La Plaza Grande de Quito volvió a ser testigo el pasado 4 de agosto de la desesperación de quienes luchan diariamente por mantener con vida órganos trasplantados o por completar sesiones de diálisis que no admiten demoras. Por quinta ocasión en el año, el Frente de Pacientes Renales del Ecuador se plantó frente al Palacio de Carondelet portando pancartas y con el grito unánime de «¡Queremos vivir!», exigiendo al Gobierno de Daniel Noboa una respuesta ante el colapso del sistema sanitario público.
La movilización no fue un acto más de protesta, sino el reflejo problemática que, según los manifestantes, ya ha superado los umbrales de lo económico para convertirse en una crisis de humanidad.
Kevin Valdez, representante del Frente, fue contundente: «Lamentablemente, la crisis de los pacientes renales a nivel nacional ha desbordado lo económico. Hemos pasado ya a la deshumanidad. No hay una voluntad política como tal», declaró en medio de la concentración, evidenciando el hartazgo de una organización que ha visto cómo sus solicitudes de diálogo han sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades.
Más de 20.800 pacientes atrapados en el desabastecimiento
Según cifras proporcionadas por el colectivo, más de 20.800 personas dependen de tratamientos renales permanentes en Ecuador, una población que se enfrenta diariamente a la incertidumbre de no contar con los insumos necesarios. Los centros hospitalarios operan actualmente con apenas un 54 por ciento de abastecimiento, una cifra muy por debajo del rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que sugiere niveles de entre 80 y 90 % para garantizar una atención adecuada.
Según consignó el diario La Hora, la indignación en la Plaza Grande se intensificó tras conocerse que personal médico y autoridades hospitalarias indicaron a los afectados que se esperaba que un lote masivo de medicinas proveniente de la India recién llegaría a Ecuador el próximo mes de diciembre.
«Nuestra vida se mide en días, ni en meses«, sentenció Gabriela Álvaro, vocera de pacientes renales de Pichincha, al referirse a la gravedad de una enfermedad que no admite pausas. Recordó que un paciente renal no puede saltarse sus diálisis cuatro meses y que un paciente trasplantado no puede dejar de tomar sus pastillas ni una semana.
Muertes, rechazo de órganos y eutanasia
Las consecuencias de esta crisis ya son irreversibles para miles de familias ecuatorianas. Kevin Valdez denunció que más de 4.000 compañeros han perdido «la batalla» en los últimos dos años por falta de insumos y tratamientos oportunos, una cifra que refleja la magnitud de lo que el colectivo califica como una crisis humanitaria provocada por la desatención estatal.
Pero las muertes no son la única consecuencia. Pacientes trasplantados están rechazando sus órganos debido a la falta de medicinas inmunosupresoras, lo que los obliga a depender nuevamente de las máquinas de diálisis, sumándose a los ya saturados servicios hospitalarios.
Por su parte, Gabriela Álvaro señaló además que la baja calidad de algunos fármacos genéricos suministrados por la red pública está agravando esta situación, ya que «cualquier cambio en bioequivalencia de esta medicina de especialidad puede afectar al órgano y finalmente provocar un rechazo como tal«.
La desesperación ha llevado a algunos pacientes a considerar opciones extremas. Según información del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, hay pacientes que ya no quieren sufrir más y están optando por la eutanasia ante la falta de tratamiento, reveló Valdez.
La promesa incumplida de Noboa y el recorte presupuestario
La manifestación de los pacientes renales adquiere especial relevancia al recordar que el presidente Daniel Noboa prometió el pasado 24 de mayo, durante su Informe a la Nación, resolver el desabastecimiento de medicamentos en un plazo de tres semanas. Sin embargo, esa promesa no solo no se ha cumplido, sino que los plazos se han alargado hasta finales de año, según lo comunicado a los pacientes.
El mandatario derechista justificó el retraso en la compra de medicamentos a la India, argumentando que el proceso se encuentra en fase de homologación con la autoridad sanitaria nacional. Pero para los pacientes y sus familias, esperar cuatro meses más representa una amenaza directa a su supervivencia, ya que interrumpe tratamientos de los cuales depende día a día su vida, como lo destacó Álvaro durante la protesta.
La crisis se profundiza además por un recorte presupuestario acumulado de 421 millones de dólares entre 2023 y 2025, junto a una ejecución presupuestaria de apenas el 45% en el último año. La inestabilidad en el Ministerio de Salud Pública, que atraviesa por su octavo titular en la presente gestión, no hace sino agravar la situación.
Una propuesta de siete puntos y el reclamo de salud digna
En medio de la protesta, el Frente de Pacientes Renales presentó una propuesta de siete puntos que incluye la creación de una mesa nacional permanente de salud renal, con participación de autoridades, prestadores de servicios, especialistas y pacientes. Exigen además la entrega de tratamientos de calidad y el cumplimiento del artículo 32 de la Constitución, que garantiza el derecho a la salud.
«No pedimos bonos, no pedimos lujos, solamente pedimos una salud digna, un derecho a la vida que nosotros tenemos como ecuatorianos«, enfatizó Valdez, denunciando que las puertas del Ejecutivo y del Ministerio se han cerrado totalmente para los pacientes renales.
«Los diferentes ocho ministros que han pasado nunca nos han dado audiencia», lamentó, mientras los manifestantes dejaron claro que están cansados de mendigar salud.
*Imagen destacada: La Hora de Ecuador.
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