Sindicato de Fundación Manquemávida denuncia precariedad: docentes costean hasta sus materiales de clase

El pasado 2 de marzo, el Sindicato de Trabajadores Manquemávida retomó la huelga legal tras el fracaso de las instancias de mediación obligatoria a fines de 2025. El conflicto, que mantiene a 40 funcionarios fuera de sus labores en pleno inicio del año escolar, se originó por el rechazo total de la fundación a un petitorio que exige reajustes salariales, el pago de horas extraordinarias y que el empleador provea insumos básicos de oficina que hoy costean los mismos docentes. 

El proceso de negociación colectiva entre el Sindicato de Trabajadores de la Fundación Educacional Manquemávida (Santa Cruz) y la institución comenzó el 30 de octubre de 2025. El petitorio original incluía puntos clave como el reajuste para asistentes, actualización de asignación de alimentación, pago de horas extraordinarias, mantención de herramientas tecnológicas (laptops) e insumos básicos de oficina.

A pesar de que el sindicato afirma haber mostrado disposición al diálogo e incluso haber rebajado sus pretensiones iniciales (cediendo en temas como el pago de horas extra y la provisión de materiales que hoy costean los propios docentes), la Fundación rechazó la totalidad de las propuestas. Esto llevó a que, el 15 de diciembre, cerca del 90% de los trabajadores votara a favor de la huelga.

Tras fracasar la mediación obligatoria el 29 de diciembre, la huelga legal se hizo efectiva el 30 de diciembre de 2025. El sindicato responsabilizó al colegio por la falta de voluntad para llegar a acuerdos y criticó medidas como el aumento de alumnos por sala. 

El movimiento se retomó con fuerza el 2 de marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del año escolar, lo que ha dejado a 40 trabajadores fuera de sus funciones. El día 4 de marzo, el sindicato presentó una nueva propuesta y solicitó una mediación voluntaria ante la Dirección del Trabajo para destrabar el conflicto.

En entrevista con El Ciudadano, el sindicato detalló que sus demandas centrales se enfocan en la flexibilidad de tiempos para asegurar el pago íntegro del bono de alimentación. Respecto a este último, proponen un incremento escalonado: $20.000 inmediatos, seguidos de alzas de $10.000 en 2027 y 2028.

“Si bien nominalmente este bono está asociado a la alimentación, en la práctica constituye un apoyo económico necesario para los trabajadores, quienes finalmente deben decidir cómo administrar sus ingresos frente a remuneraciones que muchas veces resultan insuficientes para cubrir el costo de vida. En ese sentido, este bono representa una medida básica de apoyo al bienestar de los trabajadores”, declararon desde el sindicato.

Asimismo, exigen un bono de término de conflicto que cubra la totalidad de los días en huelga, comprometiéndose a recuperarlos bajo un esquema de organización transparente. 

Además, el sindicato denunció como «insólita» la falta de insumos básicos, señalando que los trabajadores costean sus propias herramientas y equipos. Ante la precariedad en el pago de horas extra y la falta de materiales técnicos, la organización recordó que estas son obligaciones legales del empleador y no descartan recurrir a instancias judiciales si la empresa no garantiza las condiciones mínimas para operar.

“En efecto, los docentes terminamos costeando algunos insumos básicos para el ejercicio de nuestra labor, como impresiones o el uso de nuestros propios dispositivos tecnológicos. En el caso específico de las impresoras, el problema no radica en que el colegio no disponga de ellas, ya que existen, sino en que se encuentran ubicadas en oficinas o espacios de acceso restringido. Esto obliga a los docentes a depender de secretarias u otras personas para poder imprimir material pedagógico, lo que dificulta y retrasa un trabajo que muchas veces requiere inmediatez”, agregaron. 

Por otro lado, frente a la posibilidad que ha planteado el establecimiento de aumentar la cantidad de alumnos por sala, el sindicato indicó que genera preocupación tanto a ellos como a las y los apoderados. Señalaron que con la actual cantidad de alumnos el trabajo pedagógico ya resulta exigente e intenso, por lo que incorporar a más alumnos por sala podría llegar a comprometer la forma en que actualmente se desarrollan los procesos educativos. 

“El impacto de una medida de este tipo no se limita únicamente al aula, sino que se extiende de manera transversal a toda la institución. En términos concretos, implica más evaluaciones que revisar, más material que preparar e imprimir, mayores probabilidades de situaciones de conflicto en la convivencia escolar y, en general, un mayor nivel de hacinamiento en los espacios educativos. Todo esto termina afectando las condiciones en que se realiza el trabajo pedagógico y, por consiguiente, la calidad del proceso de enseñanza”

A juicio del sindicato la directiva ha usado una estrategia de desgaste y precarización, ya que la institución inició la negociación ofreciendo condiciones inferiores al piso mínimo anterior. Además, denunciaron una retórica “insólita” por parte del colegio, donde se pretende que los trabajadores agradezcan obligaciones legales básicas —como el pago de cotizaciones— en lugar de valorar su labor profesional. 

Para los trabajadores, el diálogo se encuentra entrampado en una lógica donde la fundación busca instalar un sentimiento de deuda en el personal, ignorando que sus demandas son acotadas y fundamentales para garantizar el respeto y la dignidad docente.

En cuanto al respaldo de las y los apoderados, el sindicato agradeció que hayan validado sus demandas como “justas y razonables”. Sin embargo, lamentan profundamente la interrupción de las clases y empatizan con el costo económico y educativo que asumen las familias, pero recalcaron que buscan una solución justa y responsable, no a cualquier costo. Para los trabajadores, este conflicto es también una oportunidad para fortalecer el vínculo con la comunidad y construir una relación basada en el respeto mutuo y la valoración real de quienes educan a sus hijos.

Por último, tras el fracaso de la mediación el pasado 5 de marzo, el sindicato denunció que la institución presentó una propuesta «ambigua y testimonial» bajo un plazo de presión inaceptable. Los trabajadores calificaron la estrategia del colegio como un intento deliberado de desgaste, subrayando que sus demandas actuales son mínimas y necesarias. Ante la negativa de la directiva por recoger estos puntos básicos, el sindicato ha ratificado la intensificación de la huelga, responsabilizando al colegio por las consecuencias que este conflicto genera en los estudiantes y en toda la comunidad educativa.

Solidaridad sindical: La red de apoyo que blinda a los trabajadores de Santa Cruz

Ante la falta de acuerdos y las críticas a la gestión de la directiva, el movimiento ha recibido el respaldo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATED), quienes hicieron un llamado a la solidaridad sindical para apoyar las demandas de los trabajadores de Santa Cruz.

En conversación con El Ciudadano, Daniela Barruel, presidenta de FENATED explicó que el rol de la organización es brindar apoyo integral, técnico y solidario a los sindicatos en procesos de negociación colectiva. 

En esa línea, FENATED activó una red de apoyo que incluye la coordinación directa con el Departamento de Particulares Subvencionados del Colegio de Profesores y acompañamiento legal permanente desde el inicio del conflicto. 

Además de difundir la causa del sindicato, la Federación ha intervenido activamente ante autoridades policiales tras reportarse episodios de amedrentamiento, como la presencia de efectivos de civil en el establecimiento. Este respaldo busca blindar a los dirigentes ante prácticas intimidatorias, garantizando que el proceso de negociación cuente con protección externa y visibilidad nacional.

Para la organización existe una lógica patronal sistemática que tiene por objetivo desmantelar la actividad sindical a través de práctica antisindicales, actualmente  judicializadas en múltiples regiones del país. Según la Federación, existe una intención deliberada de los sostenedores por entorpecer la organización laboral y minimizar logros históricos, como mejoras en sueldos base, asignaciones profesionales, licencias médicas y beneficios habitacionales.

Desde la organización, señalaron que reactivar la huelga al inicio del año escolar es un último recurso tras el agotamiento de las vías de diálogo. Además, subrayaron que existen demandas fundamentales como los insumos básicos y las condiciones mínimas de higiene y trabajo, para la organización, el bienestar docente y de los asistentes es directamente proporcional a la calidad educativa que reciben los estudiantes.

Pese a que la organización ha impulsado activamente procesos de mediación ante la Inspección del Trabajo, la falta de voluntad de la contraparte ha derivado en la judicialización del conflicto mediante dos denuncias por prácticas antisindicales, evidenciando una desconexión entre la disposición al acuerdo de los trabajadores y la intransigencia del empleador.

Desde FENATED señalaron que más allá del ámbito salarial, el sindicato exige recursos elementales para la docencia —como acceso a impresoras, Wi-Fi estable, computadores y materiales básicos como hojas o cartulinas—, elementos que hoy los propios trabajadores deben costear de su bolsillo para garantizar la continuidad pedagógica. Para la organización, esta situación evidencia una lógica empresarial de ahorro que prioriza el lucro por sobre el bienestar docente y el aprendizaje de los estudiantes, obligando a los trabajadores a financiar con sus recursos personales la infraestructura que el sostenedor debería proveer por obligación.

Por último, la organización denunció la existencia de una exclusión sistemática de los trabajadores en la elaboración de políticas públicas a pesar de que el sector atraviesa una etapa de creciente conflictividad y madurez sindical. 

La Federación subrayó que el uso de la huelga legal no es un acto aislado, sino una herramienta legítima para corregir las deficiencias en el aula que los sostenedores ignoran. En sintonía con estándares internacionales, exigen que el Estado y la institucionalidad reconozcan a los sindicatos como actores fundamentales de la comunidad educativa, ya que su existencia no solo dignifica la labor de docentes y asistentes, sino que mejora sustancialmente la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.