Un complejo capítulo se suma a la situación judicial de Martín de los Santos, el empresario chileno que permanece detenido en Brasil desde mediados del año pasado. El caso que conmocionó a la opinión pública por la brutal agresión al conserje Guillermo Oyarzún, sigue generando controversia con la inminente expulsión del imputado desde territorio brasileño y la subsiguiente estrategia de su defensa para determinar el lugar donde enfrentará la justicia.
De los Santos abandonó Chile en julio del 2025, cruzando la frontera hacia Brasil en un momento procesal clave, cuando no pesaba sobre él una medida de arraigo que impidiera su salida del país. Esta fuga, sin embargo, llegó a su fin con su detención en el país carioca, y ahora las autoridades trabajan para materializar su regreso.
En este contexto, mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente, liderada en esta causa por el fiscal Francisco Lanas, afina los detalles del traslado en coordinación con Interpol Chile, la defensa del empresario ya ha puesto sobre la mesa su principal exigencia: el recinto penitenciario donde De los Santos debería cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.
Punta Peuco o Casablanca
Según consignó Meganoticias, la defensa de Martín de los Santos, encabezada por el abogado Guillermo Giugliano, presentó escritos formales ante el tribunal para que se evalúe la posibilidad de que su representado sea recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco o, en su defecto, en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca.
El objetivo es que los tribunales de justicia oficien a Gendarmería de Chile para que el organismo penitenciario realice los informes técnicos correspondientes sobre la viabilidad y factibilidad de que el imputado cumpla con la prisión preventiva en estos recintos, los cuales poseen características diferenciadas del resto de la población carcelaria común.
La petición no es un mero trámite administrativo, sino que encierra la estrategia medular de la defensa: evitar a toda costa que Martín de los Santos sea enviado a un centro penitenciario convencional, donde, según argumentan, su integridad física correría serio peligro.
«Ambiente de hostilidad colectiva»: los argumentos de la defensa
Para justificar esta solicitud, el abogado Guillermo Giugliano ha esgrimido el concepto de un «ambiente de hostilidad colectiva» que, a su juicio, rodea la figura de su representado. Este ambiente, según el jurista, sería una consecuencia directa de la alta exposición mediática que ha tenido el caso desde el primer momento.
En detalle, argumentó que existe un «ambiente de hostilidad colectiva» en torno a Martín de los Santos debido a la alta exposición mediática del caso, por lo que podría ser herido por otros internos en caso de recaer en un centro penitenciario común.
Para robustecer su petición, la defensa incorporó una investigación paralela por una golpiza que el empresario denunció haber sufrido a la salida del Centro de Justicia, luego de una audiencia de control de detención, la cual le habría ocasionado serias lesiones, incluyendo fracturas en costillas y daños en un antebrazo, lo que para su representación legal constituye una prueba fehaciente de la vulnerabilidad a la que está expuesto.
En los escritos presentados ante el tribunal, la defensa argumentó que Martín de los Santos «presenta un riesgo real y actual de sufrir agresiones o atentados contra su vida» si no se realiza una adecuada evaluación técnica para su asignación penitenciaria. Además, señaló que es deber del Estado garantizar la integridad de toda persona privada de libertad, consignó el medio digital La Hora.
Una imagen pública construida sobre humo
De los Santos se jactaba de ser un terapeuta financiero certificado para clientes de alto patrimonio. Ofrecía retiros espirituales a 7.000 dólares, invitaba a “facturar desde una casa con vista al mar” y vendía terrenos en Pichilemu, que incluso intentó ofrecer como compensación a la familia de Guillermo Oyarzún, el conserje agredido. La familia rechazó la propuesta.
En entrevistas anteriores, también dijo haber pertenecido a las juventudes de la UDI, uno de los partidos de ultraderecha en Chile, y aseguró que la noche de la agresión fue drogado sin saberlo, o fue víctima de una «sumisión química» como dijo su exabogado, como forma de exculparse.
Brutal agresión con consecuencias irreversibles
Cabe recordar que el ataque contra el conserje ocurrió en un edificio de Vitacura, donde cámaras de seguridad captaron a Martín de los Santos golpeando salvajemente a Guillermo Oyarzún, de 70 años. La víctima quedó con fractura de mandíbula y pérdida de visión en un ojo. El video del hecho causó conmoción en redes sociales y presión pública sobre el sistema judicial.
Pese a su historial de violencia, De los Santos había logrado evitar sanciones serias en el pasado. Según información publicada por Radio Bío Bío, tiene antecedentes por lesiones, amenazas, maltrato de obra a Carabineros, ocultamiento de identidad, y un episodio particularmente violento en 2019, cuando golpeó a un abogado que había estado con su expareja. En todos esos casos, salió bien librado: sobreseimientos, indemnizaciones o suspensión condicional del procedimiento.
