Centro Juvenil de Coronel: ¿Qué hace que un recinto que fue modelo en la primera década de los años 2000 transite hacia una profunda crisis?

La Asociación Regional de Trabajadores del Servicio Mejor Niñez (ARTRASE-FENATRASE) del Biobío dio a conocer una compleja situación de violencia que atraviesa el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, administrado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Se trata de un espacio donde se administra la privación de libertad de jóvenes y adolescentes entre 14 y 18 años que se encuentran inculpados por cometer un delito, o por estar comprobada su participación en uno, con su correspondiente condena por los hechos.

En el caso de Coronel, el control perimetral y de seguridad de acceso al Centro es administrado por Gendarmería, cuyos funcionarios no trabajan internamente dentro del perímetro de habitabilidad del recinto, tarea que es asumida por funcionarios del Servicio de Reinserción.

En este punto, los trabajadores explicaron que «la evolución del delito, en cuanto a que muchos jóvenes migraron desde el robo común, hurtos lanzazos, asaltos hacia delitos de micro tráfico y en general narcotráfico, provoca ambientes hostiles dentro de los patios del recinto, en tanto las diferencias en los territorios por venta de drogas y puntos se trasladan al centro, registrándose continuamente agresiones y violencia interna».

Para la organización, es urgente abordar este tema, planteando que «para lograr avances en la intervención en los internos en los centros juveniles del país necesitamos reforzar el nivel de conducta e intervención, necesitamos el reconocimiento la incorporación y la aceptación de límites al ejercicio de ciertos derechos que pueden vulnerar otros».

Otro aspecto que preocupa a los funcionarios es «lo permeable que se hacen los espacios internos ante hechos eventualmente irregulares de funcionarios en general de ambos servicios (Gendarmería y Servicio de Reinserción Social Juvenil) coaptados por los jóvenes internos y los cuales aprovechan estas situaciones para vulnerar el sistema».

«La consecuencia de ello, y de falta de política de procedimiento, resulta en que los jóvenes internos se apoderan de los espacios de la rutina, y el contexto de una política demasiado garantista colabora además en ello», advirtieron desde ARTRASE.

La legislación se quedó atrás

Una parte importante de la crisis actual para los funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tiene su origen en que los efectos del Decreto N° 1.378 de 2026 del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento de la Ley N° 20.084 que a su vez determina el Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, y que regula la ejecución del cumplimiento de medidas y sanciones contenidas en la ley 20.084, ya no resultan suficientes en escenarios cambiantes desde la perspectiva criminógena adolescente.

«Así, los catálogos de faltas y sanciones ante determinados hechos internos, en la práctica, no se pueden llevar a efecto», alertaron desde la organización gremial.

Asimismo, indicaron que «no hay segmentación o segregación de ellos: conviven adultos con menores, y en el actual momento, cometer infracciones internas de todo tipo por parte de los jóvenes reviste impunidad, por tanto no se está tomando ninguna medida acorde que permita el desistimiento de tales conductas».

Es más, añaden los trabajadores: «Al observar que se puede vivir en un manto de impunidad, los jóvenes han agredido a otros internos, a funcionarios, llegando al extremo de amenazas para trabajar con el funcionario que ellos quieran. En los casos más complejos se realizan las denuncias respectivas al Ministerio Publico, sin embargo por tratarse de jóvenes internados privados de libertad escasamente se agilizan las causas».

«La responsabilidad del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es dejar que esto siga ocurriendo día a día, enfocar muchas veces erróneamente la solución y preocuparse más de las formas que del fondo. Cuáles son esos elementos de fondo: Seguridad, control, procedimientos claros y responsables», enfatizaron.

«Para ello, en seguridad se deben revisar siempre los protocolos y procedimientos entre las instituciones a cargo, cubriendo todos los flancos del quehacer diario y rutina. En control, establecer mecanismos y procedimientos claros, efectivos y evaluables ante las diversas situaciones. Hacer cumplir lo determinado y evaluar si ante diversas situaciones funciona o no», plantearon desde la organización gremial.

En cuanto a procedimientos, llamaron a «ajustar todos los procedimientos a las actuales condiciones de la población interna y la evolución en materias criminógenas juveniles, con responsables de los diferentes momentos en cada una de las etapas».

«Entendemos que solo de esta manera podremos ir caminando hacia retomar y superar la crisis del Centro de Coronel», remarcaron.

Otros datos sobre el Centro Juvenil de Coronel

Se trata de un centro medianamente antiguo, con una data de construcción de cerca de 28 años, y cuyas paredes y accesos, así como los lugares de habitación, dan muestras de la corrosión del tiempo y la destrucción de la infraestructura por parte de los mismos internos.

Durante su primera etapa desde 1999 y hasta 2007, albergó a jóvenes en situación de rehabilitación conductual y otros para diagnóstico de discernimiento. Desde el segundo semestre de 2007, cuando se implementa la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, entran todos aquellos jóvenes a los cuales se les impute un delito o se compruebe en sede judicial su participación, y queden en condición de imputados y condenados.

En la actualidad, esta condena no puede ser de más de 5 años para adolescentes entre los 14 y 16 años, y de 10 años a jóvenes entre 16 y 18 años. Aquellos que cumplen mayoría de edad estando en el recinto, permanecen en él, sean imputados de una causa penal o condenados.

Para ARTRASE, la ley como tal «presenta varios temas que no fueron abordados y en la actualidad, surgen numerosas voces que llaman a reformar algunos aspectos que se consideran delicados, dada la evolución del delito y participación en la comisión de estos por jóvenes».

«Sin embargo, es necesario observar que las planificaciones técnicas, metodológicas y marcos orientadores y modelos, resisten débilmente dada la realidad sociocultural de los sectores marginales de nuestra sociedad», relevaron.

En ese sentido, sostuvieron que «la estructura social de nuestro país y en general de América, no logran alcanzar los niveles de los países de los cuales se tratan de importar modelos de intervención, dado entre otras cosas, por los niveles económicos sociales y los vastos presupuestos que dedican dichos modelos en su accionar en esos países y sus culturas».

«¿Que hace que un centro que fue modelo en la primera década de los años 2000 transite hacia una profunda crisis?», se preguntan desde el gremio de funcionarios.

«Las causas son diversas: el abandono institucional, que por años se transitó hacia una ley de Responsabilidad Juvenil sin contar con espacios adecuados e infraestructura acorde, que los presupuestos se han ido recortando, que no ha existido una planificación estratégica a largo plazo, y que los modelos de intervención sucumben ante un terreno que no está emparejado para poder actuar. Se ha dado más énfasis en intervenir técnicamente y no intervenir operativamente y por tanto los planes colapsan», concluyeron.

Seguiremos informando.