La investigación en contra de la senadora Camila Flores (RN) por presunto fraude al fisco sigue escalando tras la presentación de una querella criminal en su contra, que fue interpuesta por un excolaborador.
El relacionador público Julio Lillo Catalán, quien trabajó directamente con la parlamentaria, ingresó el libelo ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de exacciones ilegales, documento que ya fue acogido a trámite. Esta acción judicial se suma a la indagatoria que la Fiscalía Regional mantiene abierta desde hace meses, profundizando el cerco en torno a la congresista.
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando Flores aún ejercía como diputada. Según el testimonio del exasesor, desde que comenzó a percibir su primer sueldo con fondos estatales, la entonces parlamentaria le habría exigido el pago de una «cuota» mensual. «Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera», declaró Lillo ante el Ministerio Público, según la información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío Chile.
El esquema de la «cuota Flores»
El modus operandi descrito en la querella apunta a un esquema sistemático: Flores habría instruido a su equipo de apoyo en el Congreso para que le reembolsaran una fracción de sus remuneraciones públicas, con el objetivo de costear gastos de índole personal. Fuentes vinculadas a la investigación señalan que entre esos desembolsos particulares se encuentran el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la adquisición de un vehículo, lo que habría desviado recursos fiscales hacia su esfera privada.
En su declaración, Lillo detalló el momento en que la senadora le planteó el arreglo: «Camila Flores me dijo que tiene muchos gastos (…) y me manifiesta que está complicada y que necesita que yo le reembolse del sueldo una cantidad determinada». El exasesor afirmó que la parlamentaria de RN le aseguró que sería una medida temporal, pero que el cobro se mantuvo en el tiempo sin variaciones. «Esto sería solo temporalmente hasta que ella se ordenara, lo que nunca ocurrió», sentenció en su relato, tal y como consignó T13,
Este testimonio resultó determinante para que la Fiscalía solicitara medidas intrusivas en contra de la parlamentaria. En mayo pasado, personal del OS9 de Carabineros allanó la oficina de Flores en el Senado, incautando dos computadores y un archivero con documentos.
Con la querella ya en manos de la justicia, el Juzgado de Garantía de Valparaíso derivó los antecedentes al Ministerio Público, que deberá evaluar la incorporación de este nuevo reclamo a la investigación principal. Lo más probable, según fuentes del caso consultadas por Bio Bio Chile, es que ambas causas se fusionen en un solo expediente, concentrando el peso de las acusaciones contra la senadora.
Hasta el momento, el entorno de Camila Flores ha optado por el silencio y no ha emitido declaraciones públicas sobre la querella ni sobre los avances de la indagatoria. La negativa a pronunciarse contrasta con la creciente presión judicial que enfrenta la legisladora, cuya situación se complica a medida que se conocen nuevos detalles del esquema que le atribuyen.
