Semana de paro universitario en Argentina: gremios acusan a Milei de vaciar la ley de financiamiento y presentar un presupuesto “de miseria”

En un escenario de máxima tensión entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público, los gremios docentes iniciaron este lunes una semana completa de paro en todas las universidades nacionales de Argentina. La medida de fuerza, convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), tiene como eje central la acusación a la administración del denominado «liberatrio» de vaciar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria mediante su promulgación sin fondos asignados y de presentar un Presupuesto 2026 «de miseria» para el sector.

La semana pasada, los 27 gremios de docentes universitarios que componen la Conadu Histórica anunciaron la paralización de actividades que se lleva a cabo entre el primero y el 6 de diciembre.

«El Plenario de secretarías generales de la federación resolvió paro de una semana en respuesta a la decisión del gobierno nacional de no cumplir con la Ley de financiamiento universitario y el correspondiente aumento salarial, que en este momento asciende al 43,95%, producto a la inflación registrada de julio en adelante», indicó en un comunicado la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), integrante de la Conadu Histórica.

El reclamo salarial está directamente ligado a la ley. Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, explicó a El Destape que «este número no es ni el buscado, ni un capricho. Es lo que surge de la aplicación estricta de la ley de financiamiento universitario».

Rosselló profundizó en la necesidad del financiamiento integral y planteó que se requiere «triplicar el presupuesto universitario para que se logren realizar con efectividad la creación, la investigación, la ciencia, la tecnología, sostener las escuelas preuniversitarias, que son escuelas pilotos para realizar proyectos pedagógicos que mejoren la educación de conjunto, y para sostener los métodos de enseñanza e aprendizaje, para tener una mayor tasa de egreso en las universidades, y por cuanto la realización de proyectos individuales y colectivos de la sociedad para un ascenso social y una autonomía nacional que nos provee a todos de profesionales universitarios idóneos para el desarrollo del país».

El paro se extiende también «en rechazo» al proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que el gobierno del mandatario de ultraderecha busca tratar en sesiones extraordinarias. El mismo comunicado de AGD-UBA lo calificó como un presupuesto «de miseria para educación» y sentenció que «el conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza».

Alerta máxima: el ciclo 2026 en juego

En paralelo, la Conadu, otra de las principales federaciones del sector, lanzó una advertencia letal sobre el próximo año lectivo y planteó que «sin implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no comenzarán las clases en 2026».

En un comunicado detalló que, con la participación de 30 gremios, se decidió «la puesta en marcha en 2026 de un fuerte plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad» la normativa.

«La situación de la universidad es sumamente crítica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir», explicó Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

La «trampa» de Milei: promulgación de la ley, pero sin fondos

El conflicto se origina en la forma en que el Poder Ejecutivo promulgó la ley, tras su insistencia por parte del Congreso argentino. En el Boletín Oficial del 21 de octubre, el presidente Milei estableció que la ley «quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere». El decreto argumentó que la ley se limita «a habilitar una readecuación de partidas presupuestarias» sin precisar los créditos necesarios.

Para los gremios, esto constituye una maniobra para dejar la ley sin efecto práctico, vaciando de contenido el consenso parlamentario que la respaldó en dos oportunidades: primero al aprobarla y luego al rechazar el veto presidencial.

La lucha de las universidades nacionales de Argentina contra las medidas y recortes aplicados por el gobierno «libertario» entró en una fase decisiva. Los docentes, con una semana de paro y la amenaza de no iniciar el próximo ciclo lectivo, exigen un giro de 180 grados en la política de ajuste que, aseguran, está llevando al sistema de educación superior pública hacia un colapso irreversible.