La urgencia de castigar y la obligación de prevenir

Por Christian Barrera Galdámez

La seguridad pública exige respuestas concretas. Quien ha sido víctima de un delito no puede esperar años para que el Estado actúe, y los vecindarios que viven diariamente bajo el temor necesitan policías eficaces, persecución penal, recuperación de espacios públicos y sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos. Sin embargo, una política pública seria no puede construirse únicamente desde la urgencia ni evaluarse solo por la cantidad de detenidos, operativos o años de condena para los imputados.

El actual debate sobre seguridad vuelve a demostrar la preferencia de nuestra institucionalidad por los resultados inmediatos. El Plan Operativo de Seguridad Pública presentado por el Gobierno contempla 65 medidas, entre ellas el fortalecimiento policial, el control territorial, la intervención de barrios prioritarios y la creación de equipos para enfrentar amenazas específicas. A ello se suma la discusión legislativa sobre el aumento de las sanciones aplicables a adolescentes que cometan delitos graves. El 7 de julio de 2026, el Senado aprobó en general una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente orientada precisamente a fortalecer su respuesta sancionatoria (Senado de la República de Chile, 2026).

La preocupación que origina estas medidas es legítima. Existen delitos violentos que requieren una reacción firme del Estado y adolescentes que presentan trayectorias delictuales reiteradas frente a las cuales los sistemas de protección y reinserción no han respondido adecuadamente. Pero reconocer esta realidad no significa aceptar que el endurecimiento de las penas constituya, por sí solo, una política de seguridad eficaz.

Desde la administración pública, es fundamental distinguir entre productos institucionales y resultados sociales. Aumentar patrullajes, controles, detenciones o plazas penitenciarias constituye una producción estatal visible y fácilmente comunicable. Sin embargo, el verdadero resultado de una política de seguridad debería medirse por la disminución sostenida de la victimización, la violencia y la reincidencia, junto con la recuperación de los barrios y el aumento de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Cuando el Estado interviene solamente después de cometido el delito, actúa tarde. Las cárceles pueden contener temporalmente una amenaza y expresar el reproche social frente a una conducta grave, pero no modifica las condiciones que favorecieron su aparición.

Unicef Chile ha advertido que el aumento de las sanciones penales no presenta un efecto disuasivo relevante sobre la delincuencia o la reincidencia juvenil. El organismo señala, además, que las organizaciones criminales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de muchos jóvenes para ofrecerles recursos económicos, reconocimiento y sentido de pertenencia. En otras palabras, el crimen organizado no solo recluta personas: ocupa los espacios que el Estado, la escuela, la comunidad y las políticas sociales han dejado vacíos (Unicef Chile, 2025).

Chile cuenta hoy con una Política Nacional de Seguridad Pública para el período 2025-2031, la cual reconoce expresamente que las causas de la violencia y el delito requieren una actuación integrada y una comprensión de los factores sociales, institucionales y territoriales. La política también establece que la prevención, el control, la persecución penal, la atención a víctimas y la reinserción deben formar parte de un mismo sistema estatal (Ministerio de Seguridad Pública, 2026). El desafío no está, por tanto, únicamente en formular nuevos planes, sino en transformar esos principios en capacidades públicas permanentes.

Para ello se necesita fortalecer la prevención temprana en los territorios. Esto implica financiar programas de apoyo familiar, asegurar la permanencia educativa, abordar oportunamente los problemas de salud mental y consumo de sustancias, recuperar espacios comunitarios y ofrecer oportunidades reales de formación, deporte, cultura y empleo.

También se requiere una gobernanza intersectorial efectiva. Seguridad Pública, Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia, Gobiernos Regionales y Municipalidades no pueden seguir actuando como compartimentos separados. Los adolescentes que presentan factores de riesgo suelen transitar simultáneamente por escuelas, centros de salud, programas de protección, tribunales y servicios municipales. No obstante, muchas veces el Estado solo consigue integrar esa información cuando ya se ha producido un delito grave.

Una administración moderna debiera establecer sistemas de alerta y acompañamiento que actúen antes de la judicialización. Asimismo, debería medir la eficacia preventiva mediante indicadores como asistencia y permanencia escolar, acceso a atención de salud mental, fortalecimiento familiar, inserción laboral, recuperación de espacios públicos y disminución de la reincidencia. Estos resultados son menos inmediatos que una detención, pero mucho más significativos para la seguridad de una sociedad.

La pregunta central no es cuántos adolescentes estamos dispuestos a encarcelar, sino cuántos estamos dispuestos a evitar que sean reclutados por la violencia y el crimen organizado. Un Estado eficaz no es solo aquel que castiga con firmeza cuando el daño ya ocurrió, si no aquel que construye las condiciones para que ese daño no vuelva a repetirse.

Por Christian Barrera Galdámez

Asistente Social y Licenciado en Trabajo Social (Utem). Docente Universitario – Especialista en Convivencia y Área Psicosocial. Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio Universidad Alberto Hurtado. Observatorio – Nexo Ciudadano.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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