En un revés judicial para el gobierno del presidente de Argentina Javier Milei y su «motosierra», la Justicia Nacional del Trabajo decidió este lunes poner un freno a una parte central de la cuestionada reforma laboral impulsada por la administración libertaria, tras acoger una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y ordenar la suspensión provisoria de decenas de artículos de la Ley 27.802, al encontrar en un análisis preliminar serios indicios de inconstitucionalidad y un riesgo inminente de daños irreparables para los trabajadores si la normativa entraba en plena vigencia.
La resolución se suma a al menos otros cuatro fallos judiciales que ya habían detenido la implementación de diversos puntos de la reforma. Con esta decisión, el Poder Judicial se convierte en el principal obstáculo para uno de los proyectos insignia del Ejecutivo, que buscaba desregular el mercado de trabajo bajo la premisa de fomentar el empleo formal y atraer inversiones, desmantelando derechos fundamentales de los trabajadores, forjados durante décadas de luchas y conquistas obreras contra la explotación.
Golpe a la reforma laboral de Milei
El fallo fue dictado en el marco de una acción colectiva presentada por la CGT contra el Estado Nacional. Si bien no se expide sobre la constitucionalidad de la ley de manera definitiva, la medida cautelar establece una suspensión provisoria, hasta que se dicte una sentencia firme, de los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57 de la Ley 27.802, consignó El Destape.
La central obrera había planteado en su presentación que la reforma impulsada por el Gobierno implicaba una regresión en derechos laborales fundamentales, afectaba la libertad sindical y vulneraba principios constitucionales, así como tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. Entre los puntos más cuestionados por la CGT se encuentran los cambios en el régimen de indemnizaciones por despido, la ampliación de las facultades unilaterales del empleador, una mayor flexibilización de las condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical y la negociación colectiva.
Los argumentos del juez: verosimilitud del derecho y peligro en la demora
El juez, en su resolución, consideró que la CGT posee la legitimación necesaria para representar al conjunto de los trabajadores en este tipo de acciones colectivas, un punto que suele ser materia de disputa en causas de esta envergadura. Sostuvo que existía una “verosimilitud del derecho calificada”, es decir, fundamentos jurídicos suficientes para presumir, en esta etapa preliminar, que la normativa podría haber vulnerado garantías constitucionales. En particular, el magistrado hizo hincapié en el principio de protección del trabajo consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución de Argentina.
Uno de los ejes centrales del fallo fue el concepto de “peligro en la demora”. Según el magistrado, permitir la aplicación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos y materiales de difícil o imposible reversión sobre contratos laborales y una masa de millones de trabajadores en todo el país. Consideró que podrían consolidarse situaciones bajo el amparo de la nueva ley que podrían resultar irreparables incluso si, en un futuro, la norma fuera declarada inconstitucional.
El juez subrayó que resulta prioritario evitar daños potenciales y garantizar un análisis más profundo de la constitucionalidad de la norma antes de que sus efectos se desplieguen masivamente.
CGT: “La cautelar es muy fuerte y contundente”
La decisión judicial fue recibida con entusiasmo por los líderes de la central obrera, al considerarla como un respaldo a su estrategia judicial contra el gobierno de Javier Milei.
«Esta es una presentación que hizo la CGT y, como lo habíamos dicho cuando se aprobó la ley, íbamos a ir a la justicia porque entendíamos que era inconstitucional y totalmente regresiva», indicó en una declaración posterior al fallo, el cosecretario general de la central, Cristian Jerónimo.
El dirigente gremial se refirió a l alcance de la suspensión y señaló que «la cautelar es muy fuerte y contundente y deja muy claro que la mayoría de los 82 artículos son inconstitucionales y que van en contra de los derechos de los trabajadores».
En la misma línea, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, planteó que el fallo judicial resulta «grato para el movimiento obrero». Indicó que aunque «ahora tiene que tramitarse la cuestión de fondo», de cualquier manera «es un gran paso adelante».
Interpretó la resolución como una validación judicial de los argumentos que los gremios sindicales ha esgrimido contra la reforma laboral.
«Como decíamos y sosteníamos en el movimiento obrero, que toda esta pseudo modernización laboral claramente no responde a los derechos constitucionales y vulnera muchísimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores», afirmó.
«Para nosotros es una gran satisfacción esta segunda acción que presentó la CGT en el sentido de que la justicia nos está dando la razón», enfatizó el gremialista.
El rol del Poder Judicial y el choque de poderes
El fallo no solo se detuvo en el análisis de la ley, sino que también reivindicó el rol del Poder Judicial dentro del sistema institucional. Tal y como planteó El Destape, aunque reconoce la legítima potestad del Congreso para dictar leyes, deja claro que es una función ineludible de los jueces controlar que esas normas se adecúen al marco constitucional.
“Las leyes deben adecuarse a los derechos constitucionales y a los tratados internacionales”, sostiene la resolución, en una clara delimitación de competencias frente a los otros poderes del Estado.
En su análisis preliminar de la normativa impulsada por la administración de Milei, el juez señaló que varios de sus aspectos podrían implicar una reducción de los niveles de protección laboral sin que se establecieran compensaciones equivalentes. Esto, en su óptica, entraría en tensión con el principio de progresividad de los derechos sociales, un pilar del derecho constitucional argentino.
Además, advirtió sobre posibles afectaciones graves a instituciones fundamentales del derecho del trabajo, como la negociación colectiva, el derecho de huelga y el funcionamiento de las organizaciones sindicales, puntos que la CGT había destacado en su presentación.
La resolución judicial abre así un nuevo y complejo frente de disputa para el oficialismo. Más allá de las batallas políticas y económicas, el gobierno de La Libertad Avanza se enfrenta ahora a un escenario judicial de largo alcance que anticipa una definición postergada pero inevitable sobre el rumbo de la legislación laboral en el país, con la Corte Suprema de Justicia como eventual árbitro final.
Gobierno de Milei apelará al fallo
Ante el revés judicial, la reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció que apelará el fallo del juez. La cartera indicó que presentará el recurso con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, demostrando la alta prioridad que el gobierno le asigna a la defensa de la ley.
«El Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 —en la causa Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa” Expte. CNT 10308/26— por el cual suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral», indicó el comunicado oficial.
En el texto, el gobierno de Milei ratificó su postura en defensa de la norma, enfatizando su objetivo económico.
«El Ministerio reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores», sostuvo la cartera.
El comunicado también delineó la estrategia judicial que seguirá el oficialismo. «A tal efecto, se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno», planteó el texto, consignado por El Destape.
Finalmente, el Ministerio de Capital Humano cargó contra los impulsores de la medida judicial y señaló que «rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia», en una clara alusión a la CGT y a los sectores sindicales que celebraron el fallo, profundizando así la confrontación entre el gobierno de ultraderecha y el movimiento obrero.
