Por Bárbara Astudillo Delgado
Cada cierto tiempo reaparece una idea tan peligrosa como equivocada: que la mejor manera de fortalecer la seguridad pública consiste en debilitar las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.
Las recientes declaraciones del senador Arturo Squella y del diputado Sebastián Zamora, proponiendo el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por considerar que actúa contra Carabineros, no solo desconocen el mandato legal del organismo. También revelan una comprensión incompleta del funcionamiento de un Estado democrático y del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La existencia del INDH no responde a una preferencia ideológica. Es consecuencia de obligaciones que Chile ha asumido voluntariamente al ratificar tratados internacionales y al reconocer que la dignidad humana requiere instituciones independientes capaces de supervisar el ejercicio del poder estatal.
En democracia, el monopolio legítimo del uso de la fuerza exige controles igualmente legítimos.
Las policías poseen facultades extraordinarias que ningún ciudadano tiene: detener, registrar, restringir la libertad y emplear la fuerza en determinadas circunstancias. Precisamente por ello, el derecho internacional exige mecanismos independientes que supervisen ese poder. No para obstaculizarlo, sino para garantizar que se ejerza conforme a la ley.
Presentar la fiscalización como una persecución constituye una falsa dicotomía. No existe contradicción entre apoyar a las policías y exigir que actúen respetando los derechos humanos. Por el contrario, una policía sometida a controles independientes fortalece su legitimidad institucional y la confianza ciudadana.
Cuando el INDH interpone una querella no condena a nadie. Activa el sistema judicial para que sea un tribunal independiente quien determine si existió o no una vulneración de derechos. Si finalmente un funcionario resulta absuelto, ello demuestra precisamente que existe debido proceso y que las garantías judiciales funcionan.
La independencia institucional nunca es cómoda para quienes ejercen el poder. Esa es justamente su razón de existir.
Pretender eliminar al organismo porque algunos casos terminan sin condena equivaldría a sostener que deberían desaparecer el Ministerio Público cada vez que un imputado resulta absuelto, o los tribunales porque dictan fallos que no satisfacen a un sector político.
Ese razonamiento es incompatible con el Estado de Derecho.
Más aún, los Institutos Nacionales de Derechos Humanos existen bajo los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas, que establecen que estos organismos deben ser independientes del poder político precisamente para poder supervisar la actuación del propio Estado.
La independencia institucional nunca es cómoda para quienes ejercen el poder. Esa es justamente su razón de existir.
La reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada conjuntamente por Chile y Colombia, entrega un mensaje particularmente relevante para este debate. La Corte afirma que la democracia no puede comprenderse sin garantías efectivas de acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y protección de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Asimismo, reafirma que los Estados tienen una obligación reforzada de prevenir actos de intimidación, amenazas, criminalización y represalias contra personas defensoras y de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar esos derechos.
La Corte recuerda además que la crisis climática y la protección de los derechos humanos requieren una democracia ambiental robusta, basada en instituciones independientes capaces de generar confianza pública y garantizar la rendición de cuentas. Debilitar los mecanismos de control no solo afecta los derechos individuales; compromete la capacidad democrática del Estado para responder a desafíos complejos y proteger a las generaciones presentes y futuras.
Este estándar no se limita al ámbito ambiental. Representa una evolución del Sistema Interamericano hacia una concepción donde democracia, transparencia, participación y protección institucional forman parte de un mismo entramado jurídico.
Por ello resulta contradictorio que, mientras Chile impulsó junto a Colombia una de las opiniones consultivas más importantes de la historia reciente de la Corte Interamericana, existan voces que pretendan desmantelar una de las instituciones nacionales llamadas precisamente a garantizar esos estándares.
…el INDH no existe para defender delincuentes ni para perseguir policías. Existe para defender el principio más importante de una democracia: que ningún poder público está por encima de la ley.
La experiencia internacional demuestra que los países que debilitan sus organismos de derechos humanos no fortalecen sus democracias. Lo que aumenta es la desconfianza institucional, la impunidad y la polarización.
Las personas defensoras de derechos humanos conocemos bien ese camino. Primero se desacredita a las instituciones independientes. Luego se cuestiona a quienes denuncian abusos. Finalmente se instala la idea de que el control democrático constituye un obstáculo para gobernar.
Es un patrón conocido en distintos lugares del mundo.
Los derechos humanos nunca han sido un privilegio para quienes piensan igual que nosotros. Existen precisamente para proteger a todas las personas cuando el poder puede exceder sus límites.
Por eso el INDH no existe para defender delincuentes ni para perseguir policías. Existe para defender el principio más importante de una democracia: que ningún poder público está por encima de la ley.
Cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos no haría a Chile un país más seguro. Lo haría un país con menos controles, menos garantías y una democracia más débil.
Y cuando una democracia comienza a eliminar las instituciones que fiscalizan al poder, la pregunta ya no es quién pierde hoy. La verdadera pregunta es quién quedará protegido mañana.
Por Bárbara Astudillo Delgado
Defensora de Derechos Humanos y Ambientales
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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