Tenso inicio de desalojo en megatoma de San Antonio: Más de 2 mil familias afectadas

En medio de tensiones este lunes comenzó, tal y como estaba previsto, el proceso de desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio. La medida, ordenada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso afectará a más de dos mil familias, iniciando con un primer grupo de entre 1.900 y 2.000 sitios no considerados en el plan habitacional asociado.

Desde las primeras horas de la mañana, sectores como la Plaza de los Corazones y parcelas definidas para la primera fase fueron el epicentro de un amplio despliegue policial. Carabineros, con personal de Control de Orden Público y apoyado por carros lanzaaguas y lanzagases, inició el procedimiento mientras grupos de pobladores respondían con resistencia.

La operación no estuvo exenta de fricción, como se puede apreciar en videos compartidos en redes sociales.

Durante las primeras horas se registraron incidentes con la instalación de barricadas y objetos para obstaculizar el paso de vehículos policiales, algunos de los cuales fueron retirados posteriormente por las autoridades.

Sin embargo, la general Patricia Vásquez, jefa V Zona, indicó que hasta el momento no se han registrado personas detenidas durante el avance del procedimiento.

Esta oposición fue previamente anunciada por dirigentes de los pobladores. Jorge Pérez, uno de sus representantes, quien declaró: “La resistencia va a ir, porque ha habido muchas mentiras por parte del Estado. Aquí se va a resistir hasta el final”, consignó Diario U. de Chile.

Operativo planificado para durar meses

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, detalló que el proceso comenzó a las 07:15 horas y se desarrollará de forma progresiva y paulatina.

Señaló que el cronograma se extenderá por “varias semanas o incluso meses”, ajustándose día a día según la disponibilidad de albergues temporales y la evaluación del avance.

“Vamos a estar avanzando, en principio, en teoría, en períodos cada tres días con algún período de descanso para poder ir desocupando los albergues”, explicó Riquelme, añadiendo que “el proceso de desocupación y de desalojo tiene una estimación de varios meses, un tiempo no menor, el que vamos a estar acá en la zona”.

Sobre la capacidad de acogida, el delegado confirmó la habilitación de dos albergues temporales por parte de autoridades municipales, destinados prioritariamente a familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad, aunque admitió que hasta el momento no se habían solicitado y que su capacidad es limitada frente a la magnitud del desalojo.

«El desalojo más amplio que se ha realizado Chile»

Desde el gobierno central, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó el procedimiento como “el proceso de desalojo más amplio que se ha realizado en nuestro país”. Por esta razón, y para evitar complicaciones, optaron por no revelar detalles operativos con anticipación.

“Cada vez que estos se han publicado, los procedimientos se han vuelto más complejos”, argumentó en declaraciones recogidas por CNN Chile.

Elizalde fue directo en su advertencia a los ocupantes: “Salgan de esos lugares o, en caso contrario, se va a operar con la acción de la fuerza pública, como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo”.

El operativo se enmarca en una orden judicial y en el denominado “Plan Habitacional Cerro Centinela”. Este plan contempla la expropiación de 100 hectáreas del total de la superficie ocupada para destinarlas a vivienda formal. Otras 115 hectáreas –correspondientes a las parcelas 11, 13 y 15– deben ser desocupadas y devueltas a sus legítimos dueños, en este caso, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.

Intento legal por frenar el desalojo

En vísperas del operativo, se presentó un recurso de protección con carácter de urgencia e pasado l jueves 8 de enero. La acción judicial, interpuesta por una pobladora sin patrocinio de abogado en representación de su familia, busca frenar el desalojo, al cual califica de ilegal y arbitrario.

La recurrente alega haber habitado de manera continua, pública y pacífica una de las parcelas por más de tres décadas.

Mientras las máquinas avanzan y la fuerza pública mantiene el perímetro, la incertidumbre se cierne sobre más de dos mil familias. Aunque desde La Moneda señalan que el desalojo es la antesala de una solución habitacional definitiva para una parte de los pobladores, el largo período estimado para completar el desalojo y la capacidad de albergue temporal pintan un escenario complejo para quienes, desde hoy, ven desmantelarse sus hogares en el cerro Centinela.