Milei pone Argentina en venta: busca liberar la compra extranjera de tierras, agua y minerales

El gobierno de Javier Milei avanza con un plan que, de concretarse, dejará el territorio argentino sin barreras para el capital extranjero. La iniciativa del denominado «libertario», impulsada bajo el nombre de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», busca derogar la Ley de Tierras vigente y eliminar cualquier límite a la compra de campos, agua y minerales por parte de magnates y corporaciones de todo el mundo.

 Este proyecto representa un giro en la política de soberanía territorial, ya que actualmente existen restricciones que impiden que un mismo país o un grupo de inversores foráneos concentren más de un 15% del total de la superficie rural en sus manos. Con la nueva norma, ese techo desaparecería por completo.

Según señaló la agencia de noticias Tierra Viva, en la actualidad, el 5% de las tierras rurales argentinas, una superficie equivalente a la de Inglaterra (13 millones de hectáreas), pertenece a dueños extranjeros, Aunqu el tope que la ley actual permite podría elevar esa cifra hasta los 40 millones de hectáreas, pero Milei quiere ir mucho más allá y habilitar la compra sin restricciones.

La pregunta que surge es ¿por qué el Gobierno del ultraderecha quiere quebrar todos los límites y poner al país austral a la venta?. Según un análisis realizado por el Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA), el «libertario» busca acelerar un proceso de extranjerización que ya se concentra en los puntos más valiosos del país: las zonas de frontera, las orillas de los grandes ríos, las regiones con potencial minero y las áreas que albergan glaciares y acuíferos estratégicos.

El proyecto oficial no solo elimina topes, sino que barre con todas las protecciones existentes. La reforma, redactada por el ministro Federico Sturzenegger y negociada en el Senado por Patricia Bullrich, suprime la prohibición de comprar tierras en zonas de seguridad de frontera, así como en las riberas de cursos de agua permanentes. Además, flexibiliza el concepto de «titularidad extranjera», permitiendo que cualquier persona física del exterior o empresa con hasta un 51% de capital foráneo pueda adquirir propiedades sin ningún impedimento. Esta medida desarma el actual Consejo Interministerial de Tierras Rurales, dejando la última palabra en manos de los gobiernos provinciales, muchos de los cuales ya han mostrado su inclinación por abrir sus territorios a la gran minería.

 En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales y aduaneros por 30 años a los capitales extranjeros que lleguen a explotar recursos, y ya se aprobaron 21 proyectos mineros, incluso en zonas de glaciares y humedales protegidos. La eliminación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que frenaba el avance sobre las comunidades originarias, y la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos provinciales la decisión de desproteger estos ecosistemas, son otros eslabones de la misma cadena.

Fuga de la renta de los recursos naturales

El Observatorio de Tierras advirtió que la convergencia de estas normas configura un escenario propicio para que la renta de los recursos naturales se fugue del país, mientras las comunidades locales quedan expuestas a las consecuencias sociales y ambientales de una explotación intensiva.

“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, expuso.

 El mapa de extranjerización elaborado por la UBA muestra que 36 municipios ya superan el límite actual del 15%, y en cuatro de ellos, la tierra en manos extranjeras sobrepasa el 50% del territorio. Estos casos no son casualidad: son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), y Molinos y San Carlos (Salta), todas ubicadas en la cordillera, donde se concentran los recursos hídricos y mineros más importantes del país. Por ejemplo, en General Lamadrid, donde el 57% de la tierra es extranjera, se prevén seis proyectos mineros en zonas con glaciares. En San Carlos, con un 60% de extranjerización, la situación se repite, con cuatro comunidades indígenas que han quedado sin protección tras la derogación de su ley de relevamiento territorial.

El origen de los compradores también dibuja un mapa vinculado con el poder global. Los datos oficiales indican que los estadounidenses encabezan la lista con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles, pero el caso más alarmante es el de los propietarios radicados en paraísos fiscales, que ya controlan 2,2 millones de hectáreas. Esta opacidad es el resultado del decreto 820/2016 del gobierno de Mauricio Macri, que desarticuló los cruces de información con la AFIP y la UIF para identificar a los beneficiarios finales.

La discusión de fondo, según los investigadores, va más allá de la compraventa de campos y se enfoca en » quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso». Alertaron que la reforma impulsada por La Libertad Avanza, al eliminar todas las restricciones, no solo legaliza la extranjerización masiva del territorio, sino que consagra un modelo donde la soberanía nacional queda supeditada a los intereses del capital global.