Corredor Humanitario: Una inviable deportación encubierta

Especialista en Ética y Democracia advierte que la medida no garantiza la voluntariedad ni la seguridad de los migrantes en tránsito.

Tras el anuncio de José Kast sobre implementar corredores humanitarios para agilizar el retorno de ciudadanos venezolanos, el doctor en Ética y Democracia, Álvaro Ramis, advirtió que la falta de un marco regional coordinado y la ausencia de garantías legales podrían transformar esta medida en una vulneración sistemática de derechos fundamentales, alejándose de los estándares internacionales de protección.

Para el especialista, existe un punto crítico donde la asistencia desaparece para dar paso a una herramienta de expulsión bajo apariencia diplomática. Explica que este fenómeno ocurre cuando el traslado deja de ser opcional y se presenta como la única salida frente a la irregularidad o la amenaza de sanciones. En este escenario, el académico señala que “el lenguaje humanitario deja de describir una política de cuidado y pasa a encubrir una lógica de expulsión”, perdiendo su propósito original de resguardo.

Ramis enfatiza que lo proyectado actualmente se asemeja más a un sistema de desplazamiento forzado que partiría en la frontera norte de Chile y Perú para culminar en zonas como Cúcuta, Colombia, recalcando que este tipo de trayectos no aseguran condiciones de dignidad en sus diferentes tramos. Según explica, “se trata de una externalización de la expulsión, que traslada el problema a otros países y aumenta los riesgos para las personas afectadas”, lo que resultaría incompatible con el principio de no devolución.

Para evitar que estos trayectos se conviertan en zonas de excepción jurídica, el doctor propone establecer salvaguardas legales que hoy no están presentes, y la principal es asegurar que el proceso sea estrictamente voluntario y que los afectados tengan el derecho de desistir en cualquier momento para solicitar protección internacional. Sin este consentimiento libre e informado, cualquier corredor deja de ser una medida de ayuda para transformarse en un dispositivo de control estatal sobre poblaciones vulnerables.

Otro aspecto relevante para Ramis es la responsabilidad continua que debe mantener el Estado que impulsa la medida durante todo el trayecto hasta el destino final, a lo que sostiene que debe existir un mecanismo de supervisión por organismos internacionales que verifique las condiciones materiales y el acceso a asistencia legal independiente. Sin esta trazabilidad, el académico advierte que “el corredor se transforma en un espacio de excepción donde la protección se diluye y la arbitrariedad se normaliza” ante la falta de control externo.

Sobre la seguridad de la ruta, el doctor señala que la geografía del Cono Sur y la disparidad de normas entre países vecinos harían inevitable una militarización del trayecto. A diferencia del contexto europeo, Sudamérica carece de una arquitectura política que armonice los controles fronterizos con un enfoque de derechos, y esto provocaría que la seguridad dependa de fuerzas policiales reforzadas, lo que en la práctica “desplaza el eje desde la protección de las personas hacia el control del movimiento”, aumentando la exposición a abusos.

Finalmente, el especialista concluye que la implementación de una ruta de esta extensión solo redistribuye y oculta los peligros a lo largo del camino. Al atravesar diversas soberanías territoriales con intereses migratorios propios, la viabilidad de la iniciativa queda sujeta a la capacidad de imponer orden por sobre la justicia.

Sin un marco regional robusto, el corredor deja de ser una solución humanitaria real y se convierte en un mecanismo de gestión represivo que prioriza la salida de personas por sobre su integridad.