La elección peruana sigue abierta: impugnaciones al voto exterior de EE.UU. y Argentina pueden revertir el actual resultado electoral

El proceso electoral peruano de segunda vuelta, celebrado el 7 de junio, aún no tiene un desenlace definitivo. Lo que comenzó con una clara ventaja para el candidato presidencial de la izquierda Roberto Sánchez se ha visto alterado por el cómputo de votos desde el extranjero, desatando una controversia jurídica que podría modificar el resultado final.

En conversación con el Director de El Ciudadano, Javier Pineda, en el programa «Patria Grande», Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú, detalló las impugnaciones presentadas contra mesas de votación en Estados Unidos y Argentina, y advirtió que el voto exterior está viciado de irregularidades que afectan la transparencia del proceso.

Mendoza explicó que la ley electoral permite solicitar nulidades de mesas hasta el tercer día posterior a la elección (10 de junio), plazo que su partido aprovechó para impugnar 647 mesas en Estados Unidos, 1.751 en Lima y una en Argentina. Estas impugnaciones se fundamentan en la modificación de los lineamientos operativos para el voto en el extranjero, un cambio que, según el abogado, rompe el principio de intangibilidad normativa, piedra angular de cualquier proceso electoral.

Impugnaciones al voto exterior de EE.UU. y Argentina

El origen de la controversia es un cambio de última hora. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó, el 1 de junio —apenas seis días antes de los comicios—, los lineamientos para la segunda vuelta en el extranjero. Mientras que en la primera vuelta las actas se escaneaban, digitalizaban y firmaban por el cónsul, para esta segunda vuelta se dispuso que fueran enviadas por valija diplomática sin digitalización.

«Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Se ha roto un principio esencial en el proceso electoral, la intangibilidad normativa» enfatizó el abogado, subrayando que una vez convocado el proceso, las reglas no pueden modificarse porque ello atenta contra la seguridad política y jurídica y la transparencia.

«Nuestra ley electoral nos dice, como no hay personal peruano allá en el extranjero, son las oficinas consulares las que tienen que organizar este proceso, pero estas oficinas consulares tienen que hacerlo bajo estos lineamientos que nos da la ONPE y el artículo 244 de nuestra ley orgánica de elecciones dice que una vez terminado el escrutinio, se compartan de inmediato los resultados y se envíen a Lima, para tener nosotros transparencia sobre esos resultados», precisó el jurista.

Sin embargo, la demora en la llegada de las actas desde Argentina ha encendido las alarmas. Mendoza señaló que las  provenientes de Buenos Aires llegaron fueron recibidas Lima recién a las 10 de la noche del 10 de julio —el último día hábil para impugnar—, cuando la distancia entre ambas ciudades es de solo cuatro horas y existen nueve vuelos diarios. «

«No se explica por qué la retención de tanto tiempo», cuestionó, y añadió que la falta de digitalización y escaneo impide conocer la cadena de custodia de las valijas diplomáticas, que en muchos casos ni siquiera llegaron con los sellos oficiales correspondientes.

La ausencia de personeros de los partidos en el extranjero agrava la opacidad. De las más de 92.000 mesas habilitadas en el país y 4.000 en el exterior, ni Juntos por el Perú, ni Fuerza Popular lograron cubrir todas con representantes. Mendoza denunció que, en los lugares donde sí hubo personeros, no se les permitió acercarse a las mesas, y existen videos que muestran a miembros de mesa induciendo el voto a favor de la ultraderechista Keiko Fujimori, lo que evidencia una vulneración grave del proceso.

85.000 votos en juego

El impacto de estas impugnaciones es mayúsculo: 85.000 votos en juego, suficientes para revertir la tendencia actual. Mendoza afirmó que su partido extenderá el pedido de nulidad a toda la votación en el extranjero, ya que los vicios observados no son aislados sino sistémicos. Sin embargo, la viabilidad de estos recursos depende de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El abogado confía en que, si el JNE se apega a la ley y a la transparencia constitucional, debería fallar a favor de la impugnación. Pero advierte que la presión política sobre el organismo electoral es enorme, similar a la ejercida en la primera vuelta, y no descarta que el JNE «patee el tablero» alegando cuestiones formales, como el pago de tasas (1.375 soles o 360 mil pesos chilenos por mesa impugnada), para desestimar los recursos, por lo que desde Juntos por el Perú están realizando una coleta solidaria.

Detrás de esta pulseada legal, Mendoza identificó una amenaza mayor: el retorno del fujimorismo al poder representaría un «copamiento de las instituciones». Recordó que, desde el Parlamento, Fuerza Popular ha modificado leyes, perseguido a jueces y fiscales, y transformado el sistema político peruano en un «parlamentarismo de facto». «La amenaza es fuerte», sentenció, y llamó a la ciudadanía a estar alerta ante un eventual regreso que, a su juicio, profundizaría la crisis institucional.

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