El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, enfrenta sus primeras semanas de gestión envuelto en una controversia que pone en jaque la transparencia del gobierno de José Antonio Kast. A pocos días de asumir el cargo, se reveló que había participado en una reunión internacional de pesca representando a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), el gremio que agrupa a las siete familias dueñas del mar, en un episodio que suscita serias dudas sobre eventuales conflictos de interés en el organismo encargado de la protección de los recursos marinos, la definición de cuotas y el desarrollo sostenible del sector.
El hecho ocurrió en los días previos a la XIV Reunión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) en Panamá, entre el 2 y 6 de marzo de 2026. Según reveló una investigación de El Mostrador, cuando se ultimaban los detalles del viaje de la delegación chilena, el director de Medio Ambiente de Cancillería, Julio Cordano, solicitó modificar los datos de identificación de Urrutia en las credenciales del evento, reemplazando su vínculo con Sonapesca por el de «invitado académico» de la Universidad Católica de Valparaíso. La maniobra, impulsada por la propia Cancillería, buscaba ocultar que el futuro subsecretario —nombrado el 7 de febrero— representaba a los grandes industriales pesqueros en un foro donde se definían políticas de conservación del jurel y el calamar.
La estrategia no pasó inadvertida. Fuentes del sector advirtieron al medio citado que Urrutia defendía los intereses de la industria pesquera un mes antes de asumir, y que «lo más probable es que cuando deje el cargo va a defender nuevamente los mismos intereses», por lo que es necesario «analizar su gestión en la Subpesca».
Vínculo de Urrutia con Sonapesca
Esta sospecha se ve reforzada por el hecho de que el subsecretario llegó a Panamá con un informe elaborado para Sonapesca sobre «Los impactos negativos de un gravamen a las transferencias internacionales de derechos de pesca sobre jurel», una tesis que el presidente de Condepp, Hernán Cortés, calificó como «osada y sin fundamentos».
El vínculo de Urrutia con la gran industria no es casual ni reciente. Es hijo del exdiputado UDI del mismo nombre y militante del partido que impulsó la Ley Longueira, cuya nulidad está congelada en el Senado.
Según la administración de Kast fue escogido como subsecretario por su hoja de vida—abogado de la UC Valparaíso, magíster en University College London y doctor por Victoria University of Wellington—, sin embargo, el cuestionamiento no es a su capacidad técnica sino a su imparcialidad. El problema concreto es que Urrutia estaría resolviendo en la Subsecretaría reclamaciones presentadas por su exempleador, Sonapesca, en asuntos donde probablemente él mismo ha tenido injerencia.
El fantasma de la Ley Longueira
Esta sospecha se materializa en acciones concretas. Sonapesca presentó observaciones ante Contraloría contra la resolución que autorizaba el ingreso de 5 mil pequeños armadores al Registro Pesquero Artesanal, y Urrutia anunció el retiro de la nueva Ley General de Pesca a fines de marzo. Extrabajadores de la Subsecretaría aseguran que existen más presentaciones en Contraloría con el mismo objetivo: reducir o anular los beneficios de la pesca artesanal, incluyendo un requerimiento de unificación de stock de sardina y anchoveta que beneficiaría a Corpesca.
La trama se complica con la llegada a la cartera de Antonella León, exasesora del diputado UDI Sergio Bobadilla, uno de los parlamentarios más activos en defensa del sector industrial. Bobadilla y otros dos diputados fueron señalados por un «copy paste» de 211 indicaciones a la Ley de Pesca, extraídas íntegramente de un informe de Sonapesca, en una estrategia para dilatar la tramitación hasta la llegada del nuevo gobierno. El informe fue firmado por Jessica Fuentes Olmos, doctora en Derecho de la misma universidad donde Urrutia era profesor y director del Programa de Derecho del Mar.
El triunvirato conformado por el diputado Bobadilla, su exasesora León y el subsecretario Urrutia constituye una prueba concreta del poder de la industria pesquera, tanto en el debate legislativo como en la implementación de normativas en desmedro de la pesca artesanal. «Es sumar dos más dos», sentenció Hernán Cortés.
Ante este escenario, el presidente de Condepp advirtió que “no es una casualidad que todos los eventos anteriores conduzcan a que este señor termine en la subsecretaría con la tarea de bajar la ley y tratar de recuperar los espacios que había perdido la industria pesquera«.
«Yo creo que él está mandatado hoy día a eso, a defender la Ley Longueira, que no se innove nada y que se recupere todo lo que se perdió”, afirmó a El Mostrador.
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