CIDH cita a Chile a audiencia por denuncias de retrocesos en derechos humanos durante gobierno de Kast

La CIDH convocó para el 5 de agosto una audiencia para revisar medidas del gobierno de Kast que afectarían derechos humanos. Organizaciones denuncian debilitamiento de programas de memoria, reparación y búsqueda, recortes presupuestarios, y cambios en beneficios penitenciarios y en la gestión de sitios de memoria como la ex Colonia Dignidad.

CIDH cita a Chile a audiencia por denuncias de retrocesos en derechos humanos durante gobierno de Kast

La audiencia ante la CIDH

Organizaciones denuncian ante CIDH «indultos pasivos» y desmantelamiento de políticas de memoria durante gobierno de Kast

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el próximo 5 de agosto una audiencia en Washington para revisar antecedentes sobre medidas adoptadas durante los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. La instancia fue solicitada por organizaciones de derechos humanos y contempla el análisis de programas de memoria, reparación y persecución de crímenes de lesa humanidad, según informó Radio Universidad de Chile.

Paulina Zamorano, integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, señaló al medio que la presentación busca que la Comisión conozca los antecedentes reunidos y evalúe su relación con las obligaciones internacionales del Estado: “Estamos hablando de un patrón de debilitamiento de las capacidades del Estado para responder a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” . La audiencia es la primera ante una instancia internacional que analizará cómo decisiones administrativas y políticas del actual gobierno afectan los derechos humanos en Chile .

Recortes presupuestarios y desmantelamiento

Entre los antecedentes entregados a la CIDH figuran decretos de reajuste presupuestario emitidos durante este año y proyecciones para la discusión del Presupuesto 2027. Zamorano explicó a Radio Universidad de Chile que “actualmente hemos analizado varios decretos de ajustes presupuestarios y por lo menos existen más de mil 800 millones de pesos de reajustes que afectan en materia de salud, educación, protección social, vivienda, juventud y mujeres”.

Las organizaciones denuncian el debilitamiento de equipos especializados en derechos humanos y afectaciones a programas como el Plan Nacional de Búsqueda y el Programa de Reparación .

Beneficios penitenciarios y crímenes de lesa humanidad

Uno de los puntos más relevantes de la presentación es el cambio en la actuación del Estado frente a solicitudes de beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad. Las organizaciones denunciaron que el Estado ha dejado de oponerse a solicitudes de libertad anticipada o arresto domiciliario, lo que han denominado “indultos pasivos”.

Zamorano señaló a Radio Universidad de Chile que “el Estado de Chile se comprometió no solamente a investigar, sino que a sancionar adecuadamente la grave violación a los derechos humanos. El deber de sancionar implica respetar las penas que se impongan a los responsables de dichos crímenes” .

Colonia Dignidad y sitios de memoria

La presentación también cuestiona la decisión del Ejecutivo de detener el proceso de expropiación de parte de la ex Colonia DignidadMargarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, afirmó a Radio Universidad de Chile que “el anuncio de reversión de la expropiación del Sitio de Memoria Colonia Dignidad no es un ajuste administrativo ni una reconsideración técnica: es claramente un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales del Estado de Chile en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Las organizaciones también advierten sobre la eliminación de recursos para sitios de memoria y retrasos en transferencias. Erika Hennings, directora de Londres 38, sostuvo que “la audiencia ante la Comisión Interamericana constituye una oportunidad fundamental para que la sociedad civil alerte sobre posibles retrocesos en las políticas de memoria y reafirme que proteger y financiar estos espacios es una responsabilidad del Estado con toda la sociedad” .

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