Esta semana se encontraron restos humanos de un niño en la zona que sería inundada por la Central Hidroeléctrica Los Lagos, en el río Pilmaiquén. Se estima que el hallazgo podría tener cerca de mil años de antigüedad aunque aún están a la espera de fechados científicos.
Los restos fueron descubiertos bajo la realización de excavaciones arqueológicas autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en el área del proyecto hidroeléctrico.
El hallazgo podría confirmar lo que las comunidades han señalado durante años: la existencia de un cementerio en el área de inundación. Al mismo tiempo, el descubrimiento desmiente el relato instalado por Statkraft, respecto de que los hallazgos arqueológicos se reducían a pequeños fragmentos cerámicos y líticos.
En ese contexto, antecedentes arqueológicos demuestran una ocupación continua del río Pilmaiquén desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Bueno, incluyendo la ribera y las terrazas superiores del valle. Los hallazgos dan cuenta de una presencia humana milenaria en el territorio.
A pesar de lo anterior, el Consejo de Monumentos Nacionales señaló que los hallazgos detectados en el proyecto corresponderían a sitios con una baja densidad de bienes arqueológicos, distribuidos en una amplia dispersión territorial, dando cuenta de ocupaciones esporádicas en un amplio territorio, principalmente de los períodos Alfarero Tardío e Histórico Temprano.
En la cobertura sobre el proyecto, se ha señalado que los vestigios consistían mayoritariamente en material lítico y fragmentos cerámicos de pequeño tamaño, y que estos hallazgos han retrasado la puesta en marcha de la central. Sin embargo, el hallazgo de restos humanos infantiles tensiona directamente esta caracterización y da cuenta de un patrimonio arqueológico y cultural de mayor entidad.
Implicancias judiciales: Hallazgo de restos humanos obliga a revisar legalidad de permisos y consulta indígena
En conversación con El Ciudadano, el abogado Felipe Guerra, recalcó que el hallazgo confirma lo que siempre han señalado: la existencia de un patrimonio cultural de entidad mayor, en un territorio relevante para las comunidades, que Statkraft pretende inundar.
Además, el abogado advirtió que la aparición de restos humanos, mientras existe un recurso judicial pendiente, incrementa el riesgo de un daño irreparable y obliga a extremar las medidas de resguardo. Aunque estos recursos no siempre suspenden automáticamente los actos administrativos, sostuvo que el Estado debe actuar con especial prudencia para no vaciar de contenido una eventual decisión de la Corte, cuestionó además que el CMN no haya observado el deber de abstención en este escenario.
Para Guerra, el descubrimiento obliga a reabrir —o al menos revisar— la consulta indígena y los acuerdos alcanzados por el CMN con un sector de organizaciones, que —según el jurista— mantienen negociaciones y reciben financiamiento de Statkraft, en la medida en que el hallazgo modifica sustantivamente la entidad del asunto.
“Ya no estamos hablando de ‘fragmentos’, sino de restos humanos y contextos fúnebres indígenas, lo que eleva el deber de protección y el estándar de participación exigible […] La Corte Suprema ordenó consulta indígena en este proyecto por los hallazgos arqueológicos, precisamente porque se trata de medidas que afectan directamente a las comunidades y su vínculo cultural con el territorio”, declaró.
Asimismo, Guerra afirmó que los permisos arqueológicos otorgados por el CMN, pese a existir un proceso judicial abierto, serían ilegales, ya que permiten intervenciones potencialmente irreversibles y debilitan el derecho de las comunidades a la consulta y al resguardo de su patrimonio.
En esa línea, el abogado enfatizó en que la Ley Indígena exige un estándar reforzado cuando se trata de cementerios, establecidos en el artículo 29 letra c de la Ley 19.253, que señala que la excavación de cementerios históricos indígenas debe ajustarse al procedimiento de la Ley 17.288 y requiere el previo consentimiento de la comunidad involucrada.
“En derecho internacional, el Estado tiene el deber de consultar de buena fe y generar condiciones reales de participación cuando adopta medidas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas. En un caso como este, ese estándar se complementa con la exigencia de consentimiento en la medida en que estén comprometidos impactos especialmente graves sobre el patrimonio cultural y espiritual”.
Por último, Guerra señaló que: “la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener, proteger y controlar sus prácticas y bienes espirituales, y a la repatriación de restos humanos, mediante mecanismos justos y acordados”.
Análisis arqueológico: Complejidad territorial y la necesidad de contextos definidos
Desde el punto de vista arqueológico, el hallazgo de restos humanos infantiles es relevante, aunque aún no es posible determinar con certeza su antigüedad. Según explicó Rodrigo Mera, el descubrimiento corresponde a un primer indicio que debe ser investigado en mayor profundidad. Para ello, es fundamental ampliar el área de estudio y establecer si se trata efectivamente de un contexto funerario o de una acumulación de materiales producto de procesos de depositación más recientes, lo que solo puede resolverse mediante investigación especializada.
En esa línea, el arqueólogo subrayó la necesidad de realizar un fechado absoluto basado en contextos claramente definidos. Solo a través de análisis será posible establecer si los restos tienen una antigüedad de cientos o incluso miles de años, un dato clave para comprender la magnitud del hallazgo y orientar las etapas posteriores del estudio.
Mera también destacó que los antecedentes disponibles hasta ahora dan cuenta de una ocupación continua del territorio de Pilmaiquén por más de mil años. En el sitio se han identificado restos correspondientes a distintos períodos culturales, desde el alfarero temprano y tardío, hasta el período histórico, con hallazgos tan recientes como monedas de la década de 1940. Esta superposición de evidencias confirma que se trata de un espacio habitado de manera sostenida en el tiempo, especialmente relevante por su cercanía al río y su ubicación estratégica.
En ese contexto, el arqueólogo cuestionó la idea de que el área haya tenido solo ocupaciones esporádicas o de escasa importancia. A su juicio, la cantidad y diversidad de hallazgos concentrados en un espacio reducido demuestran una complejidad de usos y asentamientos que contradice esa interpretación inicial.
Finalmente, Mera advirtió sobre el riesgo de minimizar los vestigios arqueológicos por su tamaño o apariencia. Fragmentos cerámicos pequeños pueden parecer insignificantes, pero contienen información crucial para reconstruir la vida cotidiana de las sociedades del pasado. Cada objeto elaborado por personas, con técnicas y conocimientos específicos, aporta piezas fundamentales para comprender la historia del lugar, por lo que todos los vestigios tienen un valor arqueológico que no debe ser relativizado.
Defensa del Pilmaiquén: La denuncia de las comunidades ante la «eliminación controlada» de sus sitios sagrados
En diálogo con El Ciudadano, la Machi Millaray Huichalaf, recordó que el proyecto de la central hidroeléctrica no fue consultado, negando que las comunidades mapuches afectadas dieran su opinión al respecto. Para Huichalaf, el proyecto fue “impuesto a las comunidades defensoras del rio Pilmaiken y se emplaza en tierras mapuche y de gran significación cultural”.
“El hallazgo de este ancestro, nuestro antepasado mapuche willicje viene a confirmar lo que hemos dicho al estado de chile y a la multinacional noruega: nuestra ocupación milenaria en la cuenca del sagrado río pilmaiken y la importancia de nuestros espacios ceremoniales sagrados ngen kintuante y ngen koyonkurra (mencahue)”, declaró la machi.
Asimismo, la machi indicó que, pese a las denuncias del Ayllarewe del Ngen Mapu Kintuante sobre la existencia de un eltuwe (cementerio) que constan en actas del CMN, se persistió en una negligencia técnica. Denunció que el uso de sondeos superficiales en el inaltulewfu fue una elección metodológica para invisibilizar los entierros y reducir el patrimonio a simples «fragmentos de baja densidad”.
“El hallazgo del niño no es una sorpresa arqueológica, sino la consecuencia inevitable de un protocolo diseñado para minimizar hallazgos minimizar nuestras prácticas ancestrales y invisibilizar así el impacto en nuestras vidas y cultura de nuestras comunidades afectadas por estos proyectos hidroeléctricos extractivistas”
Para Huichalaf, el hallazgo, la metodología propuesta por el CMN del «rescate arqueológico» es culturalmente y espiritualmente destructiva y científicamente regresiva. La Machi señaló que priorizar la excavación inmediata reproduce una práctica colonial que trata a nuestros hallazgos ancestrales como objetos de estudio extraíbles, no como entidades sagradas en su contexto.
“Esta opción ignora por completo el arsenal de técnicas no destructivas disponibles, que permitirían documentar exigimos proteger el sitio sin profanación. Insistir en el rescate revela que la metodología oficial no busca comprender ni preservar, sino administrar la eliminación controlada del ‘obstáculo patrimonial. La disyuntiva es clara: avalar metodologías fraudulentas o liderar con hechos la protección de un sitio sagrado.’”, concluyó.
Radiografía del proyecto: 190 hectáreas bajo amenaza y la inviabilidad ética del llenado
La Central Hidroeléctrica Los Lagos es una central de pasada que utilizará las aguas del río Pilmaiquén y generará entre 52 y 54 MW de potencia.
El proyecto considera la construcción de una presa de 35 metros de altura y la inundación de cerca de 191,9 hectáreas. Cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable desde 2009.
Statkraft enfrenta presión por completar el rescate arqueológico y cumplir con la ventana autorizada de llenado del embalse, entre el 21 de marzo y el 21 de septiembre. De no lograrlo, la puesta en marcha del proyecto podría postergarse hasta fines de 2027.
El hallazgo del infante no solo cuestiona la rigurosidad de las metodologías arqueológicas aplicadas, sino que pone en entredicho la viabilidad ética del llenado del embalse previsto para marzo. Ante la evidencia de un complejo funerario bajo amenaza, el Estado enfrenta la disyuntiva de amparar un proceso administrativo cuestionado o garantizar la protección efectiva de un patrimonio humano y espiritual irreemplazable.
