¿Estado 51 o botín petrolero? Trump insiste con la anexión de Venezuela

El inquilino de la Casa Blanca ha manifestado en varias oportunidades que está “pensando seriamente” el anexar a Venezuela como un estado más de los Estados Unidos; y además ha publicado el mapa venezolano sombreado con la bandera del país norteamericano

¿Estado 51 o botín petrolero? Trump insiste con la anexión de Venezuela

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha vuelto a encender la mecha de la controversia al referirse a la anexión de Venezuela como el «estado 51» del país norteamericano.

En una nueva publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario de ultraderecha compartió un mapa del territorio venezolano teñido con los colores de la bandera de las barras y las estrellas. Esta provocación no constituye una declaración aislada, sino la continuidad de una retórica que busca posicionar a la nación caribeña no como un socio o aliado soberano, sino como una extensión territorial bajo el control de Washington.

Foto: Captura de pantalla | Truth Social

Este tipo de mensajes no son nuevos en el discurso de Trump, quien ha mantenido una línea constante de hostilidad y dominación hacia el país sudamericano. Desde el secuestro del presidente constitucional de Venezuela. Nicolás Maduro, durante una operación militar perpetrada en Caracas el pasado 3 de enero, el inquilino de la Casa Blanca ha intensificado su narrativa intervencionista.

En declaraciones ofrecidas a la cadena Fox News, el pasado 12 de mayo mandatario ya había manifestado que «considera seriamente» la anexión, justificando esta medida en la necesidad de garantizar una transición política «segura» mientras se asegura el control de las enormes reservas de crudo venezolanas para las empresas estadounidenses, estimadas en alrededor de 303.000 millones de barriles.

En mayo, Trump también Venezuela como el “51º estado” de Estados Unidos en una publicación en redes sociales en la que no añadió ningún texto adicional, más allá de ese lema superpuesto sobre un mapa donde la República Bolivariana aparecía coloreada con la bandera estadounidense.

Esta obsesión expansionista no es un caso aislado, sino que se suma a sus anteriores intenciones de comprar Groenlandia por razones de seguridad nacional o incluso de integrar a Canadá como un estado más, evidenciando una visión geopolítica que prioriza la apropiación de recursos naturales y energéticos sobre el respeto a la soberanía de las otras naciones.

«Ganamos Venezuela, que ahora está trabajando con nosotros para producir millones y millones de barriles de petróleo Si sumamos nuestro petróleo y el de Venezuela, tenemos alrededor del 62 % del mercado petrolero mundial», afirmó, resaltando la importancia geopolítica del dominio sobre el crudo del país caribeño.

Delcy Rodríguez: «El pueblo venezolano siempre va a defender su independencia«

Frente a estas constantes provocaciones, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha alzado la voz para defender la integridad territorial del país caribeño. 

En una entrevista reciente con la plataforma RAV Español, Rodríguez calificó la propuesta de Trump como «incorrecta» y recordó que la historia venezolana está forjada en la lucha por la independencia.

«El pueblo venezolano siempre va a defender su independencia, la integridad territorial y en su conjunto a Venezuela», enfatizó la mandataria interina, dejando claro que la soberanía no es negociable y que la nación tiene más de dos siglos de historia que la respaldan. Su mensaje no solo es un rechazo político, sino un llamado a la memoria histórica de un país que se constituyó a partir de la ruptura con el imperio español.

Venezuela: ¿Estado 51 o botín petrolero?

Pero, desde el punto de vista jurídico, ¿es realmente posible que Venezuela se convierta en un estado de EE.UU.? La respuesta, según la Constitución estadounidense, es que el camino es tan complejo como políticamente inviable. La Cláusula de Nuevos Estados (Artículo IV, Sección 3) establece que el primer paso ineludible para cualquier anexión es la extinción de la soberanía extranjera, lo que requeriría que el gobierno venezolano firme un Tratado de Cesión.

Dicho acuerdo tendría que ser ratificado por dos tercios del Senado estadounidense, un umbral legislativo altísimo en un clima político polarizado. Aunque el Congreso podría optar por una Resolución Conjunta de Anexión (como se hizo con Texas en 1845) con mayoría simple, la premisa de que Caracas acepte voluntariamente su desaparición como nación soberana es, en la práctica, una ficción jurídica.

Superada esa barrera inicial, el proceso de transición sería un laberinto administrativo que implicaría convertir a Venezuela en un «territorio organizado» de EE.UU. Durante esa fase, el Congreso norteamericano debería aprobar una Ley Orgánica que especifique cómo se aplica la Constitución en esa región y otorgue la ciudadanía a sus residentes.

Posteriormente, se exigiría un referéndum democrático donde los propios venezolanos aprueben la medida, seguido de una petición formal al Congreso, consignó El Clarín.

La aprobación de una Ley Habilitante para redactar una constitución estatal y, finalmente, una Ley de Admisión con mayoría simple en ambas cámaras, son pasos que hacen que este escenario sea una utopía legal. Analistas del Servicio de Investigación del Congreso coinciden en que, sin el consentimiento explícito del pueblo y las legislaturas involucradas, la anexión es «legalmente implausible».

Trump admite que EE. UU. «toma billones de dólares» de Venezuela

Mientras Trump celebra el flujo de petróleo y alardea que Estado Unidos, «está tomando mucho dinero, billones y billones de dólares de Venezuela» y que los ingresos obtenidos por la venta de petróleo venezolano ya superan en 50 veces el costo de la incursión militar que él mismo ordenó. , la realidad jurídica y política se impone sobre sus deseos expansionistas.

 La resistencia internacional, la negativa rotunda del gobierno venezolano y las intrincadas barreras constitucionales convierten la idea del «estado 51» en una asipración geopolítica. 

Lo que subyace en este discurso no es una aspiración democrática, sino una codicia evidente por las reservas de crudo del país caribeño fundador de OPEP.

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