La “varita mágica” de Keiko: militares en calles y buses ante una crisis que no se resuelve sin inteligencia ni gestión

La presidenta de Perú Keiko Fujimori decidió recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis de inseguridad que agobia al país suramericano, anunciando su despliegue en calles, transporte público y penales. Sin embargo, especialistas y ex autoridades advierten que esta medida que promueve como «varita mágica», parece un gesto político que repite errores del pasado y elude los verdaderos desafíos que exigen una gestión articulada: inteligencia, tecnología y recuperación de la Policía Nacional.

La mañana de ayer lunes, tras su primera sesión del Consejo de Ministros, la mandataria de ultraderecha confirmó en una transmisión en vivo que el gabinete aprobó la colaboración militar en materia de seguridad ciudadana. 

«Las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transportes», declaró Fujimori, quien además reiteró su intención de formalizar esta propuesta en las próximas semanas. Lo que inicialmente era un pedido de facultades legislativas con alcance «temporal y excepcional» para el control de penales —según el borrador original—, terminó ampliándose hacia el patrullaje de orden interno.

El contexto en el que surge este anuncio es particularmente crítico. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, basado en registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) al 31 de julio de 2026, la gestión Fujimori arrancó con 25 homicidios confirmados en solo sus primeros cuatro días, lo que representa un promedio diario de 6.25 asesinatos a nivel nacional. Según las estadísticas, el 28 de julio se registraron 5 muertes, el 29 de julio la cifra trepó a 9, el 30 de julio se contabilizaron 8 casos y el 31 de julio sumó otros 3, números que podrían incrementarse a medida que se procesen los reportes pendientes de diversas regiones, consignó el diario La República.

A esta situación se suma un dato aún más alarmante: entre enero y julio de 2026, el número de asesinatos de adolescentes en Perú escaló a su pico más alto desde 2017, siendo los proyectiles de arma de fuego la principal causa. Carbajal advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el 2026 podría cerrar como el año con la mayor cantidad de homicidios de adolescentes en la última década, un escenario que exige respuestas integrales y no solo presencia militar en las calles.

Acusan que Fujimori pretende «convertir a las FF.AA. en la varita mágica» que resuelva el desborde criminal

Las críticas a la decisión de Fujimori no se hicieron esperar. El exministro del Interior Rubén Vargas calificó la medida como un error recurrente, señalando que el Gobierno pretende convertir a las Fuerzas Armadas en «la varita mágica» que resolverá el desborde criminal. Vargas recordó que los estados de emergencia anteriores han sido un absoluto fracaso y evidencian un profundo desconocimiento del problema real. Sus preguntas fueron contundentes: «¿Qué hacemos con las bodegas que también están siendo extorsionadas? ¿Vamos a llenar las bodegas de militares? ¿Qué hacemos con las barberías? ¿También vamos a ponerles un militar en cada tienda?», cuestionó, dejando en claro que el patrullaje militar no ataca las raíces del crimen organizado, consignó La Republica.

Para el exministro, el enfoque debe ser otro. En lugar de militarizar las calles, se requiere recuperar a la policía de la corrupción y equiparla con tecnología moderna. También mencionó la urgencia de desarrollar estrategias específicas contra el robo de celulares, el crimen organizado y las economías ilegales, que son el combustible de las bandas criminales. Vargas precisó que, si bien está de acuerdo con que las FF.AA. tengan un rol en penales, interdicción marítima, aérea y control de minería ilegal, la investigación e inteligencia contra el crimen es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional.

Por su parte, Ricardo Valdés, viceministro de Orden Interno y de Seguridad Pública, fue aún más duro al calificar el anuncio como un «mensaje político» antes que un plan técnico de gestión. Valdés sostuvo que la presidenta está dando una señal a la población para demostrar que se hace cargo del problema, pero «en realidad aquí veo un inconveniente», afirmó. Su diagnóstico fue claro: el Gobierno debe abordar esto como un problema de gestión, realizar un diagnóstico correcto de los tipos de extorsión en los lugares más complicados y poner a los expertos en criminalidad a trabajar en soluciones concretas.

«Un soldado con armamento largo es absolutamente peligroso; la capacidad de fuego de un fusil FAL o Galil es de un kilómetro, con lo cual atravesaría todo lo que hay en el camino», explicó, subrayando el peligro que esto representa para la población civil en calles y buses.

Foto destacada: Diario Expreso.