Por Diego Farfán Valdebenito
El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, reabrió esta semana un debate que Chile creía saldado hace más de cincuenta años: “la propiedad estatal de Codelco”. Su propuesta de vender entre un 15% y un 30% de la cuprífera para que le entre “oxígeno privado”, llega envuelto en un diagnóstico en donde la empresa pública arrastra una deuda cercana a los 25 mil millones de dólares.
Codelco es la heredera directa de la nacionalización del cobre aprobada por unanimidad en el Congreso en 1971, un acto que en Chile se recuerda como “el sueldo de Chile” y que, según cifras difundidas esta semana, ha significado más de 160 mil millones de dólares transferidos al Estado a lo largo de las décadas. Ese aporte no aparece en ningún estado de resultados, pero es la razón de fondo por la que el cobre chileno se administra de manera distinta a un activo financiero más.
Por eso resulta significativo que ni siquiera durante la dictadura militar, que privatizó buena parte del aparato productivo del Estado, se haya tocado la propiedad de Codelco. El exministro Álvaro Elizalde aclaró el punto: “la propuesta republicana cruza un límite que ni ese régimen se atrevió a cruzar”. Puede sonar a “hipérbole política”, pero existe un consenso transversal, sostenido durante gobiernos de todos los colores, de que el control estatal del principal yacimiento de cobre del mundo no se negocia.
Para entender por qué Chile construyó y ha sostenido empresas y agencias estatales en sectores estratégicos, conviene retroceder más allá de 1971. Pedro Aguirre Cerda encarnó una idea hoy casi ausente del debate político chileno, especialmente en la izquierda: que la transformación de las relaciones de poder no depende sólo de cambios políticos y movilización social, sino también de una transformación productiva y económica, y que esa transformación requiere una estrategia deliberada de desarrollo.
La necesidad de que el Estado juegue un rol coordinador y estratégico (no para reemplazar al sector privado, sino para fortalecer una economía capitalista con mayor capacidad productiva) tuvo su expresión más concreta en la creación de la Corfo durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Su objetivo fue impulsar la industrialización en áreas donde el capital privado carecía de la escala o del incentivo para invertir. Décadas después, la nacionalización del cobre y la creación de Codelco respondieron a la misma lógica: dotar al país de una institucionalidad pública capaz de administrar, con visión de largo plazo, su recurso estratégico más importante.
Este es, quizás, el punto más incómodo para quienes plantean hoy la privatización parcial de Codelco: la mejor prueba del éxito de una política de desarrollo nacional conducida a través del rol coordinador de las empresas del Estado no es la desaparición de esas empresas, sino la aparición de una economía privada futura mucho más avanzada que la que existía antes y que probablemente no habría surgido sin esa coordinación pública inicial. Basta observar la industria de proveedores, servicios de ingeniería, logística y tecnología minera que hoy opera en Chile alrededor de la gran minería del cobre para constatar que el desarrollo de un sector estratégico bajo conducción estatal no clausura el espacio privado: lo expande y lo hace posible.
La historia chilena ha cambiado muchas veces de gobierno. Lo que no cambió fue la convicción de que Codelco debía seguir siendo de todos.
Ese rol coordinador no responde a una preferencia ideológica, sino a dos fallas de mercado que la propia teoría económica reconoce: los problemas de agencia, que surgen cuando la información se distribuye de forma desigual y ni el Estado puede verificar la disposición del sector privado a comprometer inversión de largo plazo, ni el privado puede confiar plenamente en la estabilidad del compromiso público; y los problemas de coordinación, cuyo ejemplo clásico es el dilema del prisionero, donde ambos podrían generar más desarrollo cooperando que actuando por separado, pero la desconfianza mutua impide alcanzar ese resultado. Es precisamente ese tipo de falla el que una institucionalidad pública con visión de largo plazo, como la Corfo de Aguirre Cerda o, más tarde, Codelco, busca resolver: creando las condiciones para que esa cooperación sea posible y sostenible en el tiempo.
Las empresas públicas no buscan sustituir la acción privada, sino resolver precisamente esos dos problemas: reducir la asimetría de información y ofrecer, en lugar de la incertidumbre, las certezas necesarias para que un conjunto de actores públicos y privados se atreva a hacer apuestas estratégicas que, de otro modo, confiando solo en la decisión individual, simplemente no ocurrirían.
Sin embargo, ofrecer certezas no es lo mismo que absorber unilateralmente el riesgo. Cuando la institucionalidad pública resuelve el problema de agencia trasladando toda la incertidumbre hacia sí misma (en vez de distribuirla entre las partes que se benefician del acuerdo) la solución a una falla de mercado puede convertirse en una nueva fuente de vulnerabilidad. La historia reciente de Codelco ofrece una advertencia elocuente sobre este riesgo, y el mejor ejemplo es el llamado caso Cupic. En 2006, Codelco acordó vender durante 15 años parte de su producción de cobre a un precio prácticamente fijo, a cambio de financiamiento para desarrollar la mina Gabriela Mistral. La apuesta suponía que el precio del cobre se mantendría estable, pero ocurrió lo contrario: el metal duplicó su valor y la empresa quedó obligada a vender parte de su producción muy por debajo del precio de mercado, generando pérdidas millonarias hasta la salida del acuerdo en 2016. La lección no es que el Estado deba evitar toda alianza con privados, sino que comprometer un recurso estratégico sobre la base de proyecciones de largo plazo puede resultar extraordinariamente costoso. En un contexto donde la demanda mundial de cobre seguirá creciendo impulsada por la electrificación y la transición energética, repetir una apuesta de esa naturaleza (ya sea mediante la venta del activo o comprometiendo su producción futura) sería especialmente imprudente.
Squella podría replicar que su propuesta no es asimilable al caso Cupic: no compromete producción futura, sino una fracción minoritaria de la propiedad (entre 15% y 30%), manteniendo el Estado la mayoría del directorio. El matiz es importante, pero no resuelve el problema de fondo. Cualquier venta de propiedad, por parcial que sea, requeriría transformar a Codelco en sociedad anónima o autorizar por ley la venta de filiales, abriendo la puerta a directorios que (según el propio senador) «sólo respondan a la rentabilidad», dejando en un segundo plano otras consideraciones legítimas del Estado, como el empleo, el desarrollo regional o la soberanía sobre un recurso estratégico.
La historia chilena ha cambiado muchas veces de gobierno. Lo que no cambió fue la convicción de que Codelco debía seguir siendo de todos.
Por Diego Farfán Valdebenito
Administrador Público
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