Pensiones bajas para la mayoría, $3,7 millones para Krassnoff: así paga el Estado a condenados por DD.HH.

En Chile, hablar de pensiones suele ser hablar de estrechez: montos que no alcanzan, remedios que se postergan, cuentas que se acumulan. Pero hay una realidad paralela —pagada con recursos públicos— que vuelve a aparecer cada vez que se escarba en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

Según información obtenida vía Transparencia por Contrapoder , la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) pagó $121.606.334 en el último año en pensiones de retiro a cuatro condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplen condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, conocido como ex Punta Peuco: Miguel Krassnoff, Raúl Iturriaga, Álvaro Corbalán y Carlos Herrera.

La cifra no aparece en el vacío . Se conoce justo después de que la Corte Suprema ordenara terminar con privilegios al interior del penal ex Punta Peuco : afuera televisores, refrigeradores y cientos de electrodomésticos, junto a decenas de colchones que estaban en los módulos. El mensaje fue claro: condena es condena. Pero el contraste vuelv a golpear cuando se mira la otra cara del mismo Estado: mientras se recortan esas comodidades intramuros, las pensiones de retiro —pagadas por Capredena— siguen corriendo para condenados por violaciones a los derechos humanos.

Krassnoff: hasta $3,7 millones al mes

De los datos recabados por Contrapoder, el caso más llamativo es el de Miguel Krassnoff, exagente de la DINA. Entre enero y noviembre de 2025 su pensión fue de $3.636.918 mensuales. En diciembre de 2025 y enero de 2026, el monto subió a $3.762.028.

En total, Krassnoff acumuló $47.530.154 en un año solo por su retiro de las Fuerzas Armadas. Dicho de otra forma: en un país donde la mayoría recibe pensiones que no alcanzan para vivir con tranquilidad, el Estado siguió pagando a un condenado por violaciones a los derechos humanos una jubilación de nivel privilegiado.

Iturriaga: más de $40 millones en 12 meses

El segundo monto más alto corresponde a Raúl Iturriaga, también exintegrante de la DINA. Entre enero y noviembre de 2025 percibió $3.131.949 mensuales. Luego, en diciembre de 2025 y enero de 2026, su pensión subió a $3.239.688 (un alza de $107.739).

Sumadas mes a mes, sus pensiones del último año alcanzan $40.930.815. Si se mira el total de Krassnoff e Iturriaga en conjunto, hablamos de más de $88 millones en un año pagados por Capredena a dos exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad.

Corbalán y Herrera: montos menores, pero igual millonarios

En el caso de Álvaro Corbalán, exjefe operativo de la CNI, el registro indica que recibió $1.046.587 mensuales entre enero y noviembre de 2025, subiendo a $1.082.590 en diciembre de 2025 y enero de 2026. Con ese ritmo, Corbalán acumuló $13.677.637 en un año.

Finalmente, el exagente de la CNI Carlos Herrera recibió $1.489.634 mensuales entre enero y noviembre de 2025. En diciembre de 2025 y enero de 2026, su pensión subió a $1.540.877, sumando $19.467.728 en el último año.

Los números cambian entre uno y otro, pero el punto de fondo se mantiene: son pensiones pagadas por el Estado a personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos.

Un debate que no se cierra

Las cifras conocidas por Contrapoder Chile vuelven a instalar una pregunta incómoda , pero inevitable: ¿cómo se justifica que , mientras el sistema previsional civil entrega pensiones que obligan a “hacer magia” cada mes, existan jubilaciones de retiro que se mantienen intactas para condenados por crímenes de la dictadura?

No se trata solo de montos. Se trata de señales. Y la señal que dejan estos pagos es dura: en Chile, la impunidad también puede expresarse en cuotas mensuales , depositadas con regularidad, incluso cuando hay condenas por violaciones a los derechos humanos.