La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) llevó la megarreforma económica-tributaria ante el Tribunal Constitucional, denunciando que el cuestionado proyecto impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, no solo afecta la estabilidad laboral de los funcionarios, sino que configura un peligroso traspaso de potestdes públicas a privados.
En su calidad de tercero independiente en la discusión de los requerimientos acumulados, el gremio busca instalar la perspectiva de quienes ejecutan diariamente la función estatal, advirtiendo que la denominada «ley de reconstrucción» (Boletín N° 18.216-05), podría desmantelar principios elementales del derecho administrativo y la equidad tributaria.
En la presentación presentada ante el TC, la ANEF —representada por su presidente nacional, José Pérez Debelli, junto al patrocinio del abogado Francisco Neira Reyes— delimitó tres ejes críticos donde el proyecto infringe la Constitución:
En primer lugar, el gremio critica el sistema indemnizatorio vinculado a la anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), señalando que introduce un trato discriminatorio y deja en desventaja a los trabajadores del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esta fórmula, según argumentan, excluye injustificadamente a estos funcionarios de la acción de repetición general contemplada en la ley N° 18.575, lo que implica una vulneración al debido proceso y una sustracción de competencias a los tribunales ordinarios para dirimir la responsabilidad del Estado.
Otro de los reparos de la ANEF se centra en la invariabilidad tributaria y amarre presupuestario, contenida en el artículo 29 de la iniciativa que fue aprobada y despachada por el Congreso la semana pasada.
En concreto, la agrupación advierte que el régimen propuesto «genera tratos diferenciados basados exclusivamente en el monto de inversión, intentando constituir en los hechos un «derecho de propiedad» sobre la legislación» y a la par «limita inconstitucionalmente la potestad legislativa en futuras discusiones presupuestarias», dejando la solución de controversias en manos de los propios inversionistas.
El punto más álgido de la impugnación radica en la privatización de potestades públicas, con la delegación de funciones fiscalizadoras en entes privados pagados por el mismo sujeto a evaluar, una medida que la ANEF califica como una ruptura del principio de neutralidad estatal.
La agrupación sostiene que esta figura, al permitir que particulares asuman labores de control ambiental, vulnera los artículos 8°, 24 y 38 de la Constitución, desdibujando las barreras entre el interés público y el privado y otorgando potestades decisorias a quienes carecen de investidura oficial.
Desde la directiva nacional subrayaron que su intervención es una defensa institucional: «Nuestra intervención busca aportar una perspectiva institucional indispensables desde la función pública. Nos preocupa la entrega de potestades decisorias a entes privados, las anomalías presupuestarias que esto generará y, muy especialmente, la discriminación y desprotección a la que se expone a las y los funcionarios del Estado», afirmaron.
Finalmente, el petitorio del gremio incluye la solicitud para que su presidente, José Pérez Debelli, pueda exponer personalmente sus argumentos ante los ministros del TC durante las audiencias públicas.
Con esta acción, la ANEF no solo cuestiona aspectos técnicos de la reforma, sino que plantea un debate de fondo sobre el rol del Estado y la preservación de sus potestades esenciales frente a la avanzada privatizadora que, denuncian, contiene el proyecto gubernamental.
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