Una auditoría realizada por la Contraloría detectó falta de respaldos, rendiciones incompletas, posibles conflictos de interés y deficiencias en la supervisión de iniciativas ejecutadas con recursos públicos.
Un alarmante diagnóstico sobre la gestión de fondos públicos en la región de Tarapacá ha sido entregado por la Contraloría Regional, tras una auditoría que develó un patrón de irregularidades graves en la ejecución de recursos transferidos a organizaciones civiles. El informe de fiscalización, que escrutó 66 iniciativas financiadas por el Gobierno Regional (GORE), culminó con órdenes de devolución de millones de pesos, exigencias de planes de control urgente y la revelación de posibles conflictos de interés y alteración de documentos, configurando un escenario de severa deficiencia administrativa y supervisión.
La investigación, materializada en el Informe N°510 de 2025, expone como falla estructural la ausencia de verificación física de los proyectos financiados con dinero estatal. La Contraloría estableció que, de las 66 iniciativas revisadas, 32 carecían por completo de actas que acreditaran la ejecución de las actividades en el terreno.
Este hallazgo llevó al órgano controlador a instruir formalmente al GORE la elaboración y envío de un «plan formal de fiscalización» en un plazo perentorio de 60 días hábiles.
Contraloría: $58.362.020 fueron rendidos sin la documentación necesaria
El problema más cuantificable, y que motivó las órdenes de restitución más inmediatas, radica en que la Contraloría constató que $58.362.020 fueron rendidos sin la documentación necesaria que acreditara su ejecución efectiva.
«Entre los antecedentes faltantes se encontraban nóminas de asistentes, actas de entrega, evidencia fotográfica y otros antecedentes que acreditaran la recepción de bienes y servicios», detalla el informe.
Ante esta situación, se ordenó al GORE gestionar la devolución de estos recursos y «remitir los comprobantes contables del reintegro en un plazo de 60 días hábiles».
La magnitud de las inconsistencias financieras se amplía al considerar otras categorías de irregularidades. El documento de la Contraloría Regional revela, además, la existencia de proyectos sin rendiciones de cuenta por $87.390.000, saldos pendientes de rendición por $69.590.704 y $96.400.469 en rendiciones ya observadas por falta de respaldos. Frente a este escenario, la instrucción fue clara y contundente: exigir la devolución de estos montos o, en caso de no obtenerse, «iniciar acciones judiciales si corresponde».
Uno de los casos más emblemáticos de irregularidades ocurrió en el proyecto «Alfabetización digital y uso de comisaría virtual». Allí se detectó la ausencia de documentos que probaran la entrega de 14 notebooks, parte de un total de 120 equipos, por un valor de $7.700.000. La Contraloría señaló que, si bien la organización ejecutante ya devolvió los fondos, el GORE no informó «por qué los equipos no fueron utilizados pese a contar con facturas aprobadas previamente», dejando una interrogante sobre el destino final de los recursos.
Más allá de las omisiones, la fiscalización descubrió situaciones que sugieren conflictos de interés, ya que se identificaron coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiarias y proveedores incluidos en las rendiciones, por un monto total de $50.020.381, lo que vulnera abiertamente los manuales de concurso. Como medida inmediata, la Contraloría ordenó la restitución de $12.780.000 y «la revisión ampliada de otras rendiciones no consideradas inicialmente», anticipando que el problema podría ser mayor.
Según el informe también surgió una sospecha de alteración documental tras el análisis de una factura por $14.200.000 emitida en 2024 por Inversiones SIA Ltda., empresa asociada al Club Deportivo y Recreativo MOP Tarapacá.
La Contraloría determinó que «la documentación de respaldo no coincide con los testimonios de cinco de sus siete socios entrevistados de un total de 40», una discrepancia que, según el documento, «podría constituir adulteración de un instrumento público o privado». Por ello, se solicitó al GORE aclarar la situación y «ejercer acciones legales si así corresponde».
