“Sería un grave retroceso”: Amnistía Internacional advierte ante arremetida de parlamentarios oficialistas contra el INDH
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, publicó una carta abierta en la que advierte sobre las recientes declaraciones de parlamentarios oficialistas que han planteado la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La misiva, fechada el 31 de julio de 2026, señala que no es la primera vez que desde esos sectores se propone cerrar el Instituto o dejarlo sin presupuesto, y que la arremetida actual se originó tras una visita de personal del INDH a un imputado por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme.
Bustos Bottai explica que los funcionarios del INDH realizan permanentemente visitas en cárceles, comisarías y otros lugares de privación de libertad, y que «de hecho, equipos del Instituto han realizado diversas veces observaciones en la cárcel Punta Peuco entregando a Gendarmería diversas recomendaciones de mejora». Subraya que «una institución de derechos humanos no puede negar una visita a personas privadas de libertad por el delito que puedan haber cometido”.
El director de Amnistía Internacional recuerda que la creación del INDH recoge una de las recomendaciones del Informe Rettig: contar con una institucionalidad autónoma de derechos humanos, con un mandato amplio de promoción y protección, «a modo de garantía de no repetición». Destaca que prácticamente en todos los países de las Américas existen instituciones de este tipo, como Instituto, Comisión o Defensoría del Pueblo.
Bustos Bottai enfatiza que «esperamos que el gobierno no avance en la propuesta de un grupo de parlamentarios de su sector de eliminar el INDH». Señala que el Instituto, «como cualquier otra, puede ser fortalecida y perfeccionada en su gobernanza y atribuciones, pero su eliminación sería un grave retroceso para la protección de los derechos humanos en Chile».
El director ejecutivo advierte sobre la necesidad de que todos los poderes del Estado asuman que «en un Estado de Derecho hay frenos y contrapesos y que las instituciones de derechos humanos pueden llegar a incomodar a otras instituciones del mismo Estado. Es parte de la naturaleza de su labor». Concluye que «no entenderlo así sería sin duda muy preocupante pues podría ser el inicio de caminos que han recorrido otros gobiernos que han emprendido políticas de prácticas autoritarias como el de Orbán en Hungría, el de Bukele en El Salvador o el de Ortega en Nicaragua».

