Por Verónica Aravena Vega
Un abogado defensor tiene un trabajo preciso. Le resta credibilidad a la acusación, siembra dudas sobre los testigos, achica el delito hasta volverlo discutible y cuando puede, saca a su cliente. Fernando Rabat hizo exactamente eso durante años en el estudio Rodríguez, Vergara y Compañía, la oficina de Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad. Defendió a Augusto Pinochet en el Caso Riggs y en los litigios de la Operación Colombo. Integró el equipo que pidió a la Corte Suprema anular el decomiso de cinco millones de dólares y las propiedades del dictador, el dinero que Lucía Hiriart se resistía a devolver. Desde marzo ocupa un escritorio nuevo y ejerce como ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Kast lo eligió justamente por ese pasado. La credencial que a cualquier otro gobierno le habría pesado, a este le sirve. Desde el ministerio, Rabat dispone del aparato del Estado para hacer lo que antes hacía por minuta. El Gobierno no reivindica la dictadura en voz alta, eso quedó para los aniversarios. Desarma, con paciencia de oficinista, la maquinaria que Chile tardó treinta años en construir para que los crímenes de la dictadura no quedaran impunes.
Callar a quien acusa es la primera diligencia de cualquier defensa y Rabat ya la tiene redactada. Su anteproyecto le quita al Instituto Nacional de Derechos Humanos la facultad de presentar querellas y lo devuelve a un papel consultivo. Lo justifica con los Principios de París, como si Naciones Unidas hubiera pedido silenciar a los organismos que vigilan al Estado. Lo que está haciendo este proyecto de ley que le amputa la querella y le cambia la composición al consejo, es quitarle poder al que fiscaliza. El propio Rabat lo dejó claro cuando explicó la reforma: el INDH «tiene absolutamente un tinte de izquierda y eso hay que corregirlo». Días después, cuando la frase le estalló, la cambió por un manso «los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha». La segunda versión es para la prensa. La primera es la que se está redactando en ley.
Con el acusador en silencio, toca la prueba. En septiembre encontraron viva en Argentina a Bernarda Vera, militante del MIR que figuraba como detenida desaparecida desde 1973. Había huido, vivió en Suecia bajo protección y hoy reside al otro lado de la cordillera por voluntad propia. Un caso extraordinario, reconstruido por una investigadora del Plan Nacional de Búsqueda que Boric creó en 2023. Rabat lo presentó como un logro de su gobierno, habló de siete a doce casos parecidos que nadie ha visto y ordenó auditar la nómina completa de las 1.469 víctimas para determinar que «no contenga errores». De paso, instruyó perseguir la devolución de las pensiones que la familia de Vera recibió durante décadas. Auditar una lista donde apareció un error suena sensato y en eso está la trampa. Corregir un nombre es una cosa. Poner los mil cuatrocientos sesenta y nueve bajo sospecha, mientras se infla el número de dudosos y se les cobra a los deudos, es otra. Si un dato de la lista falla, toda la lista queda en entredicho. No hace falta negar a los desaparecidos. Basta con insinuar que quizá algunos estén tomando mate en Mendoza.
Después está la escena. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que revierte la expropiación de Colonia Dignidad. En ese predio, en una bodega de papas y en un galpón que la DINA usó como cuartel, la secta de Paul Schäfer torturó gente, abusó de niños durante años e hizo desaparecer prisioneros cuyos restos todavía se buscan. El terreno iba a convertirse en sitio de memoria, como los campos nazis que Alemania conserva abiertos para que nadie pueda decir después que no sabía. Poduje lo frenó alegando el recorte del 3% que Kast pidió a cada ministerio y zanjó que «el Ministerio de Vivienda no hace memoriales». El predio se queda en manos de los herederos de los jerarcas. El lugar que obligaba a mirar queda cerrado con candado y un candado es una forma barata de olvido.
Queda el cliente. En su primera cuenta pública Kast no anunció indultos, pero recordó que «la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar». En Punta Peuco esperan casi treinta solicitudes de condenados por lesa humanidad. Entre ellos está Miguel Krassnoff, agente de la DINA con más de mil años de condena, a quien Kast visitó en prisión, de quien recibió un libro de su puño y sobre quien dijo, mirándolo, que no creía todo lo que se dice de él. La cárcel especial que Boric había convertido en recinto común volverá a apartar a los torturadores del resto de los presos.
El país queda con más policía y menos testigos, una ecuación que la historia reciente de Chile ya conoce y que la vez pasada no terminó bien.
Ninguna de estas decisiones nombra a Pinochet y por eso funcionan. No hay que imaginar una lealtad secreta ni una orden que baje desde ninguna parte. El resultado es el mismo que produciría una defensa pagada: el que acusa pierde la voz, la prueba queda en duda, la escena se borra y el condenado espera su salida. Un Estado que conserva intactas las palabras justicia, memoria y derechos humanos mientras les vacía la función por dentro. Negacionismo sin negar nada, la versión más eficaz, porque no deja consigna que rebatir ni frase que recortar en un titular.
Lo más corrosivo es la duda sembrada sobre los muertos. Mientras hubo una lista, la carga de la prueba pesaba sobre el Estado que los hizo desaparecer. Revisarla en busca de errores da vuelta ese peso y ahora son las familias las que deben demostrar de nuevo que su desaparecido existió y no anda vivo por ahí. Cada nombre pasa a ser una hipótesis. El horror deja de ser un hecho probado y vuelve a ser materia opinable, el único terreno donde un abogado defensor se mueve tranquilo.
Nada de esto sería tan grave si no ocurriera mientras el mismo gobierno amplía sus facultades policiales y de vigilancia en nombre de la seguridad. Se le saca el filtro al organismo que documenta los abusos del Estado en el momento justo en que ese Estado se dota de más capacidad para cometerlos. El país queda con más policía y menos testigos, una ecuación que la historia reciente de Chile ya conoce y que la vez pasada no terminó bien.
Lo que se pierde no se nota enseguida y ese es el peligro. No hay tanques en la calle ni un decreto que derogue la memoria, solo un abogado prolijo firmando papeles con letra chica. Para un niño que entra hoy a primero básico, que la dictadura torturó y desapareció gente será una opinión más, cierta o falsa según quién gobierne ese año. La memoria era la baranda que vuelve improbable la repetición y lo que Rabat afloja de a poco, sin ruido, no vuelve a apretarse solo.
Mientras tanto, el cliente Pinochet lleva casi veinte años muerto. El abogado todavía le está ganando el caso.
Por Verónica Aravena Vega
Doctora en Estudios de Género y Política. Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y género. Máster en Recursos humanos. Máster en Psicología Social/organizacional. En Instagram
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