El Estado te obliga a negociar y luego te encarcela: El diseño institucional de CONADI y su relación con la criminalización del Lonko Guillermo Ñirripil.
Comunidades denuncian que para acceder al Fondo de Tierras, deben contactar a dueños de predios y negociar precios, una labor que la nueva legislación penal transforma en «usurpación» o «extorsión»
Lo que para el Estado chileno es un procedimiento administrativo, para las comunidades mapuche se ha convertido en una carrera de obstáculos con final en la cárcel. Un exhaustivo análisis del proceso de compra de tierras indígenas, regulado por la Ley N° 19.253 (Ley Indígena), evidencia una contradicción letal: la misma institucionalidad que obliga a las comunidades a contactar y negociar con propietarios privados para acceder al Fondo de Tierras, desprotege luego a sus dirigentes, quienes son fácilmente acusados de delitos como extorsión o usurpación. El caso del Lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan es la constatación más dramática de esta trampa estructural.
El artículo 20 de la Ley Indígena crea un Fondo para Tierras y Aguas, administrado por CONADI, que busca subsidiar la adquisición de tierras para comunidades. Sin embargo, en la práctica, y por recomendación de la propia CONADI para «agilizar los procesos», son las comunidades las encargadas de realizar el trabajo de prospección. Deben identificar predios, contactar a los dueños, preguntar por su disponibilidad de venta, obtener el Rol de Avalúo Fiscal, negociar precios de manera informal y luego llevar toda esa información al libro de actas de la comunidad para que el 50% más uno de sus integrantes lo apruebe. Todo este esfuerzo es para avanzar con el proceso de compra de tierras, de aquellas comunidades que cuentan con «aplicabilidad», documento que reconoce el derecho a reclamar esas tierras.
En este escenario, la autoridad tradicional se convierte en el rostro visible de la demanda territorial. Al hacerlo, queda en una situación de vulnerabilidad absoluta frente a propietarios que pueden no tener interés en vender o que, como en el caso del Lonko Ñirripil, utilizan estos acercamientos como una estrategia. Diversos testimonios recogidos por las comunidades indican que algunos latifundistas ven en la demanda indígena una oportunidad para inflar el precio de sus tierras ante CONADI, que paga valores muy superiores a los del mercado. Utilizan a la comunidad para que el predio sea declarado «prioritario» y, una vez que el negocio está en marcha o cuando quieren desactivar la presión, denuncian a los dirigentes por extorsión, transformando la negociación de palabra en un ilícito penal.
Este modus operandi quedó al descubierto en el proceso contra el Lonko Ñirripil. Las conversaciones que mantuvo con propietarios, ya sea para hablar de la venta de un predio o para reclamar por daños ambientales causados por faenas forestales (como la muerte de animales), fueron los mismos hechos que la Fiscalía presentó como constitutivos de los delitos de robo con intimidación y extorsión. «No puede haber extorsión cuando el flujo de dinero o la negociación es una estrategia diseñada y ofrecida voluntariamente por el propietario para facilitar un negocio con el Estado», sostienen las comunidades en su defensa.
La entrada en vigor de leyes como la 21.633 (Ley de Usurpaciones) y la 21.555 (que crea el delito general de extorsión) ha agravado exponencialmente este riesgo. Lo que antes era una gestión engorrosa pero amparada por la ley, hoy es un acto que puede ser fácilmente tipificado como amenaza. El Estado chileno, a través de CONADI, fomenta un contacto directo y asimétrico, pero a través de sus tribunales penales castiga a la parte más débil de esa interacción. Esta contradicción ha sido puesta en conocimiento de la Relatoría de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, solicitando que se investigue el accionar de CONADI y su relación con la oleada de dirigentes presos.
Las comunidades firmantes exigen una reforma profunda al sistema de compra de tierras, que asuma el Estado su responsabilidad directa en la negociación y adquisición, sin delegar en las comunidades una tarea que las expone a la criminalización. Mientras el diseño institucional siga empujando a las autoridades tradicionales a un terreno minado por la asimetría de poder y la ausencia de garantías, casos como el del Lonko Guillermo Ñirripil seguirán repitiéndose, transformando la justa reivindicación territorial en una condena de cárcel.
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