Hija de senador Gahona (UDI) trabajó para Yáber, hoy imputado por lavado, antes de ser nombrada notaria interina en San Miguel

Una trama de contrataciones y designaciones que involucra a la hija del senador Sergio Gahona (UDI), y al conservador de bienes raíces Sergio Yáber –actualmente suspendido e imputado por el delito de lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso Belaz Movitec– salió a la luz a tras una investigación de CIPER.

Los antecedentes detallan cómo Paulina Gahona Rivera, hija del parlamentario de derecha, fue contratada por Yáber y, un mes después de finalizar su contrato, fue designada como notaria interina en San Miguel.

De acuerdo con los documentos a los que accedió el medio digital, Paulina Gahona trabajó para el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto, a cargo de Sergio Yáber, entre abril de 2022 y abril de 2023.

Las actas fiscalizadoras del Primer Juzgado Civil de Puente Alto, que incluyen las planillas de pago de empleados, la registran con cotizaciones previsionales correspondientes a una remuneración de $1,7 millones.

La conexión: el senador y el conservador

El vínculo que permitió esta contratación se remonta, según el propio senador Gahona, a 2018. En respuesta a las consultas de CIPER, el parlamentario explicó el origen de la relación: “Conozco a don Sergio Yáber desde el año 2018, cuando compartimos en actividades sociales en Coquimbo”.

Respecto al trabajo de su hija, el senador admitió su rol de intermediario: “Cuando don Sergio Yáber se enteró que mi hija era abogada de la Universidad de Los Andes y residía en Santiago, me consultó si ella podría estar interesada en trabajar en el sistema registral. Le entregué el contacto telefónico de mi hija, se contactaron y establecieron una relación contractual desde abril de 2022 hasta abril de 2023”.

De empleada del Conservador de Bienes Raíces a notaria interina

Tan solo un mes después de concluir su contrato con Yáber, en mayo de 2023, Paulina Gahona –quien obtuvo su licenciatura en Derecho en 2018 y realizó su práctica profesional en 2019, en la Gobernación de Santiago,– fue designada como notaria interina de la Segunda Notaría de San Miguel. El cargo, de alta responsabilidad y confianza dentro del sistema judicial, le fue conferido por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda.

Esta designación adquiere mayor relevancia al conocerse que la esposa del exministro Sepúlveda también figuraba contratada en la nómina de pagos del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto dirigido por Yáber. Según fuentes conocedoras de los vínculos del conservador, citadas por CIPER, tanto Gahona como Sepúlveda forman parte de su «red de amistades».

Consultado sobre si tuvo injerencia en la designación de Gahona como notaria, Yáber eludió responder directamente, señalando que “este tipo de consultas deben hacerse ante las instituciones que correspondan”. No obstante, sí entregó una evaluación del desempeño de la hija del senador de la UDI.

“Paulina trabajó alrededor de un año en la oficina y durante ese tiempo tuvo un desempeño destacado. Tengo la mejor impresión profesional de ella”, afirmó.

Por su parte, el senador Gahona se desligó de cualquier relación con quien nombró a su hija en el cargo notarial, argumentando que no conoce a Luis Sepúlveda y que nunca ha hablado con él.

Patrón de contrataciones y Yáber en el ojo de la justicia

La situación de Paulina Gahona no es un caso aislado. El medio digital reveló previamente que Yáber también contrató en su oficina al hermano del juez de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carlos Farías.

Este patrón de contrataciones cobra especial significado considerando que ambos magistrados –Sepúlveda y Farías– formaron parte del grupo de ocho jueces de la misma corte que, en 2018, votaron a favor de incluir a Sergio Yáber en la terna para el cargo de conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, que finalmente obtuvo por designación del gobierno de expresidente fallecido Sebastián Piñera.

La revelación de estas contrataciones se produce en medio de la grave situación legal que actualmente enfrenta Yáber. El conservador se encuentra suspendido e imputado por el delito de lavado de dinero en la investigación conocida como “Caso Consorcio Bielorruso”.

El sumario en su contra se produjo a raíz de la causa surgida en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está acusada de haber recibido coimas por parte del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) para emitir fallos que derivaron en que Codelco debiera pagarle al grupo compensaciones por el orden de los $17 mil millones.

Aunque Yáber está imputado en esta causa aún no es formalizado. Se le acusa de colaborar en el blanqueo de las mencionadas coimas, donde habría actuado con la pareja de Vivanco, Gonzalo Miguieles; y el conservador de Chillán, Yamil Najle.

En concreto, se le señala por haber participado en un esquema de lavado de activos tras recibir dinero de Migueles, monto que, según la fiscales, correspondería a coimas pagadas a la exmagistrada por sus fallos favorables a los intereses del consorcio CBM en el litigio contra la estatal cuprífera.

Además, el Ministerio Público ha anunciado que investigará a Yáber por dos nuevas aristas: un eventual traspaso de $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya –detectado en una interceptación telefónica del OS7 de Carabineros– y la entrega de $1,6 millones al senador de Demócratas, Matías Walker.

El legislador justificó el dinero como una contribución para la compra de un pasaje aéreo a Canadá de su hijo, basada en una “larga amistad” con Yáber, mientras que Araya negó categóricamente las acusaciones, señalando que solo conoció al conservador de Bienes Raíces en un operativo de rescate como bombero y que: «nunca he recibido un peso del señor», sostuvo.

Sin embargo, anunció la suspensión temporal de su participación en la bancada parlamentaria.

La sucesión de eventos –la contratación de la hija de un senador, el posterior nombramiento de esta en un cargo notarial por parte de un juez cuya familia también tenía vínculos laborales con el empleador anterior, y las contrataciones de familiares de otros magistrados– dibuja un mapa de conexiones que ahora se encuentra bajo el escrutinio público, en el marco de la investigación por lavado de dinero que mantiene suspendido a Sergio Yáber de sus funciones como conservador.