Por Diego Farfán Valdebenito

Cada barrio tiene ese vecino que siempre está presente. Esa persona que barre las hojas de la vereda un sábado por la mañana, que deja agua fresca para los gatos callejeros en días de calor intenso, que aparece con su caja de herramientas justo cuando alguien la necesita. No cobra por sus acciones ni espera reconocimiento formal. No calcula beneficios ni busca retribución. Simplemente actúa, y con esos gestos cotidianos crea una red invisible de cuidado mutuo que sostiene la vida comunitaria del barrio.
Y entonces llega el día en que esa misma persona necesita ayuda, una mudanza urgente, una emergencia médica, un techo que gotea, etc. En ese momento ocurre algo notable. El barrio entero responde. Sin llamados explícitos ni obligaciones formales, la reciprocidad fluye de manera natural. Porque todos comprenden, sin necesidad de palabras, que esa red de gestos pequeños y constantes es lo que transforma un conjunto de casas en una comunidad.
El plan «Más y Mejor Trabajo» de Kast plantea en la materia de “Nuevo modelo de indemnización laboral a todo evento”, cito textual “Vamos a proponer una alternativa para que los trabajadores y empleadores que quieran puedan pactar libremente una indemnización a todo evento. Ello permitirá que los trabajadores puedan ahorrar en cuentas individuales, los fondos para su indemnización, reduciendo la burocracia, la judicialización y la rigidez en la contratación”.
La propuesta plantea que la indemnización se acumule desde el primer día de trabajo en una cuenta individual del trabajador. «Si dejo el trabajo, tengo mi ahorro y me lo llevo libremente, no tengo que esperar a que me despidan sin causa justificada para acceder a ese dinero. Con esto se reduce el conflicto, disminuye la burocracia y se evitaría la judicialización de muchos casos», aseguró Kast. Este sistema reemplazaría el modelo actual, donde el empleador debe pagar un mes de remuneración por cada año trabajado solo en casos de despido injustificado.
Los argumentos a favor son pertinentes de considerar, para las pequeñas y medianas empresas (que según el INE representan entre el 25% y 30% del empleo formal) eliminar la indemnización como pasivo contingente significa mayor liquidez, lo que facilita nuevas contrataciones y permite ajustes rápidos ante fluctuaciones de demanda. Para los trabajadores, en teoría, se traduce en portabilidad. El ahorro los acompaña de empleo en empleo, sin perderse al cambiar de empresa. Como plantea el mismo Kast, la propuesta busca «reducir la judicialización y dar más certezas para la contratación», presentándose como una modernización necesaria que reduciría las rigideces del mercado laboral.
Aquí emergen las complejidades que el diseño de Kast no resuelve. Una encuesta de 2025 indica que solo el 21% de los chilenos ahorra voluntariamente, y quienes lo hacen priorizan emergencias y pensiones antes que otros objetivos. Esta realidad se agrava en trabajadores de bajos ingresos, quienes según datos históricos de la Superintendencia de Pensiones muestran tasas de ahorro aún menores. En un país donde la informalidad laboral alcanza el 25,8% según el INE (o hasta 33,4% por mediciones administrativas), pedirle a un trabajador que autofinancie su protección contra el desempleo no es solo exigente, es inviable para la mayoría.
Las grandes empresas (que concentran entre el 48% y 55% del empleo formal según el INE), serían las principales beneficiarias. Sin costo marginal por despido, pueden ajustar plantillas sin penalidad, externalizando el riesgo completamente al trabajador. Un soldador con diez años de experiencia en una planta pierde su valor acumulado si su despido resulta gratuito para la empresa. La rotación laboral se acelera, desincentivando la inversión en capacitación y desarrollo tanto por parte del empleador como del trabajador.
Estudios de la OCDE sobre mercados laborales flexibles muestran que reducir los costos de despido sin mecanismos compensatorios aumenta la rotación laboral, pero no necesariamente la productividad agregada, donde la acumulación de experiencia específica resulta clave para la competitividad. Chile exhibe precisamente ese patrón: alta rotación (la duración media de los empleos es de 3,2 años según la Encuesta Suplementaria de Ingresos) pero con estancamiento en productividad laboral durante la última década.
La propuesta tampoco aclara interrogantes fundamentales: ¿Se elimina la retención actual del 15% destinada a Ahorro Previsional Voluntario? ¿Cómo se fiscalizan y protegen los fondos depositados? ¿Qué instrumentos de inversión se autorizan y quién supervisa su rentabilidad? Sin respuestas institucionales sólidas, el trabajador queda doblemente expuesto: a la inestabilidad del empleo y a la volatilidad del mercado financiero.
Volvamos al vecino del barrio. Su relación con la comunidad funciona porque existe reciprocidad sostenida en el tiempo. Invierte en cuidar espacios comunes confiando en que esa inversión será retribuida cuando la necesite. Elimine esa confianza (imagine que cada vecino actuara solo por interés inmediato) y el barrio se desintegraría por completo.
El mercado laboral opera con una lógica similar. La indemnización por años de servicio no es solo una transferencia monetaria: es un mecanismo de coordinación que alinea incentivos. El empleador reflexiona antes de despedir arbitrariamente porque enfrenta un costo creciente con la antigüedad, mientras el trabajador invierte en habilidades específicas para contribuir más a la empresa sabiendo que esa antigüedad lo protege. Se genera así un equilibrio cooperativo espontáneo.
La teoría de juegos explica este fenómeno mediante el dilema del prisionero. Aunque empleadores y trabajadores preferirían cooperar (la empresa retiene talento, el trabajador invierte en formación) cada uno tiene incentivos para desviarse si cree que el otro no cumplirá. El empleador podría despedir apenas caiga la demanda; el trabajador podría cambiar de empleo ante cualquier oferta mejor. Sin mecanismos que anclen la cooperación, ambos terminan peor: alta rotación, baja productividad y desconfianza generalizada.
Existen dos salidas a esta trampa. La primera es la regulación que imponga costos al despido, haciendo rentable la inversión en empleo estable (precisamente la función de la indemnización actual). La segunda son los equilibrios reputacionales en comunidades laborales duraderas, donde la repetición de interacciones genera comportamientos cooperativos (este último se debe trabajar en Chile, por ejemplo, en materia de “Sindicalismo ramal”). La propuesta de Kast socava ambos mecanismos simultáneamente: reduce el costo legal del despido y, al acelerar la rotación, impide la formación de reputaciones y redes de largo plazo.
Ricardo Ffrench-Davis, economista de la Universidad de Chile, ha documentado en su trabajo sobre brechas recesivas (1999-2003) cómo la inestabilidad laboral afecta negativamente la formación de capital humano y la cohesión social. En sectores con alta rotación, las empresas invierten menos en capacitación ¿Para qué capacitar a quien se irá en meses? y los trabajadores desarrollan estrategias defensivas, es decir, acumulan credenciales portables, pero no experiencia específica. El resultado es un mercado laboral de baja productividad agregada, donde nadie invierte en relaciones de largo plazo.
Reflexión final
Las políticas laborales no son solo ecuaciones de eficiencia, son decisiones sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Un mercado donde los trabajadores son fichas intercambiables, portadores solitarios de su propia mochila de supervivencia, puede generar mayor «flexibilidad asignativa» en el corto plazo. Pero destruye las comunidades laborales estables que sostienen la cooperación, la confianza y la inversión en habilidades específicas.
La paradoja es que esa supuesta eficiencia termina siendo ineficiente, debido a que lleva consigo alta rotación sin productividad, relaciones laborales sin reciprocidad, trabajadores que acumulan empleos, pero no experiencia. Y cuando el mercado falla en coordinar, el Estado debe intervenir más, no menos, contradiciendo la premisa liberalizadora original.
Chile necesita indemnizaciones que protejan sin paralizar, que faciliten la movilidad sin destruir la estabilidad, que reconozcan la dignidad del trabajo como algo más que una transacción. Necesita, en definitiva, políticas que permitan a cada trabajador chileno construir su propia “comunidad laboral”, donde invertir en relaciones duraderas tenga sentido. Porque al final, como bien sabe cualquier vecino comprometido con su comunidad, las relaciones sólidas no se construyen con contratos perfectos, sino con confianza sostenida en el tiempo.
“Cuando despedir deja de tener precio para el empleador y la protección del trabajador se vuelve una carga individual, el poder de negociación se reduce a un mero formalismo. ¿No estaremos, más que flexibilizando, aplicando un Kastigo?”
Por Diego Farfán Valdebenito
Administrador público
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