El nombramiento de la abogada Trinidad Zegers para coordinar la reactivación de la Reforma Procesal Civil ha generado una fuerte reacción en la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), que advirtió que una iniciativa de tal envergadura, estancada en el Congreso por más de una década, requiere de un conocimiento profundo del sistema judicial que la profesional, no poseería,
A través de una declaración pública, la agrupación cuestionó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la designación y planteó que el desarrollo de esta iniciativa que busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil de 1903, tendrá un impacto directo en la organización del trabajo, las cargas laborales, los sistemas de gestión de los tribunales y, en definitiva, en el acceso de la ciudadanía a la justicia. Por ello, estiman que una transformación de esta naturaleza exige «rigurosidad técnica, experiencia, conocimiento profundo del funcionamiento de los tribunales y una efectiva participación de quienes diariamente sostienen el sistema de justicia».
La OTJ enfatizó que la reforma no puede ser diseñada fuera de los tribunales y que los funcionarios judiciales no pueden ser considerados meros receptores de un proceso que desconozca la realidad cotidiana de la justicia civil .
Las informaciones públicas indican que Zegers, quien juró como abogada en abril del presente año, se incorporó ese mismo mes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como asesora. Su trayectoria profesional previa incluye pasos por estudios de abogados y la Corporación de Asistencia Judicial, así como un rol de vicepresidenta en el centro de estudiantes de Derecho de la Universidad Católica . Según el ministro de Justicia Fernando Rabat, quien fue el encargado de efectuar el polémico nombramiento, la labor de Zegers será de coordinación y gestión administrativa, mientras que las definiciones sustantivas de la reforma continuarán radicadas en las autoridades y equipos técnicos de la cartera
Aunque la OTJ valora esta aclaración, señaló que esta no elimina el problema de fondo, ya que una reforma estructural del sistema de justicia civil «requiere que todas las responsabilidades relevantes, tales como, técnicas, políticas, administrativas y de coordinación, sean asignadas con criterios transparentes y atendiendo a la experiencia y competencias necesarias para la función encomendada»
En el texto, la agrupación aclaró que su preocupación no constituye un cuestionamiento personal hacia la profesional designada y planteó que el problema es de índole institucional.
«La responsabilidad de determinar quiénes conducen, coordinan e implementan una transformación de esta importancia corresponde al Ministerio de Justicia, y es esa decisión la que debe poder ser explicada y justificada ante la ciudadanía y ante quienes formamos parte del sistema de justicia», indicó.
A través de la declaración compartida en sus redes sociales, la OTJ insistió en que las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial no pueden ser considerados simples destinatarios de una reforma diseñada desde fuera de los tribunales, ya que son quienes conocen directamente el funcionamiento cotidiano de la justicia civil: «sus dificultades, cargas de trabajo, problemas de gestión, fortalezas y limitaciones».
«Cualquier reforma que aspire seriamente a mejorar la justicia debe incorporar esa experiencia desde su diseño y no únicamente cuando llegue el momento de implementarla», enfatizó.
Transparencia, conocimientos y participación son claves para la reforma
Ante este escenario, la organización planteó una serie de solicitudes al Ministerio de Justicia entre las que figuran la necesidad de transparentar las funciones, responsabilidades y atribuciones de quienes tendrán a su cargo la coordinación, conducción técnica e implementación de la reforma.
Según la OTJ, resulta imperativo garantizar que las responsabilidades técnicas y estratégicas sean ejercidas por equipos con experiencia y conocimientos suficientes en materia procesal civil, gestión judicial e implementación de reformas al sistema de justicia. Paralelamente, se debe establecer mecanismos formales de participación de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial durante la discusión, diseño e implementación de la reforma, pues son ellos quienes conocen la realidad operativa diaria y cuya legitimidad y compromiso son indispensables para el éxito de cualquier transformación estructural.
Finalmente, una reforma de esta envergadura no puede omitir sus impactos más profundos, por lo que se debe incorporar tempranamente al debate las consecuencias organizacionales y laborales que producirá el nuevo modelo procesal, incluyendo dotaciones, cargas de trabajo, capacitación, infraestructura y sistemas tecnológicos. En este sentido, es ineludible dar a conocer una planificación seria de implementación, que permita evitar que las deficiencias de diseño o la insuficiencia de recursos terminen siendo soportadas por los funcionarios judiciales y, finalmente, por las personas que recurren a los tribunales.
«La experiencia de quienes trabajan en los tribunales debe ser escuchada»
A juicio de la organización, este proceso que busca destrabar y reactivar una de las modernizaciones pendientes dentro del sistema judicial, «constituye una oportunidad que no debe desaprovecharse», sin embargo, precisamente por su importancia, «requiere experiencia, diálogo, transparencia y participación».
«Modernizar la justicia civil no consiste solamente en aprobar un nuevo Código Procesal. Significa construir un sistema capaz de funcionar en la realidad. Y para hacerlo correctamente, la experiencia de quienes trabajan todos los días en los tribunales debe ser escuchada«, cerró la OTJ.
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