Por Damaris Astete Marchant, trabajadora social, candidata al Comité Central Nacional del Frente amplio, dirigenta social territorial y vocera de Ukamau Valparaíso
El fútbol amateur es mucho más que 90 minutos y una pelota rodando en una cancha. En cientos de barrios de nuestro país es encuentro, organización, identidad y memoria. Es el lugar donde niñas y niños juegan o acompañan a sus familias, donde generaciones completas se encuentran cada fin de semana y donde dirigentes y dirigentas sostienen clubes muchas veces con esfuerzo voluntario y pocos recursos.
Por eso, la aprobación en general de la denominada Ley Nico Vidal por parte de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, constituye una señal importante. Su aprobación unánime demuestra, además, que proteger el fútbol amateur puede y debe ser una tarea transversal.
Este proyecto nace desde una tragedia que nunca debió ocurrir. El 1 de marzo de este año, Nicolás Vidal Faúndez, jugador del Club Estrella Roja de Valparaíso, padre, trabajador portuario y vecino del Cerro San Juan de Dios, perdió la vida en medio de hechos de violencia ocurridos durante la Copa de Campeones en San Antonio.
Desde ese dolor, su familia y el club decidieron transformar la pérdida en organización y demanda colectiva: que ninguna familia tenga que vivir nuevamente algo semejante por acompañar a sus hijos, familiares o amigos a una cancha.
Pero reducir la Ley Nico Vidal solamente a una respuesta frente a un hecho de violencia sería no comprender la profundidad de lo que está en discusión.
El proyecto propone algo que Chile tenía pendiente: reconocer al fútbol amateur como una actividad de interés público, valorando su función social, comunitaria y preventiva. También busca avanzar en estándares mínimos de seguridad, protocolos para enfrentar situaciones de riesgo, prevención de la violencia, transparencia y responsabilidades claras para quienes organizan las competencias.
Y esta distinción es fundamental. No podemos trasladar mecánicamente al fútbol amateur las mismas reglas diseñadas para el fútbol profesional o para cualquier evento masivo.
Un club de barrio no es una sociedad anónima deportiva. Muchas veces son sus propios socios y socias quienes venden entradas, marcan la cancha, organizan las series infantiles, consiguen transporte y mantienen funcionando sus sedes. Regular esta realidad exige conocerla y, sobre todo, no terminar castigando económicamente a quienes la sostienen.
Por eso ha sido importante escuchar durante la discusión legislativa a clubes, asociaciones, municipios, organizaciones del fútbol rural, autoridades deportivas, organismos de seguridad y, especialmente, a la familia de Nicolás.
El desafío ahora, durante la discusión en particular, será recoger esas experiencias y encontrar los mecanismos que permitan hacer exigible la seguridad sin hacer imposible la existencia de los clubes.
Responsabilidad del Estado
El Estado también debe asumir responsabilidades. No podemos pedir protocolos, infraestructura, capacitación y condiciones de seguridad si dejamos nuevamente solos a los clubes y a sus dirigentes para financiarlos e implementarlos.
La seguridad del fútbol amateur requiere coordinación entre asociaciones, municipios, instituciones deportivas, organismos públicos y comunidades.
También necesitamos hablar de prevención. La violencia no comienza cuando alguien entra a una cancha con un arma. Se construye antes, cuando normalizamos las amenazas, las agresiones, la intolerancia frente al rival o la idea de que insultar y golpear forman parte inevitable del fútbol.
Por eso esta ley también abre una oportunidad educativa. Necesitamos recuperar la cancha como un espacio donde niñas, niños y jóvenes aprendan convivencia, respeto, solidaridad y vida comunitaria. Ese es, quizás, el desafío más profundo que deja la historia de Nico Vidal. Que su nombre no quede asociado únicamente a la tragedia que terminó con su vida, sino también a la capacidad de una familia y de una comunidad de transformar el dolor en una propuesta para todo Chile.
La aprobación en general es un paso importante, pero todavía queda camino. Ahora corresponde mejorar el proyecto, escuchar a quienes viven el fútbol amateur desde Arica a Magallanes y construir una legislación que comprenda sus enormes diferencias territoriales.
Porque proteger el fútbol amateur no significa llenar las canchas de restricciones ni alejar a las familias. Significa exactamente lo contrario: crear las condiciones para que puedan volver a ser espacios seguros de encuentro. Que una madre pueda llevar tranquila a sus hijos. Que un niño pueda alentar a su club. Que un dirigente pueda organizar un campeonato sin sentirse abandonado frente a situaciones de violencia.
Que los equipos puedan encontrarse como rivales durante 90 minutos y seguir reconociéndose como vecinos cuando termina el partido.
La pelota no se mancha y cuidar esa pelota, esa cancha y su gente, en definitiva, también es hacer comunidad y un mejor Chile.
Damaris Astete Marchant
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