Tras celebrar la aprobación y despacho de la megarreforma económica tributaria en cadena nacional, el presidente José Antonio Kast deberá enfrentar tres impugnaciones presentadas por parlamentarios de oposición al cuestionado proyecto.
El Tribunal Constitucional (TC) informó este jueves que declaró admisible y admitió a tramitación los tres requerimientos de inconstitucionalidad introducidos por los diputados y senadores
De manera unánime, el Pleno del organismo resolvió dar curso a las acciones ingresadas por los parlamentarios que cuestionan disposiciones del denominado proyecto. de «reconstrucción nacional»
La ofensiva jurídica se centra en dos frentes principales: la invariabilidad tributaria por hasta 20 años para grandes inversiones y el polémico régimen de indemnizaciones fiscales para proyectos cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas por la justicia.
Desde el TC indicaron que las presentaciones fueron agrupadas en una sola causa bajo el Rol N° 17.828-26-CPTm debido a que impugnan distintas disposiciones del mismo proyecto.
La resolución del organismo judicial no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino que da curso a los tres requerimientos presentados. La revisión se centrará en evaluar si las disposiciones de la megarreforma impulsada por el Gobierno se ajustan o no a la Carta Fundamental
El tribunal informó que tanto el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados dispondrán de un lapos de cinco días corridos para que, si así lo estiman, se pronuncien en torno a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requerimientos.
Concluida esa etapa, el organismo iniciará el análisis de fondo de las impugnaciones.
El próximo el miércoles 12 de agosto se realizará una audiencia en la que podrán intervenir quienes soliciten ser oídos en el proceso y al día siguiente se llevará a cabo otra en la que el Pleno del Tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes.
Finalizadas esas instancias, el órgano jurisdiccional del Estado deberá dictar sentencia y resolver si mantiene o elimina las disposiciones impugnadas del proyecto de ley.
«De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se confirió traslado por cinco días corridos a S.E. el Presidente de la República, al H. Senado y a la H. Cámara de Diputadas y Diputados para que, si así lo estiman, se pronuncien en torno a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requerimientos. Con ello, posteriormente, el Pleno del Tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes en audiencia del jueves 13 de agosto del presente año«, informó el TC en un comunicado de prensa.
«Junto a lo anterior, se acordó convocar a audiencia pública el miércoles 12 de agosto de 2026 desde las 9:00 horas. Quienes soliciten ser oídos tendrán plazo para formular la respectiva petición por escrito hasta las 12:00 horas del lunes 10 de agosto, invocando interés en la resolución de las cuestiones de constitucionalidad sometidas al conocimiento y resolución de este Tribunal», indicó.
Invariabilidad tributaria
El corazón de la controversia lo protagonizan los artículos 29 y 38 que establecen la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión superiores a los US$50 millones.
Las normas, defendidas por el oficialismo como un incentivo clave para atraer capitales, congela las reglas impositivas por un período que va desde los 10 hasta los 20 años, dependiendo del monto del proyecto. Los parlamentarios de la oposición que ingresaron los requerimientos sostienen que este mecanismo vulnera el carácter democrático de la República consagrado en el artículo 4° de la Constitución, al limitar la capacidad de decisión de los Congresos y Gobiernos que surjan de futuros procesos electorales. En su argumentación, advierten que aceptar esta fórmula equivaldría a permitir que una mayoría circunstancial declare inalterable una ley, bloqueando de facto la capacidad de las mayorías futuras para efectuar una modificación.
Blindaje tributario para las empresas y sus proyectos ambientales
El segundo gran eje de la impugnación apunta al blindaje fiscal diseñado para los proyectos ambientales. La megarreforma establece que el Fisco debe indemnizar a los titulares de iniciativas cuando una sentencia firme anule su Resolución de Calificación Ambiental, cubriendo los gastos directos e irrecuperables. La oposición tacha de inconstitucional esta propuesta y solicita al Tribunal Constitucional revisar los artículos 12 y 13 del proyecto, alegando que el mecanismo convierte la ilegalidad de una autorización administrativa en el punto de partida de una compensación, sin que la empresa beneficiada tenga que demostrar falta de servicio del Estado y con un tribunal arbitral que prácticamente se limitaría a fijar el monto de la reparación.
Para los parlamentarios, estas normas atentan directamente contra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el régimen constitucional de responsabilidad estatal.
La tercera acción que fue presentada por un grupo de parlamentarios, combina las objeciones planteadas en los dos requerimientos anteriores, según consignó Pauta.Cl.
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