Ante la decisión de la administración de José Antonio Kast de poner fin al financiamiento del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, los expertos advierten que, bajo el argumento de la austeridad, el mandatario de ultraderecha está vulnerando la Ley de Prensa.
La polémica se originó luego que la Secretaría General de Gobierno (Segegob) suspendió el convenio con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) que sostenía este mecanismo creado para generar estudios independientes sobre la propiedad de los medios, la cobertura electoral y el fenómeno de la desinformación en el ecosistema digital.
A la par desde La Moneda decidieron dejar fuera a las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales de las áreas prioritarias definidas para el concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027.
La gestión de Kast justificó ambas medidas en la necesidad de optimizar el gasto público, citando la Circular N.° 12 del Ministerio de Hacienda que ordena un ajuste fiscal. Sin embargo, para la comunidad de investigadores, esta explicación es una cortina de humo que oculta un profundo sesgo ideológico contra el pensamiento crítico.
El núcleo del conflicto jurídico radica en la posible vulneración del artículo 4 de la Ley de Prensa (N.° 19.733) , el cual establece de manera explícita que la Ley de Presupuestos debe contemplar recursos anuales para estos estudios, administrados mediante concurso público por la ANID.
«La ley de prensa establece una obligación. Se está vulnerando esa ley porque no se están destinando esos recursos para su propósito» , acusó Laureano Checa, presidente de la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile) y académico de la Universidad de Chile.
El experto cuestionó la ligereza con que se ha manejado el asunto, señalando que un simple oficio administrativo no puede dejar sin efecto una ley de la República. «Lo que procedería acá y lo que esperamos es que en algún momento la Contraloría se pronuncie respecto a qué es lo que pasa con el incumplimiento de una ley por parte del Ejecutivo» , planteó Checa.
Este punto de vista es respaldado por un frente amplio de juristas y académicos, entre los que figuran María José Labrador (UDD), Sebastián Zárate (U. Autónoma), Pedro Anguita (U. de los Andes) y Claudia Mellado (PUCV). En una reciente publicación, los expertos fueron enfáticos al señalar que una instrucción de ajuste fiscal no puede estar por encima de una obligación legal permanente. «Si el Ejecutivo estima que este gasto público ya no se justifica, el camino institucional no es su término por vía administrativa, sino la modificación o derogación del artículo 4° de la Ley» , sostuvieron los juristas, quienes rechazaron una medida aplicada balo el paraguas de un ajuste fiscal justifique que no se aplique una obligación legal permanente, consignó Diario U. de Chile.
El riesgo de un Chile “ciego” frente a la concentración mediática
Más allá de la arista legal, la suspensión del Fondo de Pluralismo representa un golpe para la transparencia del sistema informativo. Durante años, estos recursos permitieron financiar investigaciones independientes que mapearon la propiedad de los medios, analizaron los consumos informativos en regiones y escudriñaron los patrones de desinformación en plataformas digitales. Sin este insumo, el país queda a oscuras ante la creciente concentración de la propiedad mediática.
«Si nosotros no estamos invirtiendo en investigar qué es lo que está sucediendo en estas materias (…) es muy difícil pensar que vaya a surgir esto desde otros lados en esos volúmenes» , reflexionó Checa
El académico fue claro al afirmar que esta decisión deja «ciego» al país frente a los poderes fácticos que controlan la narrativa pública, justo en un momento donde la desinformación amenaza la estabilidad democrática global.
Exclusión de las humanidades y ciencias sociales de los fondos de postdoctorado
El contexto se agrava al vincular este recorte con la exclusión de las humanidades y ciencias sociales de los fondos de postdoctorado. Checa interpretó esta doble decisión como un mensaje explícito de La Moneda sobre qué tipo de conocimiento es valioso para el país.
Esta percepción se vio reforzada cuando autoridades del Ministerio de Ciencia cuestionaron públicamente títulos de investigaciones humanistas, lo que gatilló episodios de hostigamiento digital contra los autores. «Un ministerio cuya misión es el desarrollar el conocimiento (…) al cuestionar una serie de investigaciones y exponer a los autores, está incumpliendo en su deber de resguardar la integridad de su capital humano» , denunció Checa.
Finalmente, los expertos advierten que esta política centralista también frena el desarrollo de las regiones. El diseño original del Fondo de Pluralismo priorizaba las investigaciones realizadas por universidades fuera de la capital, fomentando la descentralización del conocimiento. Checa lamentó la «pasividad por parte de los consejos regionales» ante los recortes y planteó que «el nivel ejecutivo central le está restando poder a los espacios regionales de toma de decisiones y no se ha visto una reacción al respecto».
Frente a este escenario de incertidumbre y retroceso, la comunidad académica ha decidido alzar la voz. Según consignó Diario U.de Chile, un centenar de investigadores y ciudadanos han extendido un convocatoria a entregar este miércoles 19 d agosto de una carta de protesta formal en el Ministerio de Ciencia, para exigir que las ciencias sociales, las artes y las humanidades sean incorporadas «en pie de igualdad» mediante un proceso transparente y participativo, frenando lo que consideran un retroceso autoritario en la política científica y comunicacional del país.
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