Funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura exige $200 millones por «daño psicológico y constantes tratos vejatorios» 

“En consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados», indicó el funcionario desvinculado en la demanda laboral millonaria que interpuso contra la Municipalidad de Vitacura.

Un funcionario de la Municipalidad de Vitacura, que fue despedido tras viralizarse un video íntimo interpuso una demanda laboral millonaria contra el municipio, acusando vulneración de derechos, daño moral y psicológico y un proceso sumarial plagado de irregularidades.

El ingeniero informático, quien trabajó casi una década en la comuna, exige una compensación de $200 millones por los perjuicios sufridos. Según la demanda, presentada el 18 de diciembre de 2025 ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el trabajador sostiene que su destitución —ordenada tras un sumario administrativo que determinó faltas a la probidad— no solo fue injusta, sino que afectó gravemente su salud emocional, reputación y estabilidad personal.

El caso se remonta a junio de 2025, cuando se difundió en redes sociales un video que mostraba a dos funcionarios manteniendo relaciones sexuales en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico de Vitacura. La municipalidad, liderada por la alcaldesa Camila Merino (Evóvoli), inició un sumario que concluyó con la destitución de ambos empleados. Mientras la otra persona involucrada no ha presentado acciones judiciales, el ingeniero informático decidió recurrir a los tribunales.

Trayectoria intachable

En los fundamentos de su demanda, el exfuncionario detalló una carrera de excelencia en el municipio. Indicó que ingresó a trabajar en 2016 y que, durante su permanencia, lideró proyectos relevantes, capacitó a cerca de 200 funcionarios y asumió roles de encargado y suplencias en jefaturas.

“Durante mis nueve (9) años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas”, afirmó en el escrito judicial.

“Nunca recibí una amonestación, ni siquiera una observación”, destacó.

Acusaciones de irregularidades en el sumario

El demandante alega que el proceso disciplinario en su contra “se desarrolló de modo absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa doña Camila Merino Catalán”.

Uno de los puntos centrales de su reclamo es que la jefa comunal habría anunciado públicamente su despido antes de que concluyera el sumario, lo que —según él— habría afectado “subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, deteriorando mi posición dentro del mismo y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra”.

Asimismo, planteó que este anuncio anticipado “deterioró su defensa” y le causó “miedo, estrés y ansiedad generalizada”.

Daño psicológico, tartos vejatorios y medidas reparatorias

El funcionario describió un profundo impacto emocional derivado del caso y la gestión de la alcaldesa Merino.

“En consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva es una lesión extra patrimonial que no merecía ni debía soportar”, argumentó en la demanda.

Según consignó La Tercera, demás del pago de $200 millones, el demandante solicita las siguientes medidas reparatorias por parte de la Municipalidad:

-Publicación en un diario de circulación comunal de Vitacura de una declaración en la que se reconozca que “se vulneró injustamente la integridad psíquica” del demandante.

-Condenar a la alcaldesa Camila Merino a recibir capacitación obligatoria en materia de vulneración de derechos laborales.

-Publicar en el diario mural de la municipalidad un documento que destaque que se vulneraron sus derechos.

Hasta el momento, la Municipalidad de Vitacura ha sido notificada formalmente de la demanda, pero no se ha pronunciado sobre el caso.