Por Javier Pineda Olcay
En la ribera del Río Quepe, a metros de donde se encuentra con el Río Cautín, se encuentra ubicada la Comunidad Domingo Ñancucheo y Domingo Melin. El territorio histórico de Forrowe, conocido como Boroa, fue uno de los últimos que resistió a la ocupación española.
A partir de 1883, un grupo de sacerdotes capuchinos se instaló en la zona de Boroa. En un principio, el cacique Ñancucheo les otorgó 4 hectáreas a orillas del río Quepe para que estos instalaran una misión, con el propósito de trabajar por la protección de las tierras y por el desarrollo social y cultural de las comunidades. Sin embargo, estos rápidamente comenzaron a expandirse en las tierras ancestrales de la comunidad.
Las tierras de los loncos Ñancucheo y Melin fueron reducidas a solo 276 hectáreas que serían parte del Título de Merced N°837 otorgado en 1902, pero ello no sería suficiente. La Misión Boroa se apropiaría de gran parte de las tierras, incluyendo un 40% de las tierras que correspondían al Título de Merced. En definitiva, el lof perdió cerca de 210 hectáreas en manos de los Capuchinos, resultado de la sumatoria de tierras ancestrales y otras pertenecientes al título de merced.
El despojo fue legitimado por el Estado de Chile, el cual permitió que estos títulos fueran inscritos a nombre de la orden de la congregación religiosa, siendo su actual dueño la Diócesis de Villarrica. Sin embargo, siempre fueron reivindicados por la Comunidad, existiendo incluso un juicio en el Tribunal de Indios.
La promesa realizada por los capuchinos de educar a los jóvenes mapuche en técnicas agrícolas no fue cumplida. Y a más de 140 años de su instalación, las tierras incluso progresivamente dejaron de producir. Sin embargo, esta situación cambiaría con la recuperación territorial.
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A partir de los años 2000 comenzaron las primeras solicitudes de recuperación formal de los territorios que pertenecieron al Título de Merced N°837. Los estudios antropológicos demostraron el vínculo entre la comunidad y este territorio extendido al sur del Río Quepe.
Esta solicitud se mantuvo archivada hasta los tiempos de la Revuelta Popular, cuando las movilizaciones que se vivieron en todo el país se extendieron hasta el Wallmapu. En el año 2020 un grupo de personas mapuche pertenecientes a comunidades al oriente del Estero Boroa comenzaron una recuperación de los territorios aledaños a la Misión Boroa.
El gran problema de dicha recuperación fue que no estuvo integrada por personas que históricamente vivieron en la comunidad Domingo Ñancucheo y Domingo Melin. Eso provocó que los dirigentes de dicha comunidad asumieran el proceso de recuperación y pudieron probar mediante estudios antropológicos que han sido los dueños históricos de dicho proceso histórico.
Este estudio se presentó el 2024 a la CONADI y al Arzobispo de la Diócesis de Villarrica, demostrándole los antecedentes históricos. Ante esto el Obispo Javier Stenmayer señaló que fue el Estado el que les entregó dichas propiedades, por lo cual a ellos correspondía solucionarlo. Sin embargo, se allanó a la entrega de aproximadamente 220 hectáreas en comodato a la comunidad Domingo Ñancucheo y Domingo Melin mientras se tramitara la compraventa por la CONADI.
CONADI, por su parte, al revisar este nuevo estudio antropológico desempolvó la carpeta que había presentado la comunidad en el año 2002, dándose cuenta que el antropólogo Patricio Sanzana de la propia CONADI había documentado una historia similar el año 2009.
En dicha reunión el ecónomo del Vicariato de Villarrica, Óscar Gil, y los asesores de gabinete de Álvaro Morales, Director de la CONADI, se comprometieron a agilizar la compraventa del predio, ya que cumplía con los criterios de factibilidad. Posteriormente, en otra reunión, el propio Director de la CONADI se comprometía a asegurar los recursos para su compraventa antes de que finalizara el actual periodo presidencial.
Sin embargo, transcurrido más de un año, la compraventa se encuentra paralizada. Según denuncia el werken de la comunidad, Maorí Ñancucheo, en un episodio inexplicable, la jefa de gabinete del Director de CONADI, Carmen Gloria Oñate, y quien había participado de las reuniones con la Comunidad Domingo Ñancucheo y Domingo Melin, asesoró a personas que participaron en la recuperación territorial del año 2020, quienes a pesar de no tener un vínculo histórico con el territorio, se opusieron a la compraventa en favor de la Comunidad. Les recomendó realizar una carta para paralizar la compraventa. La CONADI consultada por El Ciudadano no se pronunció sobre el tema.
A pesar de que la comunidad Domingo Ñancucheo y Domingo Melin cumplen con todos los requisitos necesarios para la aplicabilidad a la compra de las tierras esta no se ha realizado. El expediente 620-10 sigue agarrando polvo en las oficinas de la CONADI.
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A pesar de lo anterior, la paralización de la compraventa no ha significado la paralización de las actividades productivas y ceremoniales de la comunidad.
La recuperación territorial, lejos de dividir entre comunidades mapuche e Iglesia Católica, ha permitido fortalecer los vínculos de la comunidad con los colegios de Almagro, los cuales fueron invitados a conmemorar el We Tripantu, el nuevo año mapuche que también esta vez ha significado un nuevo ciclo para el lof.
Asimismo, este proceso cuenta con un amplio reconocimiento de la comunidad social, incluyendo conversaciones con diputados y senadores de la Región; con la Municipalidad de Nueva Imperial; con otras comunidades mapuche y vecinas y vecinos de la comunidad.
El comodato entregado por la Diócesis de Villarrica contempla el derecho a desarrollar actividades productivas, por lo cual el año 2025 decidieron plantar 100 hectáreas con lupino, trigo y avena forrajera. Las otras hectáreas están siendo limpiadas para futuras siembras el próximo año.
Las familias de la comunidad están retornando y ya tienen la mitad de las tierras entregadas en comodato sembradas. El werken de la Comunidad Domingo Ñancucheo y Domingo Melín, Maorí Ñancucheo, nos señala sus expectativas en este proceso que enfrenta su comunidad: “la CONADI debe hacerse cargo de la deuda histórica que tiene el Estado con nuestra comunidad, debe comprar las tierras, para que así podamos desarrollar procesos productivos y que nuestros familiares puedan volver a la comunidad”.
