El cierre masivo de las sucursales de Energy Club dejó a miles de usuarios con membresías vigentes y pagadas por adelantado, sin acceso al servicio ni respuestas claras sobre la devolución de su dinero. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) encendió las alarmas al advertir que este caso no es un problema aislado, sino la repetición de un patrón que afecta a quienes contratan planes de largo plazo en gimnasios y otros servicios por suscripción.
Según ODECU, la situación expone una debilidad estructural en la protección de los consumidores chilenos. “El cierre de Energy Club no es solo un problema empresarial. Es un problema de consumo masivo: miles de personas pagaron por un servicio futuro que ya no recibirán”, denunció Stefan Larenas Riobó, presidente de la organización.
La mayoría de los afectados había optado por planes semestrales o anuales, atraídos por descuentos o facilidades de pago, y ahora enfrentan la imposibilidad de recuperar lo adelantado, justo cuando la empresa deja de operar.
La Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores es clara: los proveedores deben respetar las condiciones contratadas. Si el servicio se interrumpe, los usuarios tienen derecho a la restitución proporcional del período no utilizado e incluso a indemnizaciones por perjuicios acreditados. Sin embargo, ODECU advierte que una eventual liquidación o crisis financiera de la empresa no borra esos derechos, aunque sí puede hacer casi imposible el cobro efectivo.
“Puede dificultar el cobro, pero no elimina el incumplimiento ni la obligación de devolver proporcionalmente lo pagado”, insistió Larenas.
El caso de Energy Club revive antecedentes de otros gimnasios y servicios deportivos que cerraron en años anteriores, dejando a consumidores con contratos vigentes y sin posibilidades de recuperar sus pagos. Para ODECU, existe un patrón de riesgo que se replica en cualquier mercado basado en membresías y suscripciones.
«Cuando el proveedor deja de operar, los consumidores suelen quedar en una posición particularmente vulnerable frente a otros acreedores involucrados en procedimientos concursales», advirtió la organización en un comunicado de prensa.
Frente a esta realidad, planteó reformas urgentes: mecanismos obligatorios de devolución proporcional ante cierres, garantías efectivas para pagos anticipados, mayores exigencias de información sobre problemas financieros de las empresas y reglas especiales para consumidores afectados por insolvencias masivas.
“Chile necesita reglas especiales para servicios vendidos con pago anticipado. No puede ser que el consumidor financie por adelantado a la empresa y luego quede último en la fila cuando esta cierra”, sentenció Larenas.
Ante este escenario, ODECU recomendó a los afectados reunir y conservar contratos, boletas, comprobantes de pago, correos electrónicos y cualquier antecedente. Además, aconsejó calcular el período pendiente de uso, revisar si hay cobros automáticos futuros y presentar reclamos ante el SERNAC para dejar constancia de la situación.
La organización aseguró que seguirá monitoreando el caso y evaluando alternativas para la defensa técnica y oportuna de los derechos de los consumidores.
Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano
Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.
Cancela en cualquier momento · Sin permanencia
