El diario marroquí https://nesbya.com/ publicó un artículo el 23 DE Marzo a raíz de las manifestaciones en torno a la defensa del agua y como respuesta a la eliminación de los 43 decretos medioambientales desde contraloría por parte del gobierno de José Antonio Kast.
En la publicación se hace alusión al escenario en Chile abordándolo como una gran amenaza a las ya insuficientes medidas de protección de diversos ecosistemas. Esto da cuenta de cómo los ojos del mundo también están puestos en Chile ante la amenaza del neofascismo que reniega de nuestras identidades y derechos para presuponernos como meros consumidores.
El periodista marroquí Mostafa Raoud, compartió en exclusiva la traducción de este artículo a El Ciudadano:
La marcha del día Domingo 22 de Marzo en diversas ciudades de Chile fue en el marco del Día Mundial del Agua. Las calles de Santiago de Chile se llenaron de voces, cuerpos y conciencias que se niegan a seguir normalizando el despojo del agua como derecho en un país donde el modelo neoliberal, hoy en día representado por la administración del neo fascismo del presidente KAST.
Hay que recordar que el agua en Chile está privatizada y por tanto quienes tienen acceso a mayor riqueza pueden determinar a su conveniencia el curso y uso de las fuentes de agua natural para su beneficio en detrimento de pequeños campesinos, familias en zonas rurales y por consiguiente un aumento en la sequía y desabastecimiento de un derecho esencial para todo ser humano y la propia naturaleza.
A menos de dos semanas de haber asumido como presidente, Kast solicitó el retiro de 43 decretos ambientales que estaban en la Contraloría para su toma de razón. Todos estos decretos que fueron tramitados en base a prolongados procesos de participación ciudadana, de investigación y evaluación de impacto medioambiental habían sido aprobados en el gobierno anterior fueron desestimados para no afectar la inversión a costa de la protección ambiental.
En un modelo oligárquico los temas de defensoría medioambiental han sido tremendamente perseguidos incluso con la desaparición de varias activistas medioambientales sin haber hasta ahora justicia y verdad. Lo ambiental resulta sospechoso en sí mismo, porque podría afectar la economía, el crecimiento de un modelo depredador y extractivista.
Entre los decretos hay planes de descontaminación, normas de calidad y de emisión, medidas de adaptación climática y protección de especies. A modo de ejemplo estaban presentes los planes de descontaminación para Puerto Aysén, las normas de la cuenca del río Huasco, la norma para centrales termoeléctricas, la de plomo, el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad y la declaración de monumento natural del Pingüino de Humboldt.
Precisamente en torno a estas especies endémicas de las costas chilenas los pingüinos de Humboldt, se colmaron las calles de consignas y otras creaciones de gran simbolismo. Dos pingüinos portando un lienzo fueron creados por el artista visual y activista medioambiental Marcel Solá, quien también es el fundador del Museo del Estallido social en Chile. Recordemos que este mismo artista creo el monumento al perro matapacos que se transformó en el ícono de la revuelta social iniciada en octubre del año 2019. Ambas esculturas citaban precisamente al perro negro matapacos al portar pañoletas o bandanas rojas avanzaron portando un mensaje entre la multitud. Ambos fueron construidos íntegramente con material descartado, residuos que alguna vez fueron símbolo de consumo y hoy se resignifican como denuncia, memoria y acto de resistencia.
Porque hablar de agua también es hablar de territorio, de ecosistemas frágiles, de especies que hoy están amenazadas por la ambición, la negligencia y un modelo que insiste en avanzar sin medir consecuencias.
A poco andar en la marcha los manifestantes colaboraron en el traslado de estas piezas durante la marcha. Este gesto colectivo también es parte de la obra: sostener, mover, visibilizar.
La consigna es seguir denunciando y ocupando el espacio público. Porque el agua no se vende, se defiende.
Cabe destacar que, a nivel global, los fenómenos climáticos extremos se posicionan como el principal riesgo en el mediano plazo; en segundo lugar aparece la pérdida de biodiversidad y, en sexto, la escasez de recursos naturales. Los costos derivados de estas problemáticas son significativos. Es precisamente en este contexto donde cobra relevancia la política ambiental, orientada a abordar —con base en evidencia y mediante herramientas concretas— desafíos que ya impactan a todo el país.
Las medidas de mitigación, adaptación, resiliencia, descontaminación y resguardo de la biodiversidad requieren largos períodos de diseño. No se elaboran en meses ni en días, ni tampoco son iniciativas que un gobierno pueda implementar de forma inmediata. Por eso resulta difícil de entender una decisión de este tipo. Retirar de manera simultánea instrumentos ambientales cuya tramitación tomó años introduce incertidumbre en comunidades que han esperado respuestas por largo tiempo, incrementa costos innecesarios y posterga acciones destinadas a mejorar la calidad de vida.
A ello se suma la inquietud por la falta de un plazo claro respecto de la auditoría anunciada sobre los decretos retirados. No existe información precisa sobre la metodología, la duración del proceso ni sobre cuándo —o incluso si— dichos instrumentos serán reingresados al trámite de toma de razón. Las declaraciones públicas, más bien, dejan abierta la posibilidad de que algunos no sean retomados.
Por último, promover la idea de que cada administración puede retirar, sin fundamentos claros, aquello que no se alinea completamente con su enfoque debilita la continuidad institucional del Estado. En el ámbito ambiental, donde los procesos son extensos, complejos y participativos, este impacto es aún mayor. Si bien puede haber decretos que requieran ajustes, correcciones o incluso su retiro, estas decisiones deben estar debidamente justificadas, diferenciando entre instrumentos según su naturaleza, urgencia y estado de avance. De lo contrario, más que una determinación técnica, se instala una lógica de desconfianza general hacia la regulación ambiental, lo que responde más a criterios ideológicos que técnicos.
El Ciudadano
Fotos: Museo del Estallido Social
