Gremios de la Tía Rica responden a observaciones de Contraloría y piden actualizar la ley

Este lunes, asociaciones de trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Crédito Prendario, conocida popularmente como la “Tía Rica”, junto a dirigentes nacionales de la ANEF, se manifestaron para responder a la polémica generada tras el informe de la Contraloría General de la República que cuestionó el funcionamiento del servicio.

La auditoría advirtió que 1.681 personas con antecedentes penales habrían empeñado bienes por más de $1.500 millones sin una verificación adecuada de su procedencia. Frente a estos cuestionamientos, los gremios defendieron el actuar institucional de la “Tía Rica” y enfatizaron que muchas de las observaciones responden a vacíos y limitaciones de la legislación vigente, reiterando el llamado a modernizar el marco normativo que regula al servicio.

En la instancia, el presidente de ANECREP, Carlos González, sostuvo que uno de los puntos centrales para las y los funcionarios es la forma en que se ha presentado la información, la cual —afirmó— no refleja adecuadamente el marco legal bajo el cual opera el servicio.

González recalcó que el trabajo de la Dirección de Crédito Prendario se rige por atribuciones y procedimientos definidos por la ley vigente, por lo que calificó como injusto que se haya instalado un juicio público que apunta a una supuesta negligencia por parte de las y los trabajadores, situación que, dijo,  ha generado molestia y desazón al interior del gremio.

“Acá no se cuestiona a una institución, ni a un director que lamentablemente tuvo que pagar los platos rotos de esta situación. Se está cuestionando a las y los funcionarios, nosotros no somos facilitadores de delincuentes, no somos negligentes, nos esforzamos mucho por sacar esto adelante”, agregó. 

Por su parte, la presidenta de la Asociación Prendaria de Chile (APRECH), Nieves Palma, expresó el malestar del gremio frente a las críticas que han surgido desde distintos sectores a raíz del informe.

Palma señaló que las y los trabajadores se sienten directamente perjudicados por declaraciones provenientes de actores políticos y representantes públicos que, a su juicio, han desvalorizado el rol que cumple la Dirección de Crédito Prendario, instalando una imagen negativa del servicio y de quienes trabajan en él.

“Acá nosotros somos un ente que le prestamos servicio a la ciudadanía, apoyamos a la gente de recursos más vulnerables, y me parece súper irresponsable de parte de algunos políticos que vengan a barrer con nosotros. Nosotros no vamos a permitir eso, nosotros exigimos y le pedimos tanto al ministro como a la gente que nos ha perjudicado, que nos pida disculpas, porque nosotros acá no protegemos a ningún delincuente, nosotros ayudamos a la ciudadanía, y eso es lo que nosotros exigimos hoy en día”, declaró. 

En esa misma línea, Palma enfatizó que las responsabilidades no pueden atribuirse a la actual dirección del servicio ni a autoridades recientes, ya que —según explicó— las observaciones detectadas por la Contraloría responden a problemas arrastrados por años.

La dirigenta recordó que el funcionamiento de la Dirección de Crédito Prendario se rige por el DFL N°16, una normativa que, afirmó, requiere ser actualizada y modernizada, proceso que ya se encontraba en desarrollo antes de la polémica.

Asimismo, sostuvo que si bien es legítimo fiscalizar y dar a conocer los hallazgos de la auditoría, también es necesario comprender el marco legal y los límites bajo los cuales operan las y los funcionarios, quienes —aseguró— están trabajando en mejorar los procedimientos internos.

Finalmente, llamó a los distintos actores políticos a informarse adecuadamente sobre la legislación que regula a la “Tía Rica” antes de emitir juicios públicos que, a su juicio, terminan perjudicando injustamente al servicio y a sus trabajadores.

Por su parte, el presidente nacional de los tasadores de la Dicrep, Marco Chamorro, se refirió a los cuestionamientos sobre los montos de los préstamos, asegurando que la normativa vigente impide entregar más de $500 mil por una prenda y fija un tope global de $3,5 millones.

En ese sentido, afirmó que las acusaciones sobre supuestas irregularidades o colusión carecen de sustento, recalcó que el actuar de los funcionarios se ajusta al DFL N°16 y llamó a quienes emitieron dichas declaraciones a actuar con responsabilidad.

Finalmente, el presidente de la asociación AINFUT, Ignacio Romero, sostuvo que en el debate público se ha distorsionado el funcionamiento de los créditos prendarios. Explicó que la normativa vigente —definida en el DFL N°16 y en decretos históricos— establece con claridad quién puede empeñar bienes, incluso cuando no es su propietario legítimo.

En esa línea, señaló que el actual escenario abre una oportunidad para avanzar en una actualización legal, combinando una reforma normativa impulsada por el Congreso con los procesos de modernización digital que ya desarrolla el servicio, con el fin de fortalecer el apoyo que se entrega a la ciudadanía.

Desde los gremios plantearon que varias observaciones se explican por vacíos del DFL N°16, normativa que regula al servicio. Afirmaron que el debate abre una oportunidad para modernizar el marco legal y los procesos internos, en paralelo a los planes de digitalización que ya impulsa la institución.