La cuenta regresiva pone en la mira a miles de familias migrantes bajo la promesa de expulsiones inmediatas.
Según su promesa de campaña, a partir del 11 de marzo José Kast ejecutaría su plan de expulsar a toda persona en situación migratoria irregular. Con la advertencia de que «se acabó que alguien entre por la ventana», el mandatario electo mantiene una presión constante sobre quienes no cuentan con documentos, ignorando la crisis humanitaria de fondo.
La organización Migrantas denuncia que esta política pone en riesgo a más de 180.000 personas que se empadronaron voluntariamente durante el gobierno de Boric. Según Catalina Bosch, cofundadora de la institución, datos como estos podrían ser utilizados ahora para deportaciones arbitrarias, sin considerar a los extranjeros que no tiene vinculación alguna con delitos.
Alertan que la retórica de Kast criminaliza la migración por el solo hecho de la irregularidad administrativa. «Nos preocupa que sean sujetos de expulsiones sin el debido proceso», señaló Bosch, cuestionando la distinción entre «buenos y malos migrantes» que el presidente electo utiliza para despojar a las personas de su dignidad y derechos fundamentales.
La incertidumbre también golpea a más de 20.000 familias que esperan respuesta a sus solicitudes de reunificación familiar, procesos que hoy se ven amenazados. Para la organización, el enfoque de Kast prioriza el control policial sobre la protección de los derechos humanos, dejando en la inseguridad a quienes buscan refugio o trabajo en el país.
En sus discursos, Kast ha insistido en que el ingreso solo será permitido «por la puerta» y bajo estrictas leyes laborales. Sin embargo, la cuenta regresiva que ha presumido y difundido es vista como una herramienta de persecución psicológica que busca forzar la salida de migrantes antes de recurrir a la fuerza pública.
A medida que se acerca la toma de posesión, la tensión crece en la población extranjera que ven en el Plan Escudo Fronterizo una amenaza directa a su integridad. Mientras el gobierno electo se alista para «recuperar la gobernanza», el país se enfrenta al desafío de no vulnerar tratados internacionales en nombre de una seguridad basada en el temor.
