Justicia decreta prisión preventiva para red de corrupción en Operación Apocalipsis

El Tribunal estableció la existencia de una estructura criminal dedicada al cohecho y tráfico de drogas en los penales.

El pasado martes 30 de diciembre la «Operación Apocalipsis» vivió una jornada determinante durante la audiencia de formalización en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. En esta oportunidad la justicia ordenó la prisión preventiva para 70 personas, entre ellas 47 exfuncionarios de Gendarmería, desarticulando una red que operaba con jerarquías y estrategias dentro de los recintos penitenciarios.

Al finalizar la instancia, el Fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, manifestó su total conformidad con el fallo, destacando que el Tribunal validó cada una de las pruebas presentadas. Según el persecutor, la resolución es sólida porque acredita delitos graves como cohecho, soborno, asociación criminal y lavado de activos.

El fiscal fue enfático al describir la gravedad de lo descubierto, señalando que los recintos penitenciarios fueron desviados de su función pública, ya que los ocuparon «como una forma de hacer negocios ilícitos, y eso es un mercado delictual», afirmó, resaltando que la organización contaba con una estructura de mando definida para controlar la oferta y demanda de beneficios prohibidos.

Respecto a la participación de los gendarmes, el persecutor destacó que «el Tribunal tuvo por configurada una circunstancia agravante especial para los funcionarios públicos», explicó, indicando que todos los imputados fueron considerados autores de los delitos y que su libertad representa un peligro real para la seguridad de la sociedad.

Pastén también aprovechó de valorar el trabajo de inteligencia que permitió este resultado. Explicó que el éxito del operativo no fue casualidad, sino que dependió del rastreo de datos y la estrategia jurídica que durante meses coordinaron la PDI, el Servicio de Impuestos Internos y las unidades anticorrupción junto a funcionarios de Gendarmería que colaboraron con la investigación.

Finalmente, sobre el futuro de los ahora detenidos, el fiscal aseguró que el Estado debe garantizar que estos patrones no se repitan mientras cumplen su cautelar: «Confiamos en el actuar de los funcionarios que van a tener a cargo la custodia. Existe clara conciencia de que estos hechos, por lo menos respecto a estos imputados, no pueden volver a repetirse», concluyó.