Bajo el gobierno del ultraderechista Javier Milei, Argentina acaba de cruzar un umbral alarmante. Por primera vez en su historia democrática, entró al grupo de las diez naciones con peores condiciones para los trabajadores, según la última edición del Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
El ranking, que evalúa 151 países con base en 97 indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubica a Argentina, Panamá, Ecuador, Bielorrusia, Egipto, Túnez y Turquía en el peldaño más bajo. Detrás del dato hay una realidad contundente: aunque las leyes locales reconozcan derechos, en la práctica los trabajadores no pueden acceder a ellos.
El deterioro no es casual ni reciente. Argentina desciende por segundo año consecutivo y ahora se instala en la categoría 5, la peor de la calificación.
El abogado especialista en derecho laboral Federico Arabia señaló que las reformas neoliberales impulsadas por el mandatario argentino desde su llegada al poder en diciembre de 2023 representan “las peores flexibilizaciones laborales en la historia del país”. Recordó que la dictadura militar de Jorge Rafael Videla y los años noventa marcaron momentos regresivos, sin embargo advirtió que el escenario actual es “uno de los más regresivos en derechos individuales y colectivos”.
Entre las medidas más graves, el gobierno del denominado «libertario» derogó las multas por empleo no registrado. Cualquier trabajador que realice tareas sin contrato deja de generar sanción económica para el empleador.
“Todo esto bajo el lema de bajar los costos laborales y facilitar inversiones”, explicó Arabia en declaraciones a
Radio Francia Internacional, en las que subrayó que hay “muchos ataques al sistema protectorio jurídico del trabajador”.
Plan de Mieli para quitarle derechos a los trabajadores y restringir la huelga
Pero no se trata solo de normas escritas. Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, denunció una creciente restricción del derecho de huelga.
“El gobierno de Milei tiene un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores y atacar la libre expresión”, afirma. Como prueba, menciona un paro convocado por tres centrales sindicales que derivó en una multa de 21 mil millones de pesos argentinos (equivalentes a unos 15 millones de dólares según cotización actual).
“Prácticamente no existe la huelga. O si hacemos huelga, estamos a tiro del cobro de sumas millonarias para que no la hagamos. Para destruir a los sindicatos”, sentenció Baradel en conversación con el medio citado.
Tanto el abogado como el dirigente sindical coinciden en un punto central: las medidas restrictivas chocan de frente con la tradición histórica argentina. Durante décadas, pese a vaivenes políticos y económicos, el país austral se distinguió por una legislación laboral progresista, con altos estándares de protección. Hoy, bajo el mandato de Milei según la CSI, ese legado se desmorona.
El gobierno libertario establece parámetros contrarios a los lineamientos de la OIT en materia de huelga y negociación colectiva. Mientras tanto, los trabajadores argentinos ven cómo su país empieza a ser nombrado en la lista de naciones con peores condiciones laborales.
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