José Santiago Faúndez Sepúlveda, el capitán del Ejército, condenado en mayo de 2025 por la Corte Suprema a 15 años de prisión efectiva por el homicidio de Romario Wladimir Veloz Cortés durante la revuelta social de 2019, se perfila como el primer militar en recibir un indulto por parte del gobierno de José Antonio Kast.
La información fue revelada por la periodista Mónica Pérez durante el programa Hablemos en Off de Radio Duna, encendiendo las alarmas sobre los criterios que estaría utilizando el republicano para hacer uso de la facultad que le confiere la Constitución.
Según señaló Pérez en el espacio radial, al momento de ocurrir los trágicos hechos que terminaron con la vida del joven estudiante de construcción civil de 26 años, Faúndez Sepúlveda presentaba problemas de salud mental.
Esta situación habría motivado un intento previo por parte de las autoridades castrenses para gestionar su baja inmediata del Ejército, un proceso que finalmente no se concretó.
Condenado por violencia letal en la revuelta:
Este antecedente, que ahora podría ser considerado por el mandatario para justificar un eventual indulto, contrasta con la contundencia de las pruebas que presentaron los tribunales de justicia para establecer su responsabilidad en los hechos ocurridos aquel 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo.
El fallo judicial, que quedó firme tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso de queja interpuesto por su defensa, lo sentencia por el delito consumado de violencia innecesaria con resultado de muerte, además de dos delitos consumados de violencia innecesaria que causaron lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés.
La decisión del máximo tribunal, adoptada en mayo de 2025, cerró toda vía de apelación para el uniformado, quien cumple su condena en el penal Colina 1.
El fallo de primera instancia, confirmado por la Corte de Apelaciones de La Serena el 9 de enero de 2024 y posteriormente ratificado por la Suprema, describió con lujo de detalles la secuencia de acontecimientos que llevaron a la muerte de Romario Veloz.
En ese contexto, mientras se encontraba vigente el estado de excepción constitucional de emergencia declarado a raíz del estallido social, el capitán Faúndez Sepúlveda había asumido como comandante de la Unidad Fundamental de Emergencia (UFE N°1), con la misión de materializar la presencia militar en el área para velar por el orden público y precaver daño o peligro para la seguridad de las personas y sus bienes.
Según los antecedentes, el 20 de octubre de 2019, aproximadamente a las 18:08 horas, mientras se desarrollaba una manifestación que se desplazaba por la Ruta 5 Norte, algunas tiendas del mall Plaza La Serena comenzaron a ser saqueadas. Ante esta situación, el capitán Faúndez Sepúlveda instruyó la conformación en cadena de tiradores de las escuadras militares, una maniobra que, según estableció la justicia, logró su objetivo inmediato: disuadir a quienes se encontraban sustrayendo especies de los locales comerciales.
Sin embargo, a pesar de haber conseguido el propósito del despliegue militar sin necesidad de utilizar la fuerza letal, el oficial ordenó sucesivamente el avance de las líneas en cadenas, incorporándose otras escuadras y escalando peligrosamente la tensión en el lugar.
Fue así como, aproximadamente a las 18:13 horas, José Santiago Faúndez Sepúlveda instruyó a los soldados bajo su mando abrir fuego con los fusiles que portaban.
El tribunal acreditó que las armas —SIG calibre 7.62 y Galil calibre 5.56— se encontraban, principalmente, con munición de guerra y, en menor proporción, con munición de fogueo, apuntando en dirección a los civiles que se mantenían en el lugar
En la primera sucesión de disparos, aproximadamente a las 18:15 horas, el conscripto Rojas Barrera disparó una munición real con su fusil SIG, que impactó a Rolando Alberto Robledo Vergara , provocándole lesiones de carácter grave y necesariamente mortales, sin socorro oportuno y eficaz, quedando con una deformidad física permanente y discapacidad funcional que lo incapacita para el trabajo.
Asesinato de Romario Veloz
La tragedia no terminó ahí. Alrededor de las 18:22 horas, estando en conocimiento de que sus subalternos habían disparado con munición real y mantenían las armas apuntando en dirección a los civiles, Faúndez Sepúlveda dio una segunda orden de fuego. Esta instrucción resultó letal: el soldado conscripto Robledo Olguín disparó el fusil Galil cargado con munición de guerra, impactando a Romario Wladimir Veloz Cortés, ciudadano ecuatoriano que se encontraba de pie en las inmediaciones, provocándole la muerte.
En la misma secuencia de disparos, el cabo Arenas Mancilla disparó su fusil Galil, también cargado con munición de guerra, impactando en la pierna izquierda a César Antonio Véliz Cortés, originándole lesiones de carácter grave que, sin atención oportuna y eficaz, le habrían provocado la muerte.
En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema —integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Soledad Melo y el abogado integrante Eduardo Gandulfo— descartó falta o abuso grave en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que había rechazado previamente el recurso de nulidad deducido por la defensa del militar.
De esta forma, el máximo tribunal no solo confirmó la condena de 15 años para el capitán Faúndez, sino también las penas impuestas a los soldados conscriptos Carlos Javier Robledo Olguín y José Andrés Arenas Mancilla, sentenciados a 10 años y 5 años de presidio respectivamente, como autores de los delitos de violencia innecesaria causando muerte y violencia innecesaria causando lesiones graves.
Kast y el indulto a uniformados condenados por la revuelta social
En medio de este escenario jurídico ya resuelto, el presidente José Antonio Kast ha confirmado que su administración se encuentra en una fase de evaluación para conceder el beneficio del indulto presidencial a agentes del Estado —específicamente carabineros y militares— que fueron condenados por la justicia por delitos cometidos durante la revuelta social de 2019.
En una entrevista concedida a Teletrece, el mandatario señaló que se encuentra revisando los expedientes judiciales de los uniformados que actualmente cumplen condenas, y justificó esta medida apelando al contexto de violencia que, según su visión personal, marcó aquellas jornadas de protesta que estremecieron al país entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Las declaraciones de Kast no solo confirmaron la evaluación de los indultos, sino que entregaron una señal clara sobre el espíritu con el que su gobierno abordará esta sensible materia. Según el mandatario, existe una distinción fundamental entre quienes actuaron bajo el mandato del Estado en medio de una crisis de orden público y la violencia desatada en las calles por parte de manifestantes. En sus palabras, recogidas por la señal televisiva, Kast fue enfático al plantear su perspectiva sobre lo ocurrido:
«Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado».
Aunque el republicano planteó que las decisiones del Poder Judicial deben ser respetadas en su mérito, indicó que la herramienta constitucional del indulto existe precisamente para corregir situaciones que, desde la perspectiva del Ejecutivo, resultan injustas o desproporcionadas, independientemente de lo que hayan resuelto los tribunales de justicia tras un debido proceso.
En esa línea, fue categórico al afirmar su intención de hacer uso de sus atribuciones constitucionales, sin dejarse intimidar por las posibles críticas que puedan surgir desde los organismos de derechos humanos, las víctimas y sus familiares, así como desde la oposición política.
«La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar», aseguró.
El Mandatario señaló que el Ejecutivo se encuentra analizando cada expediente de manera individual antes de adoptar cualquier tipo de decisión.
«Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo», indicó al tiempo que planteó que su administración busca «partir perdonando», en este caso a los carabineros y militares que han sido condenados por delitos relacionados con el estallido social.
«Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo. Yo entiendo que alguien que haya sido, que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando», afirmó.
Hasta ahora, el republicano no ha confirmado oficialmente cuál será el primer indulto que se concederá, Sin embargo, la decisión, marcará un hito en su administración y definirá su posición frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.
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