Adultos mayores bajo la tijera de Quiroz: Hacienda propone recortar o eliminar programas por $427 mil millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha puesto en la mira a los adultos mayores de Chile con una serie de recortes presupuestarios que, según documentación oficial revisada por CIPER, suman  $427 mil millones en financiamiento para nueve programas clave que benefician a más de 900 mil personas.

La medida, que se aplicaría gradualmente desde 2027, incluye además la reducción de $318 millones al presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y otros $310 millones al Programa de Participación y Formación de Personas Mayores.

El tijeretazo impulsado por el secretario de Estado quedó plasmado en una circular del 21 de abril, donde la cartera de Hacienda propone descontinuar o rebajar al menos un 15% de iniciativas tan vitales como el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, las Residencias de Protección y Comunitarias para mayores, el Fondo Subsidio ELEAM, el Bono Bodas de Oro y el Programa de Viviendas y Apoyos. En el documento también se recomienda eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que atiende a 183 mil personas y que había sido evaluado favorablemente en su diseño inicial.

Los ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social —titulares de estos beneficios— fueron consultados por CIPER sobre el recorte propuesto por Quiroz. Desde el Mideso aseguraron que no aplicará rebajas inmediatas, sino que someterá los programas a una evaluación de diseño. Más contundente fue la Subsecretaría de Previsión Social, dependiente de la cartera de Trabajo, al recordar que “los beneficios sociales otorgados por ley sólo pueden ser modificados en virtud de otra ley”.

La misma subsecretaría restó carácter vinculante al oficio de Quiroz, calificándolo como “sugerencias y recomendaciones”, aunque admitió que el gobierno busca eficientar recursos, bajo el argumento de estrechez fiscal, y aplicar cruces de datos para verificar el cumplimiento de requisitos legales.

Por su parte, el Ministerio de Salud no entregó respuesta.

Reforma legal para tijera a pensiones del sistema de reparto

El exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, advirtió a CIPER que cualquier recorte a las pensiones del sistema de reparto —que afecta a 546 mil personas— requeriría inevitablemente una reforma legal, pues se trata de derechos adquiridos.

Recordó que la última intervención de este tipo ocurrió en 1985, bajo el ministro Hernán Büchi. Situación similar enfrenta el APSV, un complemento para el 60% más vulnerable que aún cobran 156 mil personas, cuyo presupuesto se vería reducido en $66 mil millones.

Recortes presupuestarios de Quiroz carecen de sustento técnico

Pero quizás el aspecto más preocupante es la ausencia de sustento técnico para estas medidas. Al igual que en el caso de la Pensión Garantizada Universal (PGU) —que Quiroz también sugirió recortar pese a las promesas electorales del presidente José Antonio Kast—, las recomendaciones para los programas de adultos mayores carecen de respaldo en informes económicos o de la Dirección de Presupuesto (Dipres).

Por ejemplo, para eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes no existe ninguna evaluación previa que recomiende su descontinuación; al contrario, sus informes destacaban aumento de cobertura y solo señalaban la necesidad de mejorar la focalización.

En el caso del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor —que llega a 900 mil personas—, el último informe de Dipres de 2024 revela que ya enfrenta un déficit financiero por el crecimiento inesperado de la demanda, por lo que una rebaja agravaría aún más el acceso a alimentos fortificados esenciales para prevenir carencias nutricionales y promover un envejecimiento saludable.

Pese a la falta de argumentos, el acceso a recursos para el funcionamiento de estos programa están bajo el acecho de la tijera de Quiroz, que tiene como obstáculo la necesidad de aplicar modificaciones legales.