La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas.
Los datos corresponden al periodo ubicado entre enero de 2024 y junio de 2025. Según el reporte, de los 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956.
«En estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones», apuntaron desde la Contraloría.
Entre los 20 funcionarios que más apostaron hay oficiales de Carabineros y la PDI; un suboficial de la Fuerza Aérea (que fue el que más apostó); un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); un oficial administrativo de la Tesorería General de la República; y un fiscalizador de Impuestos Internos, además de funcionarios municipales de distintas comunas del país.
En total, estos 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, y corresponden todos a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
Respecto a las instituciones a las que pertenecen los funcionarios con mayores montos transados, se indicó que entre ellas están la Fuerza Aérea con 2 involucrados; Carabineros con 18; la DGAC con 10; la Tesorería General de la República también con 10; la PDI con 2; el Servicio de Impuestos Internos con 3; el Servicio Nacional de Aduanas con 6; el Sence con 3; la Junji con 5; el Servicio de Gobierno Interior con 4; y la Dirección del Trabajo con 3.
Mientras, entre los municipios, el que aparece con más involucrados con montos altos es la Municipalidad de Puerto Montt, con 16 funcionarios; luego viene la Municipalidad de Osorno con 14; la Municipalidad de Chiguayante con 6; y la Municipalidad de Concepción con 5.
De acuerdo a lo informado por el ente contralor, el trabajo de fiscalización «se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)».
Recordemos que la normativa vigente, específicamente en su artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, señala que estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.
Antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y al CDE
La Contraloría informó por último que a partir de estos antecedentes, remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, «para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan».
«También enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas. Y adicionalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones», concluyeron desde la CGE.
El Ciudadano
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