Más de 300 indicaciones buscan frenar proyecto de la derecha que abre la puerta a criminales de la dictadura

Senadores del PS, el PPD y el Frente Amplio han ingresado más de 300 indicaciones, con el objetivo de frenar el cuestionado proyecto de ley (boletín N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas, que permite a reclusos mayores y enfermos terminales cumplir sus condenas en arresto domiciliario y abre la puerta a criminales de la dictadura cívico-militar.

La iniciativa, presentada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, que fue aprobada en general en el Senado de forma estrechísima — 23 votos a favor y 22 —, beneficiaría directamente a reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los DD.HH.

De avanzar, se estima que más de 300 condenados por lesa humanidad, así como más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes y parricidio podrían conmutar sus penas.

Ante este escenario, los senadores del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatríz Sánchez, ingresaron más de 100 indicaciones «con el objetivo de evitar que se apliquen beneficios carcelarios a quienes han cometido delitos de lesa humanidad».

Ibáñez advirtió que el texto deña normativa que fue aprobado, “conmuta las penas a los criminales y los devuelve a sus casas”.

Cuestionó que “no restringe por edad” y contempla “una causal muy amplia en torno a enfermedades crónicas”, lo que permite que reclusos con patologías como diabetes o hipertensión “podrían, eventualmente, volver a su casa a cumplir la pena”.

El senador también se refirió a los posibles efectos que podría ocasionar en materia de derechos humanos la propuesta de la derecha y planteó que representa  “un atentado contra la dignidad de familias que siguen buscando a sus seres queridos” y que además podría representar “una violación de tratados internacionales”.

Por su parte, los senadores del PS y el PPD han ingresado 236 indicaciones para intentar frenar el proyecto que podría generar una «impunidad encubierta», al permitir que personas condenadas por distintos delitos cumplan sus penas en sus domicilios bajo determinados criterios de salud. El alcance de la norma podría extenderse mucho más allá de los casos asociados a violaciones a los derechos humanos, abriendo la puerta a que personas condenadas por delitos graves —incluidos homicidios o abusos sexuales— soliciten cumplir sus penas fuera de la cárcel.

“Nosotros queremos informar a la opinión pública que, como bancada del PS y del Partido por la Democracia, presentamos más de 200 indicaciones que lo que buscan es evitar que este proyecto termine generando, como lo ha dicho la presidenta de nuestro partido (senadora Paulina Vodanovic), una impunidad encubierta”, indicó el senador Fidel Espinoza (PS), al exponer la postura del bloque.

Espinoza dejó claro que mantendrán una oposición total durante la tramitación del proyecto presentado por Chahuán, Ebensperger, Cruz-Coke, Kusanovic y Kuschel.

«Nos vamos a oponer en todas las instancias, partiendo por la comisión de Derechos Humanos del Senado, nos vamos a unir para echar abajo una iniciativa que lo que estaba logrando era no solamente dejar libre, de la forma como fue aprobada en general, a los violadores de derechos humanos, sino que también a otro tipo de criminales», señaló en declaraciones recogidas por La Tercera.

El senador del PPD Ricardo Celis advirtió, que de avanzar, la cuestionada iniciativa permitiría que “un violador que incluso haya asesinado a una mujer, si fuera diabético, podría salir a los 70 años. Eso es inadmisible y en eso estamos absolutamente de acuerdo”.

En opinión de Celis la discusión también debe centrarse en el uso del indulto presidencial y fue enfático en afirmar: “no queremos vía de salida, no queremos bypass»

«Tanto el indulto presidencial como, por cierto, ese proyecto que ha horrorizado al país, deben ser revisados absolutamente», subrayó el legislador.

En tanto, la senadora y presidenta del PS Paulina Vodanovic, planteó que no se trata de “un debate ideológico, es un debate de responsabilidad».

«No podemos abrir la puerta a beneficios que terminen favoreciendo a personas que han cometido delitos graves. Aquí lo que está en juego es la confianza en el sistema de justicia», aseveró.

Para los senadores del PPD y el PS proyectos de penas alternativas, como el impulsado por la derecha, no pueden constituir mecanismos que apunten a debilitar el cumplimiento de las penas, en especial por parte de condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.