, un Tribunal de la República, que debiera ser imparcial, obrar a petición de parte y propugnar un apego irrestricto de los derechos fundamentales, decide posponer el juzgamiento de personas privadas de libertad, en al menos 4 meses, con el único fundamento de tener un ‘topón de juicios’ y el colapso de la agenda del Tribunal”, señaló Pizarro. 

Pizarro explicó que, al considerar ilegal la postergación del juicio por vulnerar los plazos fijados en la ley, todas las defensas recurrieron a la Corte de Apelaciones de Concepción mediante un recurso de amparo. La Corte les dio la razón y ordenó expresamente al Tribunal de Los Ángeles adelantar la realización del juicio oral.

Sin embargo, relató que, pese a esa instrucción del tribunal superior y a que el juicio quedó programado para el 28 de noviembre, a menos de 24 horas del inicio el TOP volvió a suspenderlo. Según indicó, el tribunal informó —sin que ninguna parte lo solicitara— que no contaba con jueces para integrar la sala, dejando nuevamente sin juicio a los imputados y a sus familias que ya se habían movilizado para acompañarlos.

“Resulta vergonzoso que en un Estado democrático de derecho, supuestamente respetuoso del debido proceso, personas que debieran presumirse inocentes, deban soportar bajo el peso de sus hombros, la encarcelación que se prolonga en el tiempo únicamente por la inactividad del poder judicial, que, en dos meses, no ha sido capaz de nombrar jueces que cumplan con el deber que les corresponde y que, por cierto, respeten el deber de inexcusabilidad en el juzgamiento de los ciudadanos”, indicó el abogado.

Finalmente, Pizarro declaró que: “Cabe preguntarse ¿por qué se niegan los jueces a asumir este juicio? ¿Por qué la Corte de Apelaciones no tiene la autoridad suficiente para designar en tiempo y forma a quienes cumplan con el deber constitucional? ¿Si la Corte de Apelaciones no tiene autoridad sobre sus propios jueces, quién la tiene?”.

Un caso complejo marcado por graves imputaciones y más de dos años de prisión preventiva

El denominado Caso Quilleco se originó el 13 de octubre de 2023 en la comuna de Quilleco, región del Biobío, cuando —según la Fiscalía— un grupo de encapuchados habría intimidado a un trabajador forestal, robado una camioneta y quemado dos camiones en distintos puntos de la zona. La acusación también contempla delitos de incendio, robo con intimidación, porte de armas e incluso un presunto homicidio frustrado contra funcionarios de Carabineros.

Se trata de un proceso judicial complejo y altamente controvertido, en el que se responsabiliza por estos hechos a cinco comuneros mapuche: Óscar Cañupan, Bastián Llaitul, José Lienqueo, Roberto Garling y Axel Campos. Todos permanecen en prisión preventiva desde hace más de dos años, situación que sus defensas y comunidades consideran injustificada y políticamente motivada. Además, en el mes de abril del 2024, se sumó la prisión de Rafael Pichún Collonao.

Las querellas en la causa han sido impulsadas por Forestal Arauco (Grupo Angelini), un contratista de Forestal Mininco/CMPC (Grupo Matte), la Delegación Presidencial del Biobío y el Ministerio Público. Para las comunidades mapuche, estas empresas —a las que acusan de usurpación territorial, daño ambiental y precarización hídrica— tienen un rol central en la criminalización política del movimiento autonomista.

Durante más de dos años, la defensa ha denunciado múltiples vulneraciones de derechos, como la entrega tardía o incompleta de la carpeta investigativa, restricción en la presencialidad de los imputados en audiencias, el uso de testigos protegidos, limitaciones al acompañamiento de autoridades tradicionales, y reiteradas suspensiones de audiencias clave.

En medio de las constantes dilaciones, los presos políticos mapuche iniciaron dos huelgas de hambre para exigir garantías mínimas en el proceso. Estas movilizaciones, pese a la oposición de los querellantes y de Gendarmería, permitieron que se reconociera su derecho a ser juzgados de forma presencial y dentro de un plazo razonable. Sin embargo, en la práctica, el juicio ha seguido siendo aplazado una y otra vez.

El juicio oral estaba fijado para el 28 de noviembre de 2025 en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles y se proyectaba que durara varias semanas, con la declaración de peritos de la BIPE, Carabineros y testigos protegidos vinculados a empresas forestales. Ese mismo día, comunidades del pueblo Mapuche llamaron a acompañar la instancia y denunciaron la presión ejercida por el sector forestal en la persecución penal.

Sin embargo, a pocas horas de iniciarse, la audiencia volvió a suspenderse, generando indignación entre comunidades, familiares y el equipo jurídico. Para el abogado Rodrigo Pizarro, este nuevo aplazamiento constituye un atropello al Pueblo Mapuche y evidencia el trato discriminatorio de un sistema judicial que mantiene a los cinco imputados encarcelados sin sentencia por más de dos años.

Para la Nación Mapuche y diversas organizaciones, el Caso Quilleco evidencia un momento crítico del conflicto entre comunidades, el Estado y el sector forestal, marcado por lo que califican como criminalización política, uso de testigos protegidos y prisión preventiva prolongada. En este contexto, las principales demandas incluyen la libertad de los presos políticos mapuche, el fin de los testigos sin rostro, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, el respeto a las garantías judiciales y culturales y el acompañamiento permanente a las familias y lof que sostienen la resistencia.

Sobreseimiento de Marilao: un ejemplo reciente del colapso e inconsistencias judiciales

El escenario que enfrentan los cinco imputados del Caso Quilleco no ocurre en el vacío. En la misma jurisdicción, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles decretó recientemente el sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata del comunero mapuche José Luis Marilao, en el denominado caso “Fundo Punta Arenas”, lo que reavivó las críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial en causas que involucran a comuneros mapuche.

El caso “Fundo Punta Arenas” estuvo marcado desde el inicio por serias irregularidades. Marilao formaba parte de un grupo de cuatro comuneros procesados y absueltos en cuatro ocasiones, siempre por falta de pruebas suficientes presentadas por el Ministerio Público. A pesar de ello, la persecución continuó mediante nuevas causas y medidas cautelares que su familia y defensores consideraron arbitrarias.

Diversas organizaciones denunciaron que en dicho proceso existieron indicios de montaje, señalando incluso el uso de pruebas manipuladas y la persistencia en mantener a Marilao en prisión preventiva sin una base probatoria sólida. Las defensas sostuvieron que la fiscalía buscó insistir en su encarcelamiento incluso después de que la justicia evidenciara la fragilidad del caso.

El reciente sobreseimiento cerró una de las causas más cuestionadas en la zona, caracterizada por ensañamiento judicial y falencias probatorias. Para comunidades y organizaciones mapuche, este fallo confirma un patrón preocupante en la persecución penal contra comuneros, donde las irregularidades, las dilaciones injustificadas y el abuso de la prisión preventiva se repiten.

En ese contexto, el Caso Quilleco es interpretado como una extensión del mismo problema estructural. Las constantes suspensiones, la falta de jueces disponibles, los más de dos años de prisión preventiva y las acusaciones basadas en testigos protegidos refuerzan, según defensas y comunidades, la idea de que existe un trato discriminatorio dentro del sistema judicial. Para el entorno de los imputados, lo ocurrido en “Fundo Punta Arenas” no solo es un precedente cercano, sino también un recordatorio de que las vulneraciones procesales en causas mapuche no son hechos aislados, sino parte de un patrón que sigue vigente.

Los patrones evidenciados en estos casos dan paso al cuestionamiento sobre la real capacidad del Poder Judicial para garantizar un debido proceso a imputados mapuche. Además reafirman la pregunta: ¿El Estado chileno tiene capacidad real —y voluntad— de juzgar a presos políticos mapuche conforme a derecho?