«Que impere la fuerza del derecho»: Asociación de Juristas por la Democracia rechazó medidas de Trump contra Cuba

La Asociación de Juristas por la Democracia (AJD) expresó su más enérgica condena a la orden ejecutiva emitida por el Presidente de EEUU, Donald Trump, en la cual amenaza con imponer aranceles a aquellos países que suministren combustible a Cuba.

A través de una declaración pública, los profesionales cuestionaron que «tal medida, que se suma a los devastadores efectos del bloqueo criminal contra el pueblo cubano, condenado reiteradamente por la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye una flagrante violación de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas».

Entre ellos, mencionaron «la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales, también reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales».

«Lamentablemente», agregaron los juristas, «esta reprochable medida es una expresión más de la aplicación la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, una Doctrina Monroe actualizada que pretende la subordinación de los pueblos del mundo a los intereses de Estados Unidos, desechando la vigencia del Derecho Internacional e imponiendo la ley del más fuerte, poniendo en grave riesgo la paz mundial y el destino de la Humanidad».

«Hacemos un llamado a todos los integrantes de la comunidad internacional a expresar con fuerza su rechazo a estas políticas, urgiendo al sistema internacional de Naciones Unidas para que, en uso de sus facultades y atribuciones, haga todos los esfuerzos para que impere la fuerza del Derecho, única forma de garantizar una sana convivencia internacional», plantea la declaración.

En este punto, también llamaron al Gobierno de Chile «a realizar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para contribuir a poner término a esta escalada de agresiones por parte de la Administración Trump a los pueblos violando su soberanía y su derecho a la autodeterminación».

«Una coordinación regional de los Gobiernos de nuestra América Latina, no sólo constituye una medida necesaria sino urgente. Alzar nuestra voz como pueblo ferviente amante de la Paz y respetuoso del Derecho Internacional constituye un imperativo ético y legal insoslayable, que nuestra Cancillería no debe ignorar», concluye la declaración, que puedes leer íntegramente aquí.

El Ciudadano