Aplicación de aranceles de Trump a Chile habría usado de manera indebida el concepto de trabajo forzoso, según demanda de 25 estados de EE.UU.

Una coalición de fiscales generales demócratas llevó el caso al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, acusando a la administración Trump de utilizar de forma ilegal la Sección 301 para imponer aranceles a 60 economías, entre ellas Chile, bajo el argumento del combate al trabajo forzoso. La demanda sostiene que la aplicación de aranceles de Trump a Chile habría usado de manera indebida el concepto de trabajo forzoso según demanda de 25 estados de EE.UU.

Por Bruno Sommer

La política comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta uno de sus mayores desafíos judiciales desde el inicio de su segundo mandato. Una demanda presentada por 25 estados gobernados por el Partido Demócrata ante el Tribunal de Comercio Internacional sostiene que la Casa Blanca utilizó de manera indebida el concepto de trabajo forzoso para justificar la imposición de aranceles sobre importaciones provenientes de 60 economías, incluyendo Chile. Cerca de un 40% de los envíos de Chile a EE UU han sido afectados por la sobretasa.

La acción judicial, ingresada por una amplia coalición de fiscales generales estatales, solicita que el tribunal declare ilegales las medidas adoptadas por la administración republicana, suspenda inmediatamente su aplicación mientras se desarrolla el juicio y, eventualmente, anule los gravámenes impuestos.

Chile entre los países afectados

Chile figura entre las economías alcanzadas por la nueva ronda de aranceles anunciada por Washington, pese a mantener desde hace dos décadas un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y una relación comercial considerada estratégica para ambos países.

La administración Trump fundamentó las medidas en investigaciones iniciadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que numerosos gobiernos no habrían adoptado medidas suficientes para impedir que productos elaborados mediante trabajo forzoso ingresen a las cadenas globales de suministro.

Sin embargo, la demanda presentada por los estados cuestiona precisamente ese fundamento jurídico.

“Lo que se está haciendo con Chile es una actuación arbitraria del Gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito” señaló días antes que se conociera esta noticia, el Ministro de Agricultura de Chile, Jaime Campos.

“Señor Judd, los ministros de Chile hablan en representación del Gobierno que fue elegido por los chilenos. No es el embajador de otro país quien define qué pueden o no pueden decir. Las explicaciones las debe Estados Unidos: tenemos un Tratado de Libre Comercio y, sin embargo, su gobierno decidió imponer un arancel de 12,5% a Chile”, expresó el diputado del FA Gonzalo Winter en X.

Las reacciones guardan relación con los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien volvió a elevar el tono frente a las críticas que integrantes del Gobierno han dirigido a la decisión de Washington de aplicar un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas y que tal vez deba recular en su posición negociadora, tras el importante trascendido en tribunales norteamericanos.

La acusación contra la Casa Blanca

Los demandantes sostienen que el Gobierno federal no puede utilizar de manera generalizada la Sección 301 como mecanismo para imponer nuevos aranceles, argumentando que la legislación fue concebida para responder a prácticas comerciales específicas y no para establecer un sistema de gravámenes de alcance prácticamente global.

Según el escrito judicial, la administración Trump habría recurrido al concepto de trabajo forzoso como una justificación jurídica para reinstalar una política arancelaria masiva después de que otras iniciativas similares enfrentaran cuestionamientos legales.

La demanda no afirma que el trabajo forzoso sea un problema inexistente en el comercio internacional. Lo que cuestiona es que dicho argumento haya sido utilizado para imponer sanciones comerciales a un conjunto tan amplio de países sin demostrar, caso por caso, que existieran prácticas comerciales que justificaran la aplicación de la Sección 301.

¿Qué solicitan los estados?

La coalición encabezada por fiscales generales demócratas pide al Tribunal de Comercio Internacional que:

• declare ilegales los aranceles impuestos por la administración Trump;
• suspenda inmediatamente su aplicación mientras continúa el proceso judicial;
• determine que el Poder Ejecutivo excedió las facultades otorgadas por el Congreso;
• y ordene la devolución de los gravámenes cobrados si finalmente se concluye que fueron aplicados ilegalmente.

Los estados sostienen que las medidas representan, en los hechos, un incremento generalizado de impuestos sobre las importaciones que termina siendo pagado por empresas estadounidenses y consumidores.

Un conflicto constitucional

Más allá del impacto comercial, el caso abre un debate sobre los límites del poder presidencial en materia de comercio exterior.

La Constitución estadounidense entrega al Congreso la facultad de regular el comercio internacional. Si bien diversas leyes delegan determinadas competencias al Poder Ejecutivo, los demandantes sostienen que la administración Trump fue mucho más allá de lo permitido por la legislación vigente.

En opinión de los fiscales generales, la Casa Blanca estaría utilizando una herramienta diseñada para resolver disputas comerciales específicas como un mecanismo permanente para rediseñar la política arancelaria de Estados Unidos.

Repercusiones para Chile

Para Chile, la controversia tiene especial relevancia debido al volumen de su intercambio comercial con Estados Unidos y a la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Si el tribunal acogiera la demanda, los aranceles impuestos a las exportaciones chilenas podrían quedar suspendidos mientras se resuelve el fondo del litigio, reduciendo la incertidumbre para exportadores nacionales.

En cambio, si la justicia estadounidense valida la interpretación de la administración Trump, el fallo podría consolidar un precedente que permitiría a futuros gobiernos estadounidenses utilizar la Sección 301 con un alcance mucho más amplio para imponer medidas comerciales unilaterales.

La demanda de los 25 estados no solo cuestiona una política económica. También pone en discusión el uso de conceptos vinculados a los derechos humanos como fundamento para decisiones comerciales de gran alcance.

El litigio plantea una interrogante de fondo: ¿puede el Poder Ejecutivo invocar de forma amplia el combate al trabajo forzoso para imponer aranceles a decenas de países, o debe demostrar de manera específica que cada uno de ellos incurre en prácticas que justifican una sanción comercial?

La respuesta que entregue el Tribunal de Comercio Internacional podría redefinir no solo la política comercial de Estados Unidos, sino también el equilibrio entre las atribuciones del presidente y las competencias del Congreso en uno de los ámbitos más sensibles de la economía internacional.

Entre las principales economías afectadas se encuentran:

América

• Chile
• Canadá
• México
• Brasil
• Argentina
• Ecuador
• Guatemala
• Honduras
• El Salvador
• Trinidad y Tobago

Europa

• Unión Europea (tratada como una sola economía)
• Reino Unido
• Suiza
• Noruega

Asia

• China
• Japón
• Corea del Sur
• Taiwán
• India
• Indonesia
• Malasia
• Bangladesh
• Camboya
• Pakistán
• Sri Lanka
• Vietnam
• Jordania

Oceanía

• Australia

Dos niveles de aranceles

La administración estadounidense dividió a las economías investigadas en dos categorías:

Arancel del 10 %

• Países que cuentan con normas para prohibir importaciones elaboradas con trabajo forzoso, pero que, según Washington, no las aplican eficazmente. En este grupo figuran, entre otros, Canadá, México, Reino Unido, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh, Argentina y Ecuador.

Arancel del 12,5 %

• Economías que, según la investigación estadounidense, no disponen de mecanismos suficientes o no cumplen con los estándares exigidos por Estados Unidos para impedir el ingreso de productos vinculados al trabajo forzoso. En este grupo se encuentran Chile, China, Australia, Brasil, Vietnam y la mayoría de las restantes economías investigada