Lo que dejamos fuera

Por Natalia Reyes Inostroza

El debate que ha generado el proyecto de ley «Escucha su corazón» volvió a instalar una discusión compleja y profundamente sensible. Como ocurre con todas las materias relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, existen convicciones éticas, religiosas y jurídicas que difícilmente encontrarán un punto de encuentro. Sin embargo, en medio de esa discusión hay una pregunta que merece la misma atención: ¿qué problemas estamos decidiendo enfrentar con mayor urgencia y cuáles seguimos dejando en segundo plano?

Las leyes se discuten en el Congreso, pero sus consecuencias siempre terminan instalándose en la vida de las personas. Allí no existen discursos ni consignas. Existen mujeres enfrentadas a decisiones extremas, familias atravesadas por el dolor y víctimas que esperan que el Estado sea capaz de protegerlas cuando más lo necesitan. Es desde esa realidad donde este debate adquiere su verdadera dimensión.

En Chile, la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida en tres circunstancias excepcionales. Ninguna representa una decisión sencilla. Hablamos de mujeres cuya vida está en riesgo, de embarazos con inviabilidad fetal de carácter letal y de víctimas de violación. Pensar que cualquiera de esos escenarios puede vivirse con indiferencia significa desconocer el peso emocional y humano que acompaña cada una de esas experiencias.

La discusión sobre el proyecto puede ser necesaria, pero deja en un segundo plano otra realidad que continúa golpeando con fuerza. La violencia sexual sigue afectando a miles de mujeres y niñas, mientras las investigaciones muchas veces avanzan con lentitud, las medidas cautelares de protección llegan tarde y la revictimización continúa siendo una experiencia demasiado frecuente para quienes buscan justicia.

Durante años hemos normalizado una larga lista de advertencias dirigidas a las mujeres. Nos enseñan a volver acompañadas, a compartir nuestra ubicación cuando regresamos de noche, a desconfiar de determinadas situaciones, a cambiar de recorrido o a permanecer siempre alertas. Hemos crecido escuchando recomendaciones para disminuir riesgos, como si la responsabilidad de evitar la violencia descansara principalmente sobre quienes podrían sufrirla.

En cambio, cuesta encontrar el mismo esfuerzo cuando se trata de transformar las conductas de quienes ejercen esa violencia. La conversación pública rara vez se concentra con la misma intensidad en prevenir las agresiones, fortalecer la educación basada en el respeto y el consentimiento, mejorar la persecución penal de los delitos sexuales o garantizar que las víctimas encuentren un sistema capaz de protegerlas sin obligarlas a recorrer un camino marcado por nuevas formas de sufrimiento.

Cuando una niña resulta embarazada producto de una violación, el fracaso ocurrió mucho antes de cualquier procedimiento médico. Ocurrió cuando el Estado no fue capaz de prevenir esa agresión, cuando las instituciones no detectaron señales de alerta o cuando los mecanismos de protección simplemente no funcionaron. Esa es la discusión que nunca debería perder urgencia.

El Derecho tiene sentido cuando protege la dignidad de las personas y ofrece respuestas eficaces frente a la vulneración de sus derechos. Eso implica acompañar, informar y garantizar procedimientos respetuosos, pero también dirigir los mayores esfuerzos hacia aquello que realmente puede cambiar la vida de miles de mujeres: prevenir la violencia sexual, investigar con eficacia, sancionar a los agresores y asegurar que ninguna víctima enfrente sola un sistema que todavía mantiene demasiadas deudas, donde incluso acceder a una adecuada representación jurídica puede convertirse en una carga adicional para quien ya ha sufrido una vulneración.

El proyecto «Escucha su corazón» seguirá generando posiciones contrapuestas. Así ocurre con todos los temas que involucran convicciones profundas. Pero sería preocupante que esa discusión terminara ocupando todo el espacio, mientras la violencia sexual continúa cobrando nuevas víctimas y el Estado sigue reaccionando con mayor fuerza frente a las consecuencias que frente a su origen.

Las prioridades de un país no se reflejan únicamente en las leyes que aprueba. También quedan al descubierto en los debates que instala, en los recursos que destina y en los problemas que decide enfrentar primero. Si de verdad queremos proteger la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres, el desafío comienza mucho antes de una consulta médica. Comienza cuando somos capaces de impedir que la violencia llegue a sus vidas.

Por Natalia Reyes Inostroza

Abogada

Fuente fotografía

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