El INDH, las regiones y la protección efectiva contra la impunidad

Por Álvaro González Silva

En las últimas semanas, los intentos por recortar el presupuesto y limitar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han revelado una preocupante miopía en parte de nuestra clase política. Desde el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) debemos ser categóricos: los derechos humanos no son una moneda de cambio legislativa ni dependen del gobierno de turno. Son compromisos ineludibles y obligaciones de Estado que Chile asumió ante la comunidad internacional.

Esta embestida suele orquestarse desde la comodidad del centralismo santiaguino, ignorando por completo el trabajo vital que realizan las Direcciones Regionales del INDH. Quienes habitamos y conocemos la realidad de los territorios, sabemos que la primera línea de defensa contra los abusos se encuentra justamente en las regiones, lejos de los pasillos del poder central.

Un ejemplo elocuente ocurrió recientemente en la Región de Los Ríos. Cuando una funcionaria de la Armada denunció haber sido violada en Valdivia y, posteriormente, enfrentó graves represalias por parte de su propia institución, fue la oportuna y decidida acción de la sede regional del INDH la que permitió frenar el abuso. Gracias a su intervención, la justicia no solo acogió un recurso de protección en favor de la víctima, sino que terminó condenando a penas de cárcel al agresor. Sin la presencia territorial del Instituto, esa funcionaria habría quedado en la más absoluta indefensión frente a la gigantesca asimetría del poder estatal.

Desfinanciar o limitar al INDH es desmantelar esta red de protección ciudadana. Es, además, debilitar su mandato como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, vulnerando una norma internacional absoluta (ius cogens) que prohíbe estos tratos bajo cualquier circunstancia. Quitarle recursos a la fiscalización de cárceles, comisarías o centros de menores en provincias no mejora la seguridad pública; simplemente pavimenta el camino hacia la impunidad.

El principio de no regresividad nos exige avanzar, jamás retroceder. Tener un INDH autónomo, crítico y con una fuerte presencia regional no es un estorbo para el país, sino un motivo de legítimo orgullo ciudadano. Cuidar y fortalecer nuestra institucionalidad de derechos humanos es la única garantía real de que la dignidad y la justicia lleguen, sin exclusiones, a cada rincón de Chile. 

Por Álvaro González Silva

Director de Promoción del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH).

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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