Este martes, el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast sostendrán una reunión clave en La Moneda para abordar la controversia vinculada con respecto del cable submarino Chile–China, en medio de crecientes presiones del gobierno de Estados Unidos que han tensionado el traspaso de mando.
Cabe recordar que el 26 de noviembre de 2025, un consorcio conformado por los gigantes tecnológicos chinos —China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group y China United Network Communications Group— ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) una solicitud formal para obtener una concesión que les permitiera construir un cable submarino de fibra óptica para conectar directamente Valparaíso con Hong Kong, con una inversión cercana a los US$500 millones.
La iniciativa que se encuentra en etapa de evaluación, desató la ira de Washington por lo que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó que podría “minar la seguridad regional” y anunció la revocación de las visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump defendió la medida argumentando que los funcionarios “con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
Ante esta medida unilateral, desde La Moneda señalaron que el proyecto sigue en evaluación “siguiendo la institucionalidad” y que las decisiones se toman “en función del mejor interés de Chile y su gente”.
El presidente Boric indicó que instruyó a las autoridades sectoriales a recabar antecedentes “para tomar una decisión fundada”, pero subrayó un punto clave: esa decisión “excede en plazos a nuestro mandato” y deberá ser “continuada o desechada por las próximas autoridades”.
“Es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo”, subrayó el jefe de Estado.
La cita, solicitada por el propio Kast a poco más de una semana del cambio de mando, se produce en un escenario de alta complejidad diplomática.
La polémica se incrementó después de que el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, justificara la revocación de visas a tres funcionarios chilenos, que fue comunicada omitiendo los canales diplomáticos tradicionales señalando que compartió «información específica» sobre hackeos importantes y vulnerabilidades en la infraestructura crítica chilena, sobre las cuales no hubo «ninguna acción» para remediarlo.
Judd planteó que «desde hace años», Washington ha «estado pidiendo encarecidamente al gobierno chileno que adopte mecanismos de evaluación de inversiones».
Indicó que «un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía», y luego pasó referirse al argumento de amenaza a la «seguridad regional» que empleó Marco Rubio para justificar la sanción contra los funcionarios del Gobierno del presidente Gabriel Boric.
Sin nombrar directamente al cable Hong Kong- Valparaíso el embajador estadounidense planteó que Washington respeta «el derecho de Chile a ejercer intercambios comerciales que traigan prosperidad y oportunidades a su pueblo». Sin embargo, señaló que las «amenazas a la infraestructura crítica que arriesgan o que impiden la soberanía – especialmente la infraestructura de las telecomunicaciones – nos afectan a todos».
«En diciembre, el pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos votaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno para proveer lo que exigió el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región – nuestro vecindario compartido – sea segura y próspera para todos», afirmó Judd, cuyos señalamientos directo a la administración saliente han generado un clima de tensión inédito en el proceso de traspaso.
Luego de que se diera a conocer que el ministro Juan Carlos Muñoz firmó un decreto que autorizaba el avance de la iniciativa, el cual fue anulado solo dos días después, la controversia escaló y desde la derecha y los grandes medios cargaron contra la administración de Boric.
Sin embargo, desde La Moneda aclararon que dicho decreto era solo el primer eslabón de una cadena de trece pasos administrativos.
La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo explicó que lejos de tratarse de una aprobación definitiva, como han sugerido los actores políticos y medios de comunicación, este acto administrativo representa apenas el punto de partida de un largo proceso de evaluación.
«El decreto firmado y posteriormente anulado constituye el «primer paso en el sistema de evaluación de un proyecto como este, el primero de 13», afirmó.
«Estamos, hoy día, incluso, en la primera etapa de los 13 pasos», dijo, enfatizando que el proyecto no ha recibido un visto bueno ni una negativa definitiva.
En ese sentido, la ministra salió al paso de las acusaciones que ponían en duda la transparencia del Ejecutivo respecto al estado de la iniciativa y argumentó que cuando el gobierno ha señalado que la iniciativa se encuentra en proceso de evaluación, «está apegado, total y absolutamente, a la verdad».
Molestia en el equipo de Kast
La revelación del decreto firmado y luego anulado provocó una reacción inmediata en la Oficina del Presidente Electo (OPE) y el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), no dudó en manifestar su malestar y acusar falta de transparencia por parte de la administración saliente.
«Es muy raro que primero se firma un decreto que autoriza la operación de este cable, después que se firma se dice que se está evaluando y después que se dice que se está evaluando se dice que se anula. Entonces, aquí hay una serie de elecciones contradictorias», señaló.
«Hay una falta de transparencia en un proceso de traspaso de mando donde deberían tener al menos la deferencia de comunicar cuando hay decisiones que son complejas y que van a afectar al próximo Gobierno. Y en este caso no se hizo», apuntó.
No obstante, Alvarado no hizo mención a los antecedentes que revelan que la empresa CMI Chile SpA, filial de China Mobile International, utilizó como domicilio legal en nuestro país, la dirección de un estudio jurídico fundado por Fernando Barros, exabogado del dictador Augusto Pinochet en Londres y futuro ministro de Defensa de Kast.
Reunión en La Moneda
En medio de la controversia, este martes se celebrará una nueva reunión en La Moneda entre el Mandatario saliente y el entrante en la que el cable submarino chino será el tema central de la agenda.
Kast llegará acompañado por integrantes de su futuro gabinete, entre los que se cuentan el propio Claudio Alvarado (Interior), Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Jorge Quiroz (Hacienda) y, Louis de Grange como próximo titular de Transportes y Telecomunicaciones.
La reunión se produce con la información que Kast pueda obtener del gobierno saliente, información que será crucial para establecer directrices y fijar su postura frente a un proyecto que lleva meses en evaluación y que ahora enfrenta presiones internacionales sin precedentes.
Soberanía digital
Incluso antes de comenzar formalmente su gobierno, la administración del republicano ya debe encontrar soluciones y posicionamientos para dos dimensiones igualmente complejas del conflicto. La primera, de carácter interno y técnico, recaerá en gran parte sobre los hombros de Louis de Grange, el designado ministro de Transportes.
Expertos consultados por el newsletter +Política se refirieron a los desafíos que deberá enfrentar De Grange indicando que incluyen aspectos altamente sensibles como el control soberano en tierra de la infraestructura, la realización de auditorías técnicas independientes que garanticen la seguridad de los datos y el desarrollo del protocolos de mantenimiento claros que impidan accesos no autorizados y las rutas diversificadas que permitan evitar una dependencia estructural de algún país o proveedor.
«La relevancia estratégica del proyecto es innegable. Los cables submarinos, por donde circula más del 95% del tráfico mundial de datos —desde internet hasta comunicaciones gubernamentales y transacciones financieras—, son la columna vertebral de la economía digital contemporánea. De Grange y el gobierno de Kast tendrán en sus manos un activo estratégico donde el margen de error es mínimo, muy lejos de una obra sectorial convencional», consignó El Mostrador.
Por su pàrte, el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, explicó que en la actualidad, grab parte del tráfico a Asia pasa por Estados Unidos o rutas indirectas.
«Una conexión directa reduce dependencia de hubs intermedios; aumenta redundancia estructural; mejora resiliencia ante fallas regionales; fortalece la autonomía estratégica. En un mundo donde el tráfico de datos crece exponencialmente, diversificar rutas es una decisión de política país», expuso Ramírez, graficando que lo que está en juego no es un mero contrato comercial sino una definición de largo plazo sobre la inserción digital de Chile.
Kast frente a las presiones de Washington
El segundo lado del dilema es tanto o más complejo que el primero: la advertencia explícita de Estados Unidos para la administración entrante. El cable submarino no representa solo una diversificación en rutas de datos, sino también un posicionamiento geopolítico fundamental en la región, así como una puerta de entrada para la influencia tecnológica china en el hemisferio occidental.
La académica Paulina Astroza analizó la encrucijada que enfrenta el republicano.
«Hay una gran disyuntiva, un dilema que tendrá el futuro Presidente José Antonio Kast, pero que lo están teniendo todos los presidentes en el mundo, que de alguna manera no se entregan lisa y llanamente a los deseos de Donald Trump», declaró a El Mostrador, poniendo el conflicto en perspectiva global y recordando que no se trata de una presión exclusiva sobre Chile.
En esa línea de análisis, existen dos posibles escenarios que deberá evaluar el próximo gobierno. El primero implica un alineamiento explícito con Washington y un freno definitivo al proyecto con China. Esta opción sitúa a Chile en sintonía política con Trump y con el discurso de seguridad hemisférica que ha impulsado su administración. Sin embargo, tendría consecuencias económicas de gran impacto, teniendo en consideración que el gigante asiático es el principal socio comercial de Chile, destino clave de las exportaciones de cobre y el litio, y actor central en inversiones estratégicas en diversos sectores productivos.
El segundo escenario posible es que Chile decida mantener el proyecto y sostener una política exterior autónoma y diversificada, que ha caracterizado históricamente la diplomacia chilena. En ese caso, deberá convivir con un Estados Unidos que explicitó sin ambages su intención de optar por represalias en caso de que así lo amerite.
La advertencia del embajador Judd fue clara cuando señaló que «Chile tiene el derecho soberano de tomar decisiones por sí mismo. Lo que no pueden elegir son las repercusiones», una frase que resume la lógica de presión que enfrentará el próximo gobierno.
Para Jeanne Simon, analista estadounidense, el mensaje de Washington es clarísimo y tiene múltiples destinatarios. «Seguramente quieren castigar a las ‘personas responsables’ antes del cambio del mando. A través de ello también mandan un mensaje al nuevo Gobierno de Kast: que deben respetar las prioridades del Gobierno de Trump», interpretó la experta, dando cuenta de que la revocación de visas no fue una medida diplomática, sino una señal deliberada.
Richard Kouyoumdjian, experto en seguridad e inteligencia de AthenaLab, profundizó en las complejidades de la decisión que enfrenta el próximo gobierno.
«Chile tiene todos los márgenes [para tomar decisiones en infraestructura crítica], pero tiene que saber que en el mundo actual no se puede servir a dos patrones. No podemos en los tiempos actuales, como dice la expresión popular, quedar bien con Dios y con el Diablo. Nosotros debemos tener claro cuáles son los intereses nacionales, ya que sin esa definición no vamos a saber enfrentar las cuestiones sobre las cuales vamos a tener que decidir», señaló en conversación con El Mostrador, enfatizando que el problema de fondo no es técnico sino de definición estratégica.
Gabinete sin experiencia en crisis internacionales
Uno de los graves problemas que enfrentará la administración de José Kast no es solo diplomático, sino también de gestión de recursos humanos en posiciones clave.
«El gabinete seleccionado —admiten en su círculo más cercano— lo componen rostros nuevos sin experiencia en primera línea política, ni menos en resolución de crisis internacionales de alta complejidad. No son animales políticos entrenados para resistir la presión de cancillerías poderosas, plantean algunas voces críticas», según señaló el medio citado.
La combinación entre un conflicto geopolítico de primera magnitud y un equipo sin experiencia en lidiar con presiones externas genera interrogantes sobre la capacidad de respuesta del próximo gobierno. Los nombramientos, pensados originalmente para gestionar áreas técnicas específicas, ahora deberán enfrentar un tablero internacional donde cada movimiento puede tener consecuencias imprevistas.
José Antonio Kast está obligado a tomar decisiones que exceden con creces sus promesas de campaña y que le exigirán poner a prueba su liderazgo y convicción en tomar medidas que favorezcan a Chile. Durante la campaña electoral, su discurso se centró en temas de seguridad interior y orden público, pero ahora deberá navegar las turbulentas aguas de la geopolítica global con un equipo sin experiencia en estas lides.
La cita de este martes en La Moneda va más allá de una reunión de traspaso: es el preludio de una definición de país frente a su política económica y diplomática.

